Del buzón al calabozo

Una decisión del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Santa Marta sancionó a la secretaria de Planeación Distrital, Patricia Lucía Caicedo Lafaurie, a tres días de arresto y multa, por desacatar una orden judicial. El proceso se originó en una petición ciudadana sin respuesta y relacionada con el proyecto Reserva del Mar, en Puerto Gaira.

Por: José D. Pacheco Martínez

El proyecto Reserva del Mar, promovido por la Constructora AR en Puerto Gaira con más de 400 apartamentos proyectados, levantó inquietudes entre los residentes del sector desde comienzos de 2024. La obra, de alto impacto en una zona costera con problemas históricos de abastecimiento hídrico, fue objeto de una solicitud formal. Seis ciudadanos pidieron a la Secretaría de Planeación acceso a los documentos que avalan su legalidad urbanística y técnica, a saber: información sobre la altura autorizada, la densidad admitida, el porcentaje de área construible, el impacto vial previsto y la disponibilidad de servicios públicos básicos. Nunca recibieron respuesta.

Tras agotar los mecanismos administrativos, interpusieron una acción de tutela y el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas les dio la razón, ordenando al funcionario responsable entregar los archivos requeridos. La entidad no acreditó cumplimiento dentro del plazo y como resultado, el juez constitucional declaró en desacato a la secretaria Patricia Lucía Caicedo y le impuso una sanción de tres días de arresto.

El argumento judicial fue preciso: omitir el traslado vulnera el derecho fundamental de petición y quebranta el principio de publicidad. Este caso no se trata de una persecución personal ni de una interpretación subjetiva de la ley, pues, el expediente revela una cadena de omisiones institucionales. La Alcaldía remitió la petición a otras dependencias, pero ninguna respondió con oportunidad ni certeza y así, lo que debía resolverse con un archivo abierto terminó en una medida judicial. El costo de esa demora lo asume la institucionalidad: pierde credibilidad.

Mientras esto ocurría, la Superintendencia de Servicios Públicos alertó sobre prácticas fraudulentas en Santa Marta: terceros estarían ofreciendo certificados de disponibilidad de servicios esenciales sin respaldo técnico. La Essmar, obligada por ley a emitir esos documentos, no desmintió el comunicado, pero tampoco ofreció claridad sobre los procedimientos internos.

Aunque no hay pruebas de relación directa entre estos hechos y el proyecto en Puerto Gaira, la alerta agrava el contexto: existe un entorno de opacidad que favorece la desconfianza ciudadana. La sanción judicial tampoco alude a ilegalidad del proyecto, pero sí deja al descubierto una debilidad estructural: la falta de trazabilidad en decisiones que afectan directamente a las comunidades y en temas de planeación urbana, no basta con firmar actos administrativos, es indispensable que puedan ser conocidos, leídos y evaluados por quien habita el territorio.

Así las cosas, como bien lo advierten los accionantes, cada nuevo edificio no solo transforma el paisaje, sino que también pone a prueba la capacidad del Estado para garantizar servicios, mitigar impactos y proyectar ordenamiento. Cuando el acceso a la información es limitado, el control social se vuelve imposible.

Aquí la justicia actuó no como obstáculo al desarrollo, sino como defensa del principio de transparencia. Santa Marta vive un auge inmobiliario sin precedentes, pero también enfrenta tensiones ambientales, presiones sobre el suelo y fragilidad en la infraestructura básica. En ese escenario, la articulación entre Planeación, Dadsa, Essmar e Infraestructura debería ser automática, pero, no lo es. El ciudadano que intenta entender cómo se autoriza una torre en su barrio encuentra puertas cerradas, respuestas tardías o remisiones sin contenido.

El episodio de la sanción no define una culpabilidad penal, pero sí deja una advertencia institucional: la transparencia no se mide por discursos, sino por archivos disponibles y la facilidad para acceder a ellos sin tener que llegar al desacato. Cada funcionario, más allá del cargo que ocupe, debe responder a tiempo, con rigor técnico y con conciencia del impacto de sus actos, porque estamos claros que la omisión también es una forma de decisión, y sus efectos son verificables.

No hay avance verdadero cuando el acceso a la verdad es visto como amenaza, tampoco hay planificación legítima cuando los proyectos se ocultan tras trámites ni gobernanza sólida si el ciudadano debe acudir a un juez para saber qué ocurre en su barrio.