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Así operó Aremca en el Magdalena: detalles del esquema contractual que investiga la Fiscalía
El paso de contratista a entidad ejecutora marcó un punto de inflexión en la operación de esta asociación en el departamento: entre 2009 y 2017 fue receptora de contratos; desde 2021 asumió el rol de contratante bajo esquemas asociados a regalías, manejando recursos por más de $50.000 millones. En ese tránsito, se consolidó un modelo basado en anticipos elevados, patrimonios autónomos y subcontratación de obras e interventorías. La reiteración de estos elementos en distintos municipios constituye hoy una de las claves para entender el alcance territorial del modelo.
Por: José D. Pacheco Martínez
El 15 de abril de 2026, en una operación coordinada por la Delegada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, se realizaron allanamientos simultáneos en Arauca, Barranquilla y Cantagallo, Bolívar. Las diligencias, apoyadas en interceptaciones, seguimientos y análisis de expedientes del Secop, dieron lugar a la imputación de nueve personas por su presunta participación en un entramado de contratación pública asociado a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca).
La investigación describe un esquema que habría operado en nueve departamentos —Magdalena, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca, Santander, Córdoba, Caldas y Casanare— a través de la suscripción de 101 contratos financiados, en buena parte, con recursos del sistema de regalías, por una cuantía que la Fiscalía estima en 496.000 millones de pesos. De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, la estructura se articulaba desde la Dirección Ejecutiva de Aremca y se extendía a las áreas de planeación, manejo presupuestal y supervisión contractual.
En distintos momentos, esa dirección fue ocupada por Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero y Gustavo Bolaño Pastrana, este último vinculado a la etapa inicial de operación de la entidad. Junto a ellos fueron imputados Rafael Flórez Franco, Liliana Urán Germán, Javier Ramírez Marzola, Luis Soto Caraballo, Andrés Sáez Miranda y Fredy Borelly Salazar. El delegado de la Fiscalía les atribuye delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares. En audiencias preliminares, ninguno aceptó los cargos y el proceso continúa en etapa de investigación formal.
En la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el mecanismo operativo partía de la designación de Aremca como entidad ejecutora mediante convenios interadministrativos, figura que permite la contratación directa entre entidades públicas. Una vez obtenida esa condición, la asociación adelantaba procesos de selección para subcontratar la ejecución de las obras, en los que —según la imputación— se realizaban invitaciones privadas dirigidas a un grupo determinado de oferentes.
Paralelamente, los contratos incorporaban esquemas de manejo de anticipos a través de patrimonios autónomos, con cláusulas que definían a la propia asociación como beneficiaria de los recursos y establecían porcentajes de desembolso que podían alcanzar hasta el 100% del valor contractual. En varios instrumentos, además, se consignó la renuncia de las entidades territoriales a las cláusulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993.
La figura asociativa como ejecutor: estructura y alcance operativo
Según documentos públicos y de registro, la Asociación Regional de Municipios del Caribe –Aremca (NIT 802.002.960-4) nació el 1 de noviembre de 1995 mediante escritura pública número 53 de la Notaría Única de Pedraza, con duración indefinida y naturaleza asociativa. Ese diseño, contemplado en la legislación colombiana, permite que varios municipios deleguen en una sola entidad la gestión de proyectos de interés común sin que ella deba inscribirse en el Registro Mercantil ni en el de entidades sin ánimo de lucro.
Así opera Aremca desde su domicilio en la carrera 49 N° 74-154, barrio América de Barranquilla: como una figura híbrida que, sin ser una empresa privada ni una alcaldía, está habilitada para contratar con el Estado gracias a su inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) –vigente desde el 6 de mayo de 2014 y renovada por última vez el 16 de abril de 2019– y que utiliza un correo electrónico con dominio `.gov.co´, reservado para entidades gubernamentales.
Su representante legal es una sola persona, a quien el certificado de Cámara de Comercio otorga facultades expresas: desde representar judicialmente la asociación hasta aprobar el presupuesto en ausencia de la junta directiva, pasando por nombrar y remover personal o adoptar los regímenes contable y contractual. Esa concentración de funciones responde a un modelo operativo en el que Aremca no ejecuta obras directamente. En lugar de desplegar maquinaria o cuadrillas propias, la asociación recibe recursos públicos transferidos por alcaldías y gobernaciones, estructura los procesos de selección, adjudica la ejecución a terceros y contrata la interventoría por separado.
