San Luis Beltrán, la ribera productiva que el puente Plato- Zambrano arruinó

La historia del corregimiento revela un patrón de obras ejecutadas sin respeto por el territorio. La erosión no solo se llevó las huertas campesinas, también socavó la confianza en un Estado que debía proteger el río y terminó abandonando a su gente.

Por: José D. Pacheco Martínez

Treinta años después de la inauguración del puente que une a Plato (Magdalena) con Zambrano (Bolívar), San Luis Beltrán, corregimiento de Tenerife, vive el costo oculto de una obra concebida para integrar la región pero que, en realidad, desató un despojo lento y persistente. Lo que para la ingeniería se celebró como una proeza de conectividad, para esta comunidad ribereña significó la pérdida progresiva de su territorio agrícola, el derrumbe de su economía campesina y una inacción institucional que hoy se mide en hectáreas de tierra fértil convertidas en agua.

Yo lo vi de cerca. Caminé las tierras de Eurípides Tettay, trepé los marañones y, con mi primo Joel, arranqué batatas en las parcelas de mi tío Raúl. También fui testigo de cómo Reinaldo de la Cruz, Eginaldo Hasbum, Mingo Barandica y Pedro Marte, junto a sus hijos, regresaban cargados de guayaba, plátano, yuca y hortalizas al atardecer. Esa escena de abundancia campesina se deshizo con los años: la ribera fue cediendo hasta tragarse parcelas completas, y lo que alguna vez fueron escrituras de tierra hoy son títulos flotantes sobre el río Magdalena.

El Estudio de Impacto Ambiental de 1994 y asociado a la obra en comento, no fue ingenuo: registró con claridad que el canal de navegación debía fijarse en la margen derecha del Magdalena, un diseño que inevitablemente concentraría la fuerza del caudal contra la ribera opuesta, precisamente donde se encuentran las parcelas de los agricultores de San Luis Beltrán y Zambrano (Bolívar). Ya entonces se advertía del riesgo de socavación en los estribos y se recomendaban obras de protección, pero las medidas quedaron en el papel.

Este puente se inauguró con sus 1.073 metros de longitud y 11,3 de ancho, sin que se ejecutara un plan integral de seguimiento ni de mitigación hidráulica. La ingeniería calculó concreto y acero, pero ignoró que el río, al ser desviado en sus flujos, desataría un proceso de erosión que se volvería imparable.

Años después, investigaciones académicas y diagnósticos institucionales confirmaron lo que los campesinos ya sufrían: la ribera opuesta seguía desmoronándose porque nunca se hicieron las obras correctivas. Un trabajo investigativo desde la facultad de Geología de la Universidad del Norte, por ejemplo, advirtió sobre los efectos negativos del puente en las dinámicas fluviales, corroborando que la decisión de canalizar el tránsito por una margen aumentó la presión hidráulica en la zona donde aún resisten algunas parcelas de los campesinos de San Luis Beltrán.

Más recientemente, planes de desarrollo municipal y documentos técnicos reconocieron la necesidad de defensas ribereñas y enrocados para contener la erosión, pero las soluciones siguen aplazadas. En otras palabras: el Estado sabía, y a pesar de ello dejó que la ribera siguiera cediendo, año tras año, hasta arruinar la vida de más de 50 familias campesinas.

Las consecuencias sociales han sido devastadoras: San Luis Beltrán perdió cerca del 80 % de su dinámica comercial agrícola. Los compradores de Plato, Bosconia, Bucaramanga y El Banco dejaron de venir porque no había qué cargar; los jornaleros que entraban a las huertas quedaron sin trabajo; la pesca artesanal se redujo, y con ella una fuente ancestral de subsistencia; el transporte fluvial se volvió inseguro, es decir, la erosión no arrasó únicamente con tierras productivas: desmontó el entramado económico y cultural que sostenía al corregimiento, expulsando jóvenes y condenando a las familias a una subsistencia precaria.

En el plano jurídico, el caso es tan evidente como doloroso. El artículo 79 de la Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano, y el 80 obliga al Estado a prevenir la degradación de los recursos naturales. Aquí no hubo prevención ni mitigación. La omisión sistemática de Invías, ANLA, Corpamag y Cormagdalena frente a los impactos del puente constituye un daño antijurídico: la afectación no proviene de un desastre natural imprevisible, sino de una obra pública cuyos efectos estaban previstos y documentados.

En esa misma línea, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado, en fallos como la T-606 de 2015, que los megaproyectos deben garantizar medidas de compensación y restauración para las comunidades afectadas. En San Luis Beltrán, esas medidas nunca llegaron. Este caso debe ser nombrado con todas sus letras: un despojo ambiental inducido, no por la violencia de las armas, sino por la combinación de ingeniería mal planificada y Estado omisivo.

No importa quién o que diga desde las instituciones del estado, el resultado es el mismo: campesinos sin tierra, escrituras vacías y un corregimiento reducido al silencio. Por eso esta columna no busca clausurar un relato, sino abrirlo.

Iniciaremos una investigación periodística de profundidad que documente los treinta años de erosión que han devastado a San Luis Beltrán, que recorra los archivos de estudios técnicos, licencias ambientales y contratos, y que recoja la voz de quienes vieron cómo el río se tragaba sus parcelas. No se trata solo de memoria: se trata de exigir reparación, de plantear medidas urgentes de protección ribereña y de devolver dignidad a un territorio condenado por la soberbia de una obra mal acompañada.

El puente sigue ahí, firme y transitado. Pero para San Luis Beltrán, la infraestructura no ha significado progreso, sino la ruina de su suelo y de su futuro. El verdadero puente que falta no es el de concreto: es el de justicia, el que una la memoria del despojo con la posibilidad de un mañana digno para una comunidad que ya no puede esperar más.