Metrópolis
Procuraduría solicita formular cargos contra juez que ordenó la inscripción de Agudelo en el 2023
La Procuraduría solicitó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena formular pliego de cargos contra el juez Carlos Alberto Villalba del Villar, al considerar que actuó sin competencia y con presunto dolo al ordenar, vía tutela, la inscripción de un candidato a la Alcaldía de Santa Marta, decisión que habría alterado el proceso electoral de 2023.
Por: Arnol Sarmiento
La Procuraduría General de la Nación solicitó la formulación de pliego de cargos disciplinarios contra el juez Carlos Alberto Villalba del Villar, titular del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, por presuntas irregularidades en el trámite de una acción de tutela que derivó en la orden de inscripción del candidato Jorge Agudelo Apreza a la Alcaldía de la capital del Magdalena durante las elecciones de 2023.
La petición fue presentada por el procurador Mauricio Javier Rodríguez Avendaño, en el marco del proceso disciplinario acumulado con radicado 2023-588, que adelanta la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena, tras una compulsa de copias ordenada por la Corte Constitucional en la sentencia T-300 de 2024, así como por varias quejas ciudadanas.
Según el Ministerio Público, el juez Villalba del Villar avocó el conocimiento de una acción de tutela sin tener competencia funcional, al tratarse de un asunto dirigido contra entidades del orden nacional, en contravía del Decreto 333 de 2021. Además, profirió una medida cautelar que alteró el proceso electoral, al ordenar la inscripción de un candidato “sin que existiera acto administrativo ejecutoriado que lo habilitara”.
“El doctor Carlos Alberto Villalba del Villar avocó el conocimiento de la acción de tutela 2023-280, careciendo manifiestamente de competencia funcional, y aun así ordenó la inscripción de un candidato a la Alcaldía de Santa Marta, decisión que alteró el proceso electoral local”, señala el escrito de alegatos.
El documento advierte que el funcionario judicial conocía la existencia de múltiples tutelas idénticas que ya estaban siendo tramitadas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, lo que, a juicio de la Procuraduría, configuró una extralimitación funcional grave.
“La competencia en tutela es de orden público, inderogable y obligatorio. El juez no puede asumir conocimiento por conveniencia o interpretación extensiva”, cita el Ministerio Público, apoyándose en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la Sentencia T-231 de 2015.
Falta gravísima y presunto dolo
En sus consideraciones, la Procuraduría concluyó que la conducta atribuida al juez se enmarca en una falta gravísima, conforme a la Ley 1952 de 2019, al desconocer de manera manifiesta el régimen de competencias y expedir decisiones contrarias a la ley.
“La antijuridicidad disciplinaria se configura por la afectación grave a los principios de legalidad, imparcialidad y moralidad administrativa, y la culpabilidad se acredita a título de dolo, pues el investigado conocía su falta de competencia y, aun así, decidió actuar”, sostuvo el procurador Rodríguez Avendaño.
El fallo de la Corte Constitucional que dio origen a la investigación también cuestionó el manejo de las llamadas “tutelas masivas”, señalando que la oficina de reparto judicial de Santa Marta asignó expedientes a despachos distintos pese a tratarse del mismo objeto, causa y sujetos pasivos, lo que motivó la compulsa de copias para investigar tanto a funcionarios judiciales como administrativos.
Posibles efectos disciplinarios y penales
Además del proceso disciplinario, los hechos analizados dieron lugar a denuncias penales por presunto prevaricato por acción, situación que, aunque no implica prejuzgamiento penal, “refuerza la gravedad del reproche disciplinario”, según la Procuraduría.
“El juez