Es, en esencia, como dijo un abogado experto en contratación pública consultado para esta nota, un intermediario que administra el ciclo completo del contrato sin poner un solo ladrillo o desplegar maquinarias en terreno. Los 154 contratos reportados en el certificado –expedido el 14 de enero de 2020 con información financiera a corte 31 de diciembre de 2018– reflejan esa vocación: Aremca actúa como único proponente en todos ellos (su porcentaje de participación es siempre 0,00%). Las entidades contratantes abarcan decenas de municipios de Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Sucre y Cesar, además de Invías, corporaciones autónomas regionales, la Gobernación del Atlántico, varias ESE hospitalarias y hasta otra asociación de municipios, Asomaroquia, de la Amazonía y Orinoquía.
Los objetos de esos contratos son reiterativos: pavimentación urbana y rural, optimización de acueductos, construcción de alcantarillados, control de inundaciones, adecuación de colegios y hospitales, instalaciones eléctricas, manejo de residuos sólidos y programas de estufas ecoeficientes. Una tipología homogénea, con variaciones en cuantía y alcance, que se repite municipio tras municipio. El documento en poder de esta redacción data de enero de 2020 y los 154 contratos son los declarados hasta esa fecha, por lo que la actividad real de Aremca hasta ahora podría ser mayor.
Detrás de esa operación hay una estructura financiera sólida. A diciembre de 2018 Aremca se clasificaba como mediana empresa con activos totales por $7.423 millones, de los cuales $6.617 millones eran corrientes. Su pasivo total alcanzaba los $2.486 millones, en su totalidad corriente, sin deuda a largo plazo y sin gastos por intereses (reportó cero pesos en ese rubro). El patrimonio llegaba a $4.936 millones, y la utilidad operacional a $617,4 millones. Los indicadores lo confirman: una liquidez de 2,66 (por cada peso que debía a corto plazo, disponía de dos pesos con sesenta y seis centavos), un endeudamiento de 0,33 (solo una tercera parte de sus activos estaba financiada con pasivos) y rentabilidades del 12,5% sobre el patrimonio y 8,3% sobre los activos.
Aremca se presenta así como una plataforma de ejecución regional con capacidad para canalizar recursos de decenas de municipios y desplegar contratación en múltiples territorios bajo un mismo esquema organizativo.
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El mapa financiero de Aremca en el Magdalena
Aunque el foco actual de la investigación penal se concentra en contratos ejecutados en el departamento de Arauca, los registros documentales muestran que la presencia de Aremca en procesos contractuales es por lo menos 15 años anterior a la captura de sus cabezas visibles y se extiende a otros territorios. En el Magdalena, por ejemplo, su rastro aparece de manera continua en expedientes que datan desde 2009, con convenios interadministrativos, contratos de obra pública y procesos de interventoría distribuidos en múltiples municipios.
Sobre el particular, los documentos disponibles en la plataforma Secop I muestran al menos 70 contratos de Aremca distribuidos en más de 15 municipios. La suma de esos contratos asciende a 47.607 millones de pesos; los municipios con mayor número de contratos son San Zenón (16 contratos), Zapayán (14), Guamal (10) y San Sebastián de Buenavista (9). El rango de montos más frecuente entre los contratos es el de 100 a 500 millones de pesos, con 32 contratos en ese tramo. Los contratos de mayor valor se ubican en la franja de 2.000 a 15.000 millones de pesos.
Los elementos que dan cuenta de los contratos permiten dividir la relación de Aremca con el Magdalena en dos fases. La primera, abarca de 2009 a 2017. En ese período, la empresa actúa como contratista: durante ese periodo, las alcaldías de San Zenón, Zapayán, Guamal y San Sebastián de Buenavista contrataron a la asociación al amparo de la Ley 1150, que permite la contratación directa entre entidades estatales. Los objetos o necesidades por satisfacer incluyen pavimentos rígidos, acueductos, alcantarillados y plantas de tratamiento. Entre los años 2017 y 2020 desaparece de los registros contractuales casi que por completo, para aparecer con bastante fuerza y ritmo de 2021 a 2024.
