Durante el gobierno de Rafael Martínez, el Fondo Mixto Sierra Nevada ejecutó proyectos por más de $351.000 millones (1era entrega)

Una relación documental revisada por este medio identifica iniciativas en el departamento del Magdalena por más de $351.000 millones, distribuidas entre carreteras, educación, salud, gestión del riesgo e infraestructura urbana. La captura de sus principales responsables y la investigación anunciada por la Fiscalía ponen ahora ese modelo bajo revisión.

Por: Unidad Investigativa OPINIÓN CARIBE

La historia de este escándalo en el departamento del Magdalena no comienza con las capturas anunciadas por la Fiscalía, sino mucho antes, en los actos administrativos mediante los cuales la Gobernación, gestionada entonces por Rafael Alejandro Martínez, aprobó proyectos de inversión y, posteriormente, designó al Fondo Mixto Sierra Nevada como entidad ejecutora. En esa decisión estaba el primer eslabón de una arquitectura contractual que permitía trasladar a una misma organización la responsabilidad de desarrollar proyectos financiados con recursos públicos.

Una relación de iniciativas revisada por este medio reúne proyectos que superan los $351.000 millones. No se trata de una sola obra ni de un sector específico, el listado comprende corredores viales, instituciones educativas, hospitales, obras de mitigación, infraestructura urbana, saneamiento, escenarios deportivos y programas sociales. La distribución territorial alcanza buena parte del Magdalena y coloca al Fondo Mixto Sierra Nevada en el centro de una porción significativa de la inversión departamental financiada con regalías.

En este punto, la dimensión económica es apenas el primer dato disparador. Lo que interesa y deben establecer los órganos competentes es cómo se produjo esa concentración, bajo qué actos administrativos se efectuaron las designaciones y, sobre todo, qué ocurrió después de que el Fondo Mixto Sierra Nevada recibió la condición de ejecutor. Porque entre la aprobación de un proyecto y la terminación de una obra existe una extensa cadena contractual que todavía debe ser reconstruida.

Carreteras, hospitales, colegios y obras de mitigación

El mayor volumen de recursos está concentrado en infraestructura vial. Allí aparecen algunos de los proyectos de mayor cuantía de la relación, entre ellos el intercambiador vial La Piragua, en Santa Marta, por aproximadamente $46.514 millones; las vías urbanas de la capital, por $36.779 millones, y la vía Carreto–Caño de Aguas, en Zapayán, con cerca de $34.573 millones.

A esa lista se suman corredores como Fundación–Pivijay, Pivijay–La Retirada, Menchiquejo–K21/El Banco–Chimichagua y La Gran Vía–Orihueca, además de intervenciones urbanas y rurales en Guamal, Santa Ana, Tenerife y Nueva Granada. La característica común es que todos hacen parte de una cartera en la que el Fondo Mixto Sierra Nevada aparece como ejecutor designado.

La educación constituye otro de los componentes relevantes. El listado incorpora la sede universitaria subregional Centro Cambia de Ciénaga, programas de tecnologías digitales para estudiantes de educación superior, infraestructura educativa en Pueblo Viejo y Zona Bananera, así como iniciativas relacionadas con alfabetización y Centros Cambia. Son inversiones que muestran que la operación del Fondo Mixto Sierra Nevada no estuvo restringida a un único tipo de infraestructura.

En salud aparecen proyectos para hospitales de Plato, Pijiño del Carmen, San Zenón y El Retén, además de obras complementarias e infraestructura energética. Entre las inversiones de mayor valor figura la subestación eléctrica del Hospital Fray Luis de León de Plato, por aproximadamente $9.426 millones, y un proyecto de energía solar fotovoltaica para el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche.

Hay, además, una bolsa considerable destinada a la gestión del riesgo. Dos proyectos relacionados con la atención de puntos críticos asociados a variaciones extremas de precipitaciones representan conjuntamente unos $35.000 millones. A ellos se agregan proyectos de infraestructura urbana, saneamiento, deporte, ambiente y participación ciudadana, lo que amplía el radio de acción del Fondo Mixto Sierra Nevada sobre recursos destinados a distintos sectores.

En el mapa territorial aparecen Santa Marta, Plato, El Banco, Pivijay, Guamal, Santa Ana, Zona Bananera, Tenerife, Ciénaga, Pueblo Viejo, Zapayán, Nueva Granada y El Retén, entre otros territorios. Santa Marta concentra algunas de las obras individuales más costosas, pero el patrón de distribución muestra que el mecanismo tuvo alcance departamental y no estuvo circunscrito a la capital.

La cifra, sin embargo, debe leerse con precisión desde las tribunas periodísticas, porque es sabido que el valor de los proyectos no equivale necesariamente al dinero efectivamente pagado ni al valor de los contratos posteriormente celebrados por el Fondo Mixto Sierra Nevada. Para establecer el destino final de los recursos será indispensable que las entidades a cargo de adelantar las investigaciones, crucen los actos de aprobación con los contratos derivados, sus modificaciones, pagos, interventorías y avances físicos.

El cuestionado modelo de designación

El modelo de designación aparece con claridad en varios actos administrativos en los cuales, la Gobernación del Magdalena priorizó y aprobó proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías y designó al Fondo Mixto Sierra Nevada como ejecutor. Esos documentos, permiten observar, además, que la responsabilidad del Fondo excedía la simple administración documental: se le atribuyeron responsabilidades relacionadas con la ejecución, contratación de la interventoría, custodia de información, reportes ante las autoridades y cierre del proyecto.

