Fuerza Ciudadana: lapidada en los estrados, blindada en las urnas

Las sentencias judiciales han demolido a Fuerza Ciudadana no por persecución, sino por desconocer de manera reiterada las reglas de juego. Sin embargo, el movimiento conserva control electoral en el Magdalena y proyecta mantenerse como actor nacional en 2026.

EDITORIAL

Fuerza Ciudadana se presentó durante más de una década como un proyecto político distinto: regional en su origen, nacional en su ambición, épico en su relato. Se autoproclamó víctima de la hostilidad del sistema y convirtió la idea de persecución en el eje de su identidad. Pero la justicia electoral ha demostrado, con la frialdad de las sentencias, que detrás de cada derrota no hubo conjura, sino errores jurídicos, actos ilegales y una arrogancia política que los llevó a desconocer los límites normativos.

El primer aviso llegó en 2023. El Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción de Carmen Patricia Caicedo a la Alcaldía de Santa Marta, al considerar que su parentesco directo con el líder del movimiento configuraba un claro caso de inhabilidad. Lo que el caicedismo denunció como atropello no fue más que la aplicación estricta de las normas de transparencia electoral. El error no fue del sistema, sino de una estrategia que quiso forzar los límites en beneficio familiar.

Un año después, en marzo de 2024, la justicia electoral fue más lejos. El Consejo de Estado anuló la resolución que otorgaba personería jurídica a Fuerza Ciudadana, al comprobar que el movimiento no había superado el umbral del 3% en las legislativas de 2022. No hubo excepción ni interpretación extensiva posible: los precedentes que beneficiaron a Colombia Humana o al Nuevo Liberalismo no eran trasladables. El fallo puso al desnudo la ligereza con la que se pretendía construir un partido nacional sin cumplir los requisitos mínimos que la Constitución impone a todas las colectividades. Fue la segunda estocada: sin personería, se quedaron sin financiación, sin reposición de votos y sin reconocimiento institucional.

El golpe más severo llegó en mayo de 2025. El Consejo de Estado anuló la elección de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena al constatar, con videos aportados por OPINIÓN CARIBE, su participación en actos de doble militancia. No hubo persecución: hubo evidencia. Un dirigente que, mientras su movimiento tenía listas en contienda, respaldaba a candidatos de otro partido, quebrantando de manera abierta la lealtad partidaria que protege la democracia.

Ese fallo despojó al caicedismo de su mayor bastión territorial y dejó al descubierto que, en nombre de la conveniencia política, se habían cruzado líneas rojas que el ordenamiento jurídico no admite. El capítulo final, al menos por ahora, se escribió en Santa Marta. Tras la salida de Carmen Patricia, Fuerza Ciudadana apostó por Jorge Luis Agudelo. El conteo preliminar lo puso por encima de Carlos Pinedo, pero su inscripción se sostenía en una tutela que luego fue revocada. Más de 80.000 votos se convirtieron en “no marcados” al comprobarse que la inscripción fue extemporánea.

Hace poco más de una semana, el Consejo de Estado confirmó lo obvio: un proyecto que desprecia los plazos termina condenado por sus propios actos. El discurso del fraude se desmoronó frente a la contundencia de las reglas: la ilegalidad no se convierte en victoria, aunque se maquille con mayorías momentáneas. A este inventario judicial se suma un deterioro ético inocultable. Varios dirigentes que acompañaron al movimiento en sus inicios lo abandonaron denunciando nepotismo, malos tratos y enriquecimiento súbito en quienes llegaron al poder sin patrimonio y hoy ostentan fortunas.

El laboratorio democrático que se ofrecía como modelo terminó replicando los vicios más nocivos de la política tradicional: la concentración de poder en una familia, la instrumentalización de las instituciones y el uso del movimiento como vehículo patrimonialista. Lo que fue anunciado como un proyecto ético terminó reduciéndose a la lógica de un círculo cerrado de poder. Sin embargo, nada de esto ha quebrado su fuerza electoral. Esa es la paradoja: un movimiento demolido en los estrados, pero blindado en las urnas.

En el Magdalena, Fuerza Ciudadana sigue siendo la primera fuerza política. La narrativa de la persecución, aunque desmentida por las sentencias, funciona como cemento simbólico frente a un electorado que se siente representado en la resistencia frente a las élites tradicionales. En las elecciones atípicas de Gobernación, su triunfo parece asegurado, y en las próximas regionales ya proyecta recuperar la Alcaldía de Santa Marta y sostener la Gobernación.

Más aún: el caudal de votos lo convierte en actor nacional. Con cerca de 600.000 sufragios en una consulta, Carlos Caicedo podría convertirse en fórmula vicepresidencial del candidato que respalde Gustavo Petro en 2026. Así, lo que sobrevive del proyecto no es un partido con personería ni un movimiento éticamente incólume, sino un capital electoral disciplinado, capaz de traducirse en influencia en el ajedrez político nacional.

La enseñanza es inequívoca: Fuerza Ciudadana no fue demolida por persecución, sino por la reiterada arrogancia de desafiar las reglas. Y aun así, en la calle mantiene una fuerza que no se explica solo por maquinaria, sino también por la falta de contrapesos en el escenario local. La tensión entre legitimidad jurídica y legitimidad política es un espejo de la fragilidad democrática del país: donde el voto se convierte en blindaje frente a la ley y donde la ética termina subordinada a la eficacia electoral.

Sin embargo, la democracia, exige más que urnas y más que expedientes. Exige ética pública. Si Fuerza Ciudadana quiere ser actor nacional, deberá comprender que sin respeto a las reglas ni transparencia ética el poder se convierte en espejismo: puede acumular votos, pero no construye legitimidad duradera.

Posdata

El Magdalena navega entre dos realidades: un movimiento hegemónico y una clase dirigente tradicional incapaz de renovarse. Los viejos liderazgos, enquistados en prácticas clientelistas, no han construido un proyecto alternativo sólido. Esa incapacidad es el mayor regalo para Carlos Caicedo, quien gobierna un territorio donde la oposición se reduce a rituales desgastados y a nombres que ya no despiertan entusiasmo ni credibilidad.

La debilidad de los rivales explica en parte la fortaleza del caicedismo. Mientras la justicia los acorrala, la dirigencia tradicional carece de imaginación política para ocupar los espacios que deja cada fallo. Prefieren aferrarse a notables apellidos y alianzas pasajeras, sin comprender que la ciudadanía ya no se moviliza por símbolos vacíos. Esa ceguera convierte al adversario en espectador y a Caicedo en árbitro único del tablero político.

Pero el monopolio de un movimiento no significa vitalidad democrática. Cuando el único proyecto con capacidad de mando reproduce vicios internos y la oposición tradicional se aferra a privilegios caducos, lo que queda es un círculo sin fin. El riesgo es que el electorado del Magdalena termine condenado a escoger entre la arrogancia del caicedismo y la inercia de una clase política anclada en el pasado.