Departamento
Contraloría interviene la Gobernación por presunto desvío de recursos hacia campaña política
La entidad activó su grupo anticorrupción y realizará inspecciones en la Secretaría de Hacienda y en la Tesorería, tras una denuncia que señala un posible uso de recursos públicos y presiones a funcionarios para favorecer actividades proselitistas.
Por: Arnol Sarmiento
La Contraloría General del Magdalena activó su Grupo Anticorrupción de Reacción Inmediata (GARI) e intervino las oficinas de la Secretaría de Hacienda y la Tesorería Departamental, en medio de una investigación por un presunto desvío de recursos públicos para favorecer actividades proselitistas.
Según el comunicado oficial, la actuación tiene como objetivo verificar si dineros departamentales habrían sido utilizados para cancelar derechos ante la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) relacionados con los actos musicales del cierre de campaña de la candidata a la Gobernación del Magdalena, María Margarita Guerra Zúñiga, realizado el pasado 16 de noviembre en Ciénaga. Como evidencia inicial, los denunciantes aportaron la autorización No. SYC-936733, expedida por SAYCO a nombre de la Gobernación del Magdalena.
La investigación se abrió tras una denuncia anónima que también fue remitida a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, en la que se advierte un posible uso indebido de recursos públicos para fines políticos.
Señalamientos por presunta presión laboral
La denuncia incluye además la descripción de un ambiente interno de presunta presión laboral. De acuerdo con el documento, algunos jefes de oficina y secretarios de despacho habrían exigido a contratistas y empleados asistir a eventos políticos, lo que configuraría participación indebida en política y uso irregular de la función pública.
Acciones iniciales del Grupo Anticorrupción
El GARI adelanta actuaciones preliminares con funciones de Policía Judicial, entre ellas la revisión y validación de los documentos aportados, la solicitud de información oficial a la Gobernación y a los presuntos involucrados, así como un análisis técnico-administrativo para establecer si existió daño al patrimonio público del Departamento.
La Contraloría confirmó que, una vez concluido este proceso, determinará los responsables y las posibles acciones fiscales correspondientes.
