Caso UNGRD: Envían a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento intramural contra los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves, por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión judicial se fundamenta en la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación, que señala a los exfuncionarios como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según el fallo, no se cumplían los requisitos legales para otorgar detención domiciliaria, por lo que se ordenó su reclusión en centro carcelario.

El caso UNGRD estalló en febrero de 2023, cuando se reveló la presunta malversación de más de $46.800 millones de pesos, originalmente destinados a la compra de camiones cisterna para atender emergencias. Los exministros son señalados de haber coordinado el direccionamiento de contratos para favorecer a congresistas a cambio de su aval en operaciones de interés del gobierno, sobre todo para las reformas a las salud y pensión que se debatían en ese momento.

En total, Bonilla y Velasco habrían direccionado 74 proyectos de Invías por un monto total de $571.701 millones, y cinco proyectos de la Ungrd por $40.536 millones, para un total de $612.237 millones. No obstante, la Fiscalía constató que, de todos estos, solo siete llegaron a concretarse.

La magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero ordenó la captura inmediata de los exministros y dispuso su traslado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), garantizando el respeto de sus derechos fundamentales durante el proceso.

“La medida también es urgente, habida cuenta que la investigación se encuentra en pleno desarrollo, y conforme a lo enunciado por la Fiscalía y a lo que se desprende del material recaudado, es probable que se adelanten nuevas actuaciones investigativas respecto a otras personas o que se profundicen las actuales en curso”, sostuvo.

Este nuevo capítulo judicial marca un giro en el escándalo que ha sacudido la institucionalidad colombiana, y refuerza el llamado ciudadano por mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.