No son disidentes, son persistentes

Nombrar como “disidencias” a bandas criminales que nunca firmaron la paz es concederles un estatus que no tienen. La memoria del conflicto no se construye con eufemismos, sino con rigor y responsabilidad ética.

EDITORIAL

Durante años, Colombia aprendió a sobrevivir a la guerra nombrándola. Le puso apodos al miedo, siglas al enemigo, eufemismos al dolor. Y sin embargo, hoy parece haber olvidado que el lenguaje no solo describe los hechos: también los interpreta, los excusa, los perpetúa.

En los noticieros, en los debates parlamentarios y en comunicados oficiales se repite sin pausa una fórmula que merece revisión: “disidencias de las FARC”. Una expresión que, más que explicar, confunde. Porque quienes hoy secuestran, extorsionan y trafican cocaína bajo ese rótulo no son una escisión política de la antigua guerrilla, sino la persistencia armada de sus peores prácticas, ahora sin agenda ideológica, sin proceso de paz, sin compromiso alguno con la legalidad.

A diferencia de lo que muchos sugieren, estas estructuras no representan una ruptura con el legado de la firma del Acuerdo en 2016, sino más bien su negación. No son disidentes: son desertores del proceso de paz. En muchos casos, ni siquiera hicieron parte de los diálogos de La Habana. Se mantuvieron al margen, protegidos en corredores cocaleros o en alianzas criminales, esperando que la marea bajara. Algunos, como Jesús Santrich e Iván Márquez, sí firmaron, sí se posesionaron, y luego eligieron volver a las armas. Pero incluso en ellos hay una verdad incómoda: al reincidir, confirmaron que el problema no era el acuerdo, sino la voluntad de quienes nunca quisieron cumplirlo.

¿Y los demás? ¿Los que siguen en el Congreso, en los espacios de reincorporación, en el silencio precario de quienes abandonaron la guerra y hoy crían tilapias, cultivan café o sobreviven en territorios abandonados por el Estado? Esos no disparan ni reclutan. Pueden generar escozor, sin duda. Su presencia en el Senado fue una concesión dura, una exigencia del realismo político que el país asumió con reservas, pero que forma parte de un pacto institucional refrendado en instancias nacionales e internacionales.

Confundir a unos con otros no es solo injusto. Es peligroso. Nombrar como “disidentes” a quienes nunca se comprometieron con el desarme —o lo traicionaron— es una forma de legitimar su accionar bajo el manto de una supuesta continuidad política. Como si portar el nombre de las FARC, aunque ya sin línea ideológica ni proceso verificable, les concediera un estatus distinto al de cualquier grupo narco-paramilitar. Como si su violencia fuera explicable por razones históricas, y no por codicia, poder o control territorial.

El problema no es semántico: es ético. Cuando los medios de comunicación insisten en hablar de “disidencias”, habilitan una zona gris que perjudica a todos. A las víctimas, que no saben si enfrentan una organización política o una mafia. Al Estado, que debe decidir entre negociar o reprimir. Y a la memoria colectiva, que corre el riesgo de asociar el fracaso del acuerdo con quienes sí entregaron las armas y no con los que jamás lo hicieron.

No se trata de defender al partido Comunes. Su trasegar institucional ha sido tímido, a veces ambiguo, y en muchos casos políticamente irrelevante. Pero su papel es verificable: están donde dijeron que estarían. No es ahí donde brota la violencia de hoy. Las estructuras armadas que se agrupan bajo nombres como “Estado Mayor Central” o “Segunda Marquetalia” no se inscriben en la lógica del cumplimiento parcial del acuerdo. Se inscriben en la lógica de la guerra perpetua. Viven del secuestro, del microtráfico, de las rentas ilegales. Su negocio no es la revolución, sino la economía del miedo. Y en ese sentido, no disienten: persisten.

El lenguaje, cuando no se revisa, se convierte en costumbre. Y la costumbre, en marco de sentido. Por eso es urgente que el periodismo, la academia y los líderes políticos abandonen el hábito de llamar “disidentes” a quienes solo replican el modelo criminal de las antiguas FARC sin haber hecho jamás parte de su transición hacia la legalidad. La historia del conflicto armado colombiano está plagada de confusiones que nos han costado vidas. Llamamos “autodefensas” a ejércitos del narcotráfico; “bacrim” a los herederos del paramilitarismo; “combates” a las masacres. Cada vez que elegimos un término cómodo para nombrar el horror, lo dejamos entrar por la puerta de atrás.

Llamar bien las cosas no va a detener las balas. Pero es el primer paso para no seguir fabricando excusas. Y Colombia, después de tantos años, no necesita más excusas: necesita claridad.