En esta segunda fase, Aremca figura como entidad contratante, registrada desde su domicilio en Barranquilla, bajo régimen especial que permite su delegación como ejecutora de dineros producto de las regalías. En esta fase se firmaron al menos 60 contratos y la asociación pasó de ser contratista a contratante. La tipología de los objetos también cambia: entre 2021 y 2022 predominan las obras civiles: pavimentos, alcantarillados, mitigación de inundaciones. Entre 2023 y 2024, los contratos incluyen objetos como estufas ecoeficientes, materiales didácticos, educación ambiental y herramientas TIC.
Desagregado por municipio y demostrado por los registros documentales del Secop I, se tiene que, en Guamal, entre junio y noviembre de 2023, se suscriben seis contratos que suman 5.332 millones de pesos. El 27 de junio de 2023 se firma el primero (CO-SMC 004-2023) por 3.241 millones para pavimento en concreto rígido. La cláusula quinta de ese negocio jurídico estableció un anticipo del 50% y dispone que los recursos se manejen mediante patrimonio autónomo con la asociación contratante como beneficiaria. El 28 de junio de ese mismo año, se suscribe la interventoría (ITR CD 005 de 2023) por 129,1 millones de pesos. El 12 de septiembre de 2023 se suscribe otro contrato (CO-SMC 028 de 2023) por 1.532 millones para el mismo fin, con interventoría por 77,2 millones de pesos. Finalmente, el gran total lo completa otro contrato (CO-SMEC 049 de 2023) por 319,6 millones para estufas ecoeficientes.
Otro de los municipios donde se ejecutaron obras relacionadas con adecuación de vías urbanas con pavimento, fue Pedraza, donde se invirtieron en adoquines en el corregimiento de Bahía Honda 1.904 millones. Replicando el esquema financiero de Guamal, el anticipo es del 50%, asimismo, se destinaron 307 millones para estufas ecoeficientes. En El Retén el rastro de Aremca suma 2.465 millones producto de cuatro contratos, el primero, un Convenio Interadministrativo por 238 millones; el segundo, uno de la misma naturaleza por 494 millones de pesos para mantenimiento vial; y el tercero, se refiere a obras para mitigación de inundaciones por 1.800 millones con interventoría.
En Nueva Granada, el 24 de noviembre de 2021 se firmó el contrato SMC 002 de 2021 por 1.961 millones para la ejecución del alcantarillado y una planta de tratamiento en el corregimiento de Las Tinas, en este negocio jurídico, figura como contratista el Consorcio Alcantarillado Aremca 2021, representado legalmente por Manuel Guerra Farelo. Uno de los registros más antiguos de esta empresa en el circuito de contratación del Magdalena es el Convenio Interadministrativo 001-2009 con la Alcaldía de Chibolo, por un monto de 132 millones para infraestructura educativa. Dos años después, en ese mismo municipio, ejecutó el Contrato de Obra Pública 009-2011 por 900, cuyo objeto era el mejoramiento de la vía Chibolo–La Pola.
Ciénaga también figura entre las entidades territoriales del Magdalena que contrataron con Aremca. Los registros en las plataformas del Estado informan que resultó ganador de la Licitación Pública 001 de 2015 por 3.836 millones de pesos para construir la tercera etapa del mercado público. En 2017, más de una década después de su constitución la empresa recibía votos ciegos de confianza, como el estudio previo de la Secretaría de Planeación de Sabanas de San Ángel que recomienda la suscripción directa de un contrato por 2.198 millones, cuyo fin era la recuperación de la infraestructura vial de ese municipio.
Por último, es importante destacar que, en San Zenón, entre 2009 y 2011, los contratos con Aremca suman 2.645 millones de pesos e incluyen plantas de tratamiento, electrificación rural y pavimento, mientras que, en Concordia, figura uno de los últimos rastros: el contrato CD 019-2024 por 1.357 millones de para dotación de ambientes de aprendizaje.
