Editorial & Columnas
Santa Marta paga el precio de una decisión que fracturó a la Essmar
La Contraloría confirmó en primera instancia un detrimento superior a 42 mil millones en la empresa de servicios públicos, originado en disminuciones tarifarias sin soporte y una gestión que quebró la empresa mientras miles de samarios veían secarse sus redes. El fallo no solo señala responsables: explica por qué hoy tantos hogares dependen de carrotanques y por qué la ciudad necesita un modelo capaz de garantizar el agua que dejó de llegar.
Por: Víctor Rodríguez Fajardo
Hay algo profundamente incómodo en ver cómo el contador de la casa empieza a retroceder. Primero fueron 12 metros cúbicos al mes, luego 8, después 6, hoy 4. Y, sin embargo, cuando hablo con gente en la calle, escucho algo todavía más duro: “ojalá tuviéramos esos 4”. Porque para cientos de miles de samarios ya no hay cuenta regresiva posible: no reciben nada. No hay agua que medir. No hay turno que esperar. No hay red que responda.
En Santa Marta la gente aprendió a vivir con un reloj distinto: el del carrotanque que quizá pase hoy, el de la madrugada en la que tal vez suba un poco la presión, el de los baldes que se llenan como si fueran un acto de resistencia silenciosa. Y mientras eso pasaba en los patios, en los baños, en las cocinas, en los cambuches, en los negocios pequeños, en los barrios que solo aparecen en las noticias cuando se inundan o cuando protestan, la empresa encargada de llevarles el agua se hundía en sus propias decisiones.
Ese hundimiento ya no es una sospecha: está escrito con cifras exactas. La Contraloría acaba de confirmar un detrimento fiscal que supera los 42.879 millones de pesos. Y ese número no es una estadística: es el nombre técnico del agua que no llegó, de las bombas que no se repararon, de las redes que jamás se renovaron, de los barrios donde la gente carga totumas como si viviera en 1970. Ese dinero no es abstracto: es el costo concreto de la vida diaria de una ciudad que se acostumbró a sobrevivir.
El origen de todo quedó fijado en una fecha precisa: 18 de abril de 2019. Ese día, la junta directiva aprobó una reducción tarifaria del 46,3 % sin estudios previos, sin proyecciones de ingresos, sin análisis de sostenibilidad. Una decisión celebrada como victoria política, pero que en realidad puso la primera piedra del derrumbe. La empresa quedó sin oxígeno financiero y aun así siguió gastando como si nada. En 2020, los compromisos alcanzaron 120.056 millones, pero los ingresos efectivos solo llegaron a 94.452 millones. Es decir: se administró la empresa como si fuera infinita, mientras se vaciaba cada mes un poco más.
El fallo de primera instancia no deja dudas: quienes tenían la responsabilidad de evitarlo no lo hicieron: Ingrid Aguirre, Andrés Rugeles, Carlos Páez, Francisco García, Jorge Agudelo y David de Marchena aparecen señalados con responsabilidad fiscal solidaria. No es una persecución, es un inventario de hechos: decisiones sin estudios, gastos sin soporte, riesgos sin evaluación, administración sin brújula. Lo que los samarios vivíamos en la calle, ahora está validado en un documento oficial.
Pero sería injusto detenerse ahí. Porque después del derrumbe vino algo más frustrante: la intervención que prometió salvar la empresa tampoco cumplió. Los agentes especiales pasaron uno tras otro, y ninguno enfrentó las presiones que ya habían convertido ESSMAR en un campo político minado. Unos funcionarios no quisieron discutir con los sindicatos; otros no quisieron contradecir a sus superiores en Bogotá; otros simplemente prefirieron administrar el desgaste. Y mientras ellos cuidaban sus equilibrios internos, la ciudad se hacía más sedienta.
Por eso escribo esta columna no para señalar culpables por deporte, sino para hablarle a la gente que carga baldes, que llena tanques con motores prestados, que empuja carretillas con canecas, que negocia con el carrotanque, que espera “el chorrito de la madrugada”, que mira el cielo cuando llueve y siente alivio porque por lo menos podrá recoger algo. Les escribo porque esta vez no es un rumor, ni una pelea entre políticos, ni un invento de redes: es un fallo fiscal serio que confirma que ustedes tenían razón desde hace años.
Lo que dice el documento no es solo que hubo errores: dice que el modelo completo colapsó. Que la empresa no tiene cómo financiarse. Que ninguna tarifa improvisada podrá salvarla. Que ninguna intervención tímida podrá sacarla del abismo. Que la ciudad necesita una solución que esté por encima del miedo a ser impopular.
Y esa solución, aunque moleste a los discursos más cómodos, es clara: Santa Marta necesita una APP de iniciativa privada, con un operador que tenga los recursos, la técnica y la capacidad para reconstruir lo que se perdió. Lo público debe liderar, vigilar y regular. Pero la operación —la que necesita inversión seria y no voluntarismo político— tiene que estar en manos de quien pueda cumplirla. No es una derrota de la ciudad. Es la oportunidad de evitar que el contador llegue a cero para todos. Porque si hoy yo recibo 4 metros cúbicos, ustedes —muchos de ustedes— reciben cero.
Y no hay dignidad posible en una ciudad donde el agua se volvió un privilegio. Esta vez, al menos, la verdad quedó escrita. Ahora toca que también se vuelva decisión.
