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El fallido evento de la Gobernación del Magdalena en El Banco
Cancelaron clases, movilizaron trabajadores y familias para un evento político donde «los protagonistas» ni siquiera aparecieron.
Recientemente, en el municipio de El Banco, Magdalena, se vivió una escena que pone en tela de juicio el uso de recursos humanos en actos políticos. A los estudiantes de la institución Educativa Departamental Santa Teresa de Jesús, les cancelaron sus clases el martes 30 de septiembre, con el pretexto de asistir a la entrega oficial del colegio, un evento que prometía la presencia de los exgobernadores Carlos Caicedo y Rafael Martínez, y de la gobernadora (e) Ingris Padilla. Sin embargo, «los anfitriones» nunca llegaron.
La suspensión de clases, lejos de obedecer a una necesidad pedagógica o administrativa, tuvo como único objetivo aumentar la asistencia al evento, generar una imagen de respaldo popular y llenar las fotografías oficiales. Pero ni siquiera eso se logró. La ausencia de los líderes políticos dejó a los niños sin clases y a los asistentes sin acto. Lo que debía ser una jornada de celebración por la entrega de la infraestructura educativa se convirtió en una muestra de manipulación institucional.
Más grave aún fue la presunta presión ejercida sobre los contratistas del Hospital La Candelaria. En un audio que circuló entre empleados y que se hizo público, el gerente del hospital, Afranio Otero Maldonado, habría exigido la asistencia de los empleados al evento y advirtió sobre posibles consecuencias si se ausentaban. En el mensaje, Otero expresa su “preocupación” por la baja asistencia y solicita que los contratistas se acerquen al evento con sus familiares, de acuerdo con “la directriz que se les dio”.
El tono del audio es claro, pues no se trata de una invitación voluntaria, sino de una orden disfrazada de solicitud. “No quiero que se generen situaciones que después nos vaya a comprometer o a perjudicar a todos por el ausentismo de ustedes en el evento”, dice Otero, dejando claro que la asistencia no es opcional. Este tipo de presiones vulnera los derechos laborales, instrumentaliza a los trabajadores como masa de respaldo político y normaliza prácticas que deberían ser inadmisibles en una democracia.
La situación revela una preocupante tendencia en la administración pública de convertir los actos institucionales en vitrinas de propaganda, donde lo importante no es el contenido del evento, sino la cantidad de personas que lo rodean. Además, el hecho de que los mandatarios no se hayan presentado agrava la situación. ¿Qué sentido tiene movilizar estudiantes, trabajadores y familias si los protagonistas del evento ni siquiera cumplen con su parte? ¿Qué tipo de institucionalidad se construye cuando los funcionarios públicos se convierten en operadores de asistencia masiva?
Este episodio debería ser motivo de reflexión para las autoridades educativas, los entes de control y la ciudadanía en general, la educación no puede ser sacrificada en nombre de la imagen política. En lugar de fortalecer la confianza en las instituciones, lo ocurrido en El Banco deja una sensación de manipulación y falta de respeto con los estudiantes y trabajadores. La entrega de una escuela debería ser un acto de celebración comunitaria, no una operación de marketing político.