Posdata: una arquitectura contractual en revisión
La reconstrucción documental de la operación de Aremca en el Magdalena, leída a la luz de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, permite identificar una arquitectura contractual que se repite en distintos municipios y periodos, con variaciones de cuantía, pero con una lógica estructural consistente. Ese diseño parte de la utilización de convenios interadministrativos para designar a la asociación como ejecutora de recursos públicos —en muchos casos provenientes del Sistema General de Regalías— y continúa con la subcontratación de obras e interventorías a terceros mediante modalidades de contratación directa o procesos de invitación privada.
Uno de los componentes más relevantes de esa estructura aparece en la Cláusula Séptima de varios convenios suscritos entre 2016 y 2017, en municipios como El Retén, Ariguaní y Sabanas de San Ángel. En esos documentos se establece expresamente que el municipio prescinde de las cláusulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993. En términos jurídicos, esto implica la renuncia a las facultades de interpretación, modificación y terminación unilateral del contrato, herramientas concebidas para proteger el interés público frente a escenarios de incumplimiento o ejecución deficiente. Su exclusión no es ilegal en convenios interadministrativos, pero sí redefine el equilibrio de poder contractual y limita la capacidad de reacción de las entidades territoriales.
A esta configuración se suma el manejo del anticipo como eje financiero. En contratos celebrados en municipios como Chibolo, Guamal, Pedraza o Nueva Granada, se observa el giro inmediato de hasta el 50% del valor contractual —e incluso porcentajes superiores— asociado a la constitución de patrimonios autónomos. En varios de estos casos, la propia Aremca figura como beneficiaria de la fiducia, lo que implica que la entidad que estructura y adjudica los contratos mantiene, simultáneamente, una posición relevante en la administración de los recursos. Este diseño se reproduce tanto en los convenios interadministrativos como en los subcontratos de obra pública.
En paralelo, la revisión del Secop evidencia la recurrencia de determinados contratistas y estructuras empresariales. Firmas como Constructora Arsec SAS, Constructora Brokas SAS, el Consorcio Alcantarillado Aremca 2021, los consorcios vinculados a Karen Stephany Ortiz Amaris y la Fundación Desarrollo Colombia – Fundecol.co aparecen en distintos procesos adjudicados en municipios como Guamal, Santa Ana, Nueva Granada, Concordia o El Piñón. En algunos casos, estas adjudicaciones se producen en lapsos cercanos, bajo esquemas de selección similares.
Asimismo, el esquema de interventoría presenta características comparables: contratos adjudicados mediante contratación directa a entidades como la Fundación Expectativas de Vida o el Consorcio Interventoría Retén, sin evidencia pública de procesos competitivos amplios. Dentro de este conjunto de hallazgos, también se identifican coincidencias documentales específicas, como el uso de un mismo correo electrónico (constructoraarsec@gmail.com) por parte de la empresa ejecutora y la firma interventora en el caso de Guamal.
Este tipo de coincidencias no constituye, por sí sola, una prueba de irregularidad, pero se incorpora como un elemento adicional dentro del análisis de patrones contractuales. Si se quiere, en su conjunto, estos elementos —renuncia a facultades excepcionales, manejo de anticipos mediante fiducias con beneficiarios coincidentes, recurrencia de contratistas, simultaneidad de adjudicaciones, modalidades de selección utilizadas y coincidencias en información de contacto— configuran un esquema que ha sido descrito por la Fiscalía como objeto de investigación en varios departamentos del país.
Finalmente, es oportuno señalar que este texto se limita a exponer esos hechos verificables y las estructuras identificadas en los documentos públicos, sin afirmar la existencia de conductas ilícitas ni atribuir responsabilidades individuales. Cualquier conclusión en torno a posibles actos de corrupción corresponde exclusivamente a las autoridades competentes, en el marco de los procesos judiciales en curso y con plena garantía del debido proceso.
Vea audiencias sobre este caso: https://www.youtube.com/watch?v=7m2Pbdvcr5A&list=PLnZIPgXPo9iFyqmbxHZVQGNmvyfqZt9Ua