La Gobernación sustentó la designación en las normas del Sistema General de Regalías y en conceptos administrativos relacionados con la naturaleza jurídica de los fondos mixtos. Esos mismos decretos describen la composición del Fondo Mixto Sierra Nevada y señalan que la Alcaldía de María La Baja tenía una participación del 25 %, mientras que el porcentaje restante (75%) correspondía a tres empresas privadas.

Ese elemento resulta relevante porque la naturaleza jurídica del Fondo Mixto Sierra Nevada forma parte de la explicación que la propia Gobernación utilizó para sustentar su capacidad de actuar como ejecutor. Por eso, el análisis jurídico no puede limitarse a establecer que existió una designación, también debe determinar cuál era el régimen contractual aplicable al Fondo y qué controles estaban previstos para garantizar la adecuada utilización de los recursos.

En términos operativos, el esquema puede resumirse de una manera sencilla: la Gobernación priorizaba y aprobaba el proyecto; posteriormente designaba al Fondo Mixto Sierra Nevada como ejecutor; y este asumía las actuaciones necesarias para desarrollar la iniciativa y contratar la interventoría.

La revisión documental deberá establecer quiénes fueron los contratistas seleccionados por el Fondo Mixto Sierra Nevada, cuántas empresas participaron en cada proceso, qué modalidad fue utilizada, cuáles fueron los valores adjudicados y qué modificaciones sufrieron posteriormente los negocios jurídicos.

También será necesario identificar los interventores y establecer si existen contratistas recurrentes. Ese ejercicio puede revelar algo más importante que la cifra global: la existencia o inexistencia de una concentración empresarial, ampliando el marco de la investigación, líneas y sindicados.

Las capturas ponen el modelo bajo revisión

Este contexto es relevante y cambia de matiz cuando se enlaza con la actuación recientemente adelantada por la Fiscalía contra personas vinculadas al Fondo Mixto Sierra Nevada. El organismo investigador anunció al menos 13 capturas dentro de una investigación relacionada con un presunto esquema de contratación de proyectos financiados con recursos de regalías, cuya dimensión, según la información divulgada, supera los $3 billones y comprende cientos de proyectos en diferentes departamentos.

Desde la Fiscalía se le atribuye a los investigados una estructura que habría permitido direccionar recursos hacia determinados contratistas y obtener beneficios económicos mediante actuaciones presuntamente irregulares.

Asimismo, precisaron que la “acción judicial hace parte de los casos priorizados por el Grupo de Tareas Especiales creado para identificar y judicializar a los implicados en hechos de corrupción que comprometan recursos del Sistema General de Regalías (SGR), integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y otras dependencias de la entidad”.

La relevancia para el Magdalena está en la coincidencia de los actores y del mecanismo. La misma entidad que aparece en la investigación nacional fue designada durante la administración de Rafael Alejandro Martínez como ejecutora de una cartera superior a $351.000 millones en proyectos de regalías relacionados con el departamento.

Esa coincidencia por sí sola no prueba una irregularidad, pero sí convierte la documentación del Magdalena en un frente necesario de revisión. Lo que sí puede afirmarse a partir de los documentos examinados es que durante el periodo de Rafael Martínez al frente de la Gobernación del Magdalena, se utilizó el mecanismo de designación del Fondo Mixto Sierra Nevada como ejecutor de proyectos financiados con regalías. Esa es una circunstancia documentalmente verificable.

Por eso, la pregunta que queda abierta no es si todos los proyectos estaban comprometidos, sino,  ¿qué ocurrió con los más de $351.000 millones después de que la Gobernación del Magdalena designó al Fondo Mixto Sierra Nevada como ejecutor?

La respuesta está en los contratos que siguieron a las designaciones. Allí debe aparecer quién recibió los recursos, bajo qué procedimiento, con qué condiciones, cuánto fue efectivamente pagado y qué obras quedaron finalmente construidas.

También deberán revisarse las interventorías, los anticipos, las modificaciones y las actas de recibo, porque es en esos documentos donde una eventual irregularidad puede pasar de ser una hipótesis a convertirse en un hecho verificable.  La investigación, apenas comienza y los contratos derivados tendrán que revelar si aquello que fue aprobado, contratado y pagado terminó convertido en todo lo que el Magdalena esperaba.

Posdata. Queda, además, una pregunta que corresponde formular a las instituciones de control del departamento: si en el presupuesto público existen partidas destinadas al funcionamiento de los organismos de control y recursos específicos para el funcionamiento de la Asamblea Departamental, ¿por qué ninguna de las instancias fiscales, disciplinarias, administrativas o políticas advirtió oportunamente la concentración de proyectos y recursos en el Fondo Mixto Sierra Nevada, o dejó constancia pública de sus eventuales reparos?

La pregunta no supone atribuir responsabilidad a ninguna entidad ni anticipar conclusiones sobre actuaciones que corresponden a sus competencias. Se trata de establecer qué controles fueron ejercidos, qué advertencias se produjeron y, si no las hubo, cuáles fueron las razones documentales para que una cartera superior a $351.000 millones pudiera desarrollarse sin que estas circunstancias generaran alertas públicas conocidas.

Esta investigación continuará. En próximas entregas se examinará en detalle el contenido de los contratos, los procesos de selección, las obligaciones pactadas, los valores, modificaciones, interventorías, pagos, subcontratos y demás documentos disponibles en las plataformas públicas de información. El propósito será reconstruir, proyecto por proyecto, la ruta administrativa y contractual de los recursos y contrastarla con los resultados efectivamente obtenidos.