Avanzan acciones y decisiones judiciales claves para salvar la Ciénaga Grande

En una misma semana, el Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley para declarar de interés ambiental y turístico la Ciénaga Grande de Santa Marta, un juez ordenó medidas inmediatas para garantizar derechos fundamentales de las comunidades palafíticas y la Alcaldía de Sitionuevo declaró la calamidad pública. Las decisiones reflejan la magnitud de la emergencia que enfrenta el mayor complejo lagunar del Caribe colombiano.

Por: Arnol Sarmiento

La Ciénaga Grande de Santa Marta se ha convertido en el centro de una agenda nacional que busca frenar su deterioro y atender a las poblaciones que dependen de ella, que llevan décadas de abandono. En pocos días, tres decisiones de alto impacto marcaron un punto de quiebre: el Senado avanzó con un proyecto de ley que busca su protección integral, un fallo judicial ordenó respuestas inmediatas del Estado, y la administración local decretó la calamidad pública en varias poblaciones gravemente impactadas por el deterioro ambiental de la Ciénaga Grande.

Proyecto de ley en el Senado

La Comisión Quinta del Senado aprobó en primer debate el Proyecto de Ley N.° 025 de 2025, de autoría del senador Didier Lobo, que busca declarar a la Ciénaga Grande de Santa Marta zona de interés ambiental, turístico y ecológico, además de reconocer su potencial pesquero.

La iniciativa plantea restaurar flora, fauna y paisajes, fortalecer el ecoturismo y el turismo comunitario, apoyar a pescadores artesanales, impulsar proyectos productivos sostenibles y asegurar recursos estatales para su ejecución. Tras este primer paso, el proyecto deberá ser discutido en plenaria del Senado y luego en la Cámara de Representantes.

Fallo judicial

En paralelo, el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta falló a favor de una tutela interpuesta por el defensor de derechos humanos Andrés Gil, en la que se exigía protección a los derechos fundamentales de las comunidades palafíticas.

El juez ordenó que la Alcaldía de Sitionuevo, la Gobernación del Magdalena, el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) garanticen de inmediato el suministro de 50 litros diarios de agua potable a cada habitante, junto con tanques de 20 mil litros. Además, fijó plazos estrictos: seis meses para instalar un sistema de potabilización concertado con la comunidad y dos años para reactivar el proyecto de acueducto y alcantarillado CÓDSIGEVAS 1-2023-2, suspendido por omisiones administrativas.

El fallo también obliga al Ministerio de Ambiente a activar un plan integral contra la expansión de la planta invasora Hydrilla verticillata, mediante remoción manual y mecánica, control biológico y educación comunitaria. De igual forma, dispuso brigadas médicas, vacunación, suministro de medicamentos y un programa nutricional y psicosocial para la niñez. El cumplimiento deberá ser reportado en plazos de cinco días, y luego de manera periódica hasta por dos años, lo que marca un precedente en la defensa judicial de los derechos de estas comunidades.

Calamidad pública en Sitionuevo

De manera complementaria, la Alcaldía Municipal de Sitionuevo expidió el Decreto 271 de septiembre de 2025, mediante el cual declaró la calamidad pública en Nueva Venecia y Buenavista. La decisión se adoptó por los efectos de la proliferación de la Hydrilla verticillata, que ha deteriorado la salud pública, la pesca artesanal, la movilidad fluvial, el acceso a alimentos y la economía local.

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) trabaja en un Plan de Acción Específico que incluye medidas inmediatas de control ambiental, abastecimiento de agua, atención sanitaria y estrategias de recuperación económica para las comunidades.

Un esfuerzo multisectorial inaplazable

La coincidencia de estas acciones —legislativas, judiciales y administrativas— refleja la magnitud de la crisis que atraviesa la Ciénaga Grande de Santa Marta, reconocida internacionalmente como sitio Ramsar y reserva de biosfera de la UNESCO.

El avance del proyecto de ley en el Congreso abre una ruta estructural para articular recursos y garantizar una protección a largo plazo, mientras que el fallo judicial y la declaratoria de calamidad pública exigen respuestas inmediatas. En conjunto, estas medidas delinean un frente común para rescatar un ecosistema estratégico y garantizar los derechos de las comunidades que dependen de él.