De planillas, clientelismo y la urgencia de custodiar lo público

Todos en el departamento ya intuyen la verdad: que la nómina se usa como herramienta de campaña y que los contratistas viven bajo el chantaje de la renovación. Lo que falta es que las instituciones hagan explícita esa verdad, la documenten y la sancionen. Solo entonces podrá avanzarse en un análisis ético profundo y en la reconstrucción de la confianza.

EDITORIAL

Cuando llegan a manos de la ciudadanía planillas en Excel que consignan nombres de funcionarios, contratistas y secretarios asignados como operarios electorales en municipios del Magdalena, no estamos ante un rumor, sino frente a una sospecha estructural que merece atención inmediata. No basta con denunciar lo evidente: es imprescindible exigir a los entes de control —Procuraduría, Fiscalía, Contraloría— que confirmen o desvirtúen la veracidad de esos documentos, para avanzar con rigor ético, institucional y jurídico.

Si, efectivamente, esos listados son ciertos, el daño es doble: corruptela política y desgaste institucional. Porque cuando cargos oficiales se asignan con trazo electoral y no técnico, la administración pública —que tiene como fines servir al bien común, garantizar derechos y proteger el interés general— queda secuestrada por agendas particulares. En esas planillas, la administración deja de ser servicio y pasa a ser herramienta.

Parte del entramado perverso opera con contratos de obra por servicios (OPS) de corta duración —por ejemplo, tres meses— como gancho. Luego la renovación depende de la “cooperación política gratuita”. En esos casos, el contratista queda sujeto al hambre institucional: si no milita o colabora con la campaña, no renuevan el contrato. Esa práctica, denunciada en territorios, constituye un mecanismo de sometimiento que debilita la independencia profesional, condena al trabajador a la subordinación política y perpetúa un ciclo de favores e inequidades.

Más allá del formato técnico, lo fundamental es lo ético. ¿Qué sentido tiene una administración si sus decisiones —recursos, personal, prioridades— obedecen a cuotas partidistas y no al interés colectivo? Una democracia no puede tolerar que la función pública se convierta en terreno de clientelismo. Si los entes de control fallan en confirmar o rechazar la autenticidad de esas planillas, están permitiendo que se disuelva la barrera entre lo público y lo partidario.

Pero si las verificaciones confirman su autenticidad, la respuesta institucional debe ser eficaz y contundente. En lo disciplinario, la Ley 1952 de 2019 exige sanciones graves cuando servidores infringen prohibiciones relativas a intervención política. En lo penal, podría abrirse investigación por usos indebidos de recursos públicos, peculado por uso o vínculos con la financiación de campañas. Y en auditoría fiscal, cada peso que pudo desviarse debe ser rastreado con rigor. No es opcional, es mandato de quienes tienen el deber de custodiar lo público.

Mientras se clarifica esa veracidad, la ciudadanía ya actúa con base en su experiencia: sabe que los trámites, los servicios y las decisiones están condicionados por lealtades invisibles. Pero no basta con saber: la comunidad exige transparencia real, rendición de cuentas clara y sanciones ejemplares si se confirma lo que las planillas sugieren. Porque el desgaste institucional se mide en la pérdida de credibilidad y en el empobrecimiento ético del sistema público.

Y frente a todo ese entramado, emerge una herida profunda sobre los jóvenes profesionales. En esas planillas hay nombres de contratistas que ingresaron con sueños: construir, aprender, servir. Pero su contrato trunca esa posibilidad: son atados a la lógica del favor. Tres meses de contrato, luego dos meses de “servicio gratuito” político; si no cooperan, no hay continuidad. Ese sistema aprieta moralmente, convierte vocaciones en armas electorales y consume la esperanza de quienes creyeron en la administración como espacio de dignidad, no de humillación.

Esas estructuras no solo degradan al Estado: degradan a la persona. Condenan al empleado público a depender de obediencia política para sobrevivir. Injertan en la ética del trabajo público la obediencia como medida de valor. Y en ese proceso se pierde la capacidad crítica, la autonomía, la pasión por servir. Porque quien debe rendir cuentas antes a un partido que a la comunidad está atrapado en contradicción permanente.

Pero aún hay margen para actuar con madurez institucional. Las autoridades deben iniciar con carácter urgente pasos de verificación forense: cotejar firmas, validar versiones de los supuestos involucrados, auditar rondas de gasto y movimientos administrativos. Deben proteger a quienes denuncien estas planillas y evitar represalias. Y, si se confirma su autenticidad, proceder con sanciones disciplinarias, procesos judiciales y recuperación de recursos desviados.

La pregunta que debemos plantearnos juntos es si toleraremos que la administración se deslice hacia la servidumbre partidista o defenderemos que el servicio público recupere su finalidad normativa: proteger derechos, distribuir oportunidades, garantizar el interés general. No se trata de un partido ni de una elección: se trata de preservar lo esencial del Estado frente al abuso del poder.

Y al final, todo debe leerse con esa vara decisiva: la función pública no es terreno de lealtades partidistas, sino de responsabilidades ciudadanas. Cuidar esa diferencia no es un acto retórico, es un acto de dignidad institucional. Que las planillas sean investigadas hoy es una exigencia moral, una obligación institucional y una prueba de que, ante la gravedad de los hechos, no sobra la justicia —solo el coraje para aplicarla.