El agente especial de la Essmar desmiente al Superservicios y confirma las cifras de OPINIÓN CARIBE

La intervención, que prometía sanear las finanzas de la empresa, ha duplicado su deuda en cuatro años, evidenciando un fracaso institucional que agrava la crisis de servicios públicos en la ciudad.

El pasado 2 de septiembre, en una sesión de la Comisión Quinta del Senado de la República, se llevó a cabo un debate de control político sobre la crisis de agua y saneamiento básico de la ciudad de Santa Marta. Aunque el foco inicial era ambiental, la discusión derivó en un análisis profundo del estado financiero de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito (Essmar), intervenida desde 2021 por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La sesión contó con la presencia del superintendente Felipe Durán y el agente especial de la Essmar, Edwin Parada Cabrera.

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Durante su intervención, el Superintendente recordó que la decisión de intervenir Essmar en 2021 se basó en deficiencias técnicas, administrativas y financieras que comprometían la continuidad, calidad y cobertura de servicios esenciales como acueducto, alcantarillado y aseo. En ese momento, la empresa presentaba un déficit de $62 mil millones. Sin embargo, el panorama era aún más crítico: la Essmar acumulaba $97 mil millones en pasivos, incluyendo cuentas por pagar, préstamos bancarios e impuestos pendientes.

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Cuatro años después, bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro y tras el paso de seis agentes interventores, la situación no ha mejorado. Por el contrario, ha empeorado. Según un informe de seguimiento del primer trimestre de 2025, obtenido por OPINIÓN CARIBE, los pasivos de la Essmar superan los $183 mil millones, casi el doble de lo registrado en 2021. El déficit actual, según el superintendente, asciende a $70 mil millones, cifra que él mismo calificó como “casi igual” a la de la fecha de intervención.

Ver informe del primer trimestre de la Essmar aquí

Ante la publicación de OPINIÓN CARIBE, donde se daban a conocer estas cifras, la Essmar emitió un comunicado en el que intentó “aclarar” la situación de la empresa, teniendo en cuenta “versiones difundidas por algunos medios que han divulgado información errada”. En el documento, la empresa asegura que el pasivo neto al corte más reciente es de $47.108 millones. No obstante, esta cifra excluye dos partidas contables que, aunque no se consideran exigibles, sí forman parte del pasivo total:

-56.908 millones de pesos en pasivos diferidos, correspondientes al recaudo del sistema de Alumbrado Público. Estos recursos serán trasladados al Distrito de Santa Marta una vez se completen los trámites administrativos.

-73.740 millones de pesos en pasivos comerciales, financieros y fiscales generados antes de la intervención, que actualmente no son exigibles de pago.

La suma de estas cifras confirma lo reportado por OPINIÓN CARIBE: el pasivo total ha aumentado, y el déficit también. Si en 2021 el pasivo de $97 mil millones fue razón suficiente para intervenir la empresa, el hecho de que hoy esa cifra haya crecido evidencia una intervención fallida por parte de la Superintendencia.

Para facilitar la comprensión ciudadana sobre los términos financieros utilizados en este debate, OPINIÓN CARIBE consultó a un especialista en administración pública. Según su explicación: el déficit es la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos totales. Si una entidad gasta más de lo que recauda, incurre en déficit. Es una señal de desequilibrio financiero que puede derivar en endeudamiento. El pasivo, por su parte, se refiere a las deudas o compromisos que una entidad ha asumido y que no ha podido pagar. En el sector público, para que una deuda sea considerada pasivo real, debe cumplir tres condiciones legales: ser cierta, clara y exigible.

El experto también aclaró que no existe una relación directa entre déficit y pasivo. Son conceptos distintos que reflejan diferentes aspectos del estado financiero de una entidad.

La intervención de Essmar fue presentada como una medida para sanear las finanzas y mejorar la prestación de servicios públicos en Santa Marta. Sin embargo, los datos actuales demuestran que no se ha logrado reducir la deuda ni el déficit. Por el contrario, se ha prolongado el problema, generando mayor incertidumbre sobre el futuro de la empresa y la calidad de los servicios que presta.

La ciudadanía merece respuestas claras y acciones efectivas. La contaminación en las playas, que motivó el debate en el Senado, es solo una manifestación visible de una crisis estructural que se agrava con el tiempo.

En el marco de la conmemoración de los 500 años de Santa Marta, el presidente Gustavo Petro anunció que devolverá la Essmar al Distrito el último día de su mandato, es decir, el 6 de agosto de 2026. No obstante, resulta crucial conocer en qué condiciones se hará dicha devolución: ¿con la empresa saneada, con una cobertura mejorada o con los problemas agravados?

Por ahora, la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha sido nefasta para la ciudad. Persisten fallos de tutela, pronunciamientos de la Corte Constitucional, y Santa Marta continúa lejos de contar con un servicio de agua potable y alcantarillado que responda a las expectativas ciudadanas y cumpla con los estándares establecidos en la Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios.