Violencia instrumental contra mujeres y niñas en el Magdalena: el rostro más cruel del poder armado

Por: Norma Vera Salazar

En el Magdalena, la violencia no es un hecho nuevo. Lo que hoy vivimos parece un retorno a los tiempos más oscuros del paramilitarismo: gobernanzas armadas que imponen miedo, silencian territorios y se disputan el control de la vida cotidiana. En este escenario, las mujeres y las niñas se convierten en blanco preferente de la violencia instrumental que ejercen los grupos armados, una violencia que no solo elimina vidas, sino que busca enviar mensajes, someter comunidades y perpetuar el control social.

Las cifras son alarmantes. Solo en lo corrido de 2025, se han registrado 24 homicidios de mujeres —23 adultas y una niña de 3 años— distribuidos principalmente en Santa Marta (7), Ciénaga (4), Fundación (3), Zona Bananera (3), Aracataca (2), Pivijay (3), Puebloviejo (1) y San Sebastián de Buenavista (1). El mismo periodo de 2024 dejó 14 mujeres asesinadas. El salto no solo habla de un aumento, sino de una estrategia de violencia que se expande geográficamente: a Pivijay y San Sebastián, donde no había casos el año pasado, hoy ya llegó la muerte.

El Observatorio de Feminicidios confirma la tendencia: en 2024 se registraron 30 feminicidios consumados y 39 en grado de tentativa. En lo que va de 2025, los feminicidios ascienden a 21 y las tentativas a 29. Es decir, en apenas ocho meses ya se alcanzó el 70% de los asesinatos de mujeres del año anterior. La gran mayoría de las víctimas residían en zonas urbanas, lo que evidencia que la violencia de género se incrusta en los centros de poder económico y político. Como consecuencia de estos crímenes, al menos 26 niños y niñas quedaron huérfanos, herederos forzados de una guerra que no eligieron.

La violencia en el hogar también crece. La Policía Nacional reporta 852 casos de violencia intrafamiliar entre enero y mayo de 2025, un incremento del 18,5% frente al mismo periodo de 2024. El 79% de las víctimas son mujeres. Santa Marta concentra más del 70% de los casos (617), seguida de Fundación (44), Ciénaga (37), Aracataca y Zona Bananera (22 cada una), y Plato (19). La violencia intrafamiliar no es un asunto privado: es otra cara de la misma cultura que normaliza la subordinación y el control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres.

Estos datos muestran algo más que cifras: revelan un patrón de violencia instrumental contra mujeres y niñas, usado como mecanismo de intimidación y de disputa entre grupos armados. No es violencia “colateral”, sino estratégica: los cuerpos femeninos se convierten en campos de batalla.

El Magdalena, territorio de abundancia natural y cultural, vuelve a ser escenario de guerras horizontales que fragmentan la vida social y política. Pero es urgente reconocer que el costo más alto lo pagan las mujeres, quienes, en cada asesinato, feminicidio o acto de violencia intrafamiliar, ven reducido su margen de autonomía y dignidad.

La respuesta del Estado no puede limitarse al registro de estadísticas. Se necesitan políticas integrales de prevención, protección efectiva de las víctimas y acciones contundentes frente a los grupos armados que instrumentalizan la violencia de género como herramienta de poder. De lo contrario, el departamento seguirá atrapado en un ciclo de terror donde las mujeres, una vez más, son el blanco más vulnerable y silenciado