Nación
Consejo de Estado frena decreto que redistribuía afiliados a EPS y evita traslado masivo a Nueva EPS
Una nueva tensión se abre en el sistema de salud colombiano. El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto 0182 de 2026, con el que el Gobierno nacional buscaba reorganizar la distribución de afiliados entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS), una medida que implicaba el traslado de millones de usuarios en todo el país.
La decisión fue revelada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien cuestionó con dureza el alcance del decreto, especialmente por el impacto que tendría sobre la Nueva EPS, actualmente intervenida por el propio Gobierno y señalada por múltiples fallas en la prestación del servicio.
El decreto planteaba establecer límites en la cantidad de afiliados que cada EPS puede manejar, de acuerdo con la capacidad de los territorios. Bajo ese esquema, más de seis millones de usuarios serían redistribuidos en el sistema, de los cuales cerca de 2,6 millones terminarían en la Nueva EPS.
El punto crítico radica en que esta entidad ya enfrenta una carga significativa. De haberse ejecutado la medida, habría alcanzado cerca de 14,2 millones de afiliados, consolidándose como la más grande del país, en medio de cuestionamientos por demoras en atención, escasez de medicamentos y debilidades financieras.
Miranda advirtió que la decisión del Gobierno ignoraba las alertas existentes sobre el funcionamiento de esta EPS. Según sostuvo, la entidad no solo está bajo intervención estatal, sino que además arrastra denuncias por presuntas fallas en la entrega oportuna de tratamientos, incluso en casos que han terminado en fallecimientos.
En paralelo, el Tribunal Administrativo de Antioquia ya había ordenado la suspensión del traslado de aproximadamente 2,6 millones de usuarios hacia la Nueva EPS, anticipando los riesgos de una sobrecarga en el sistema.
El decreto también contemplaba que la Nueva EPS asumiera operación exclusiva en 116 municipios distribuidos en departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Santander, Nariño, Bolívar y Tolima, lo que profundizaba la preocupación sobre su capacidad real de respuesta en territorios con históricas brechas en salud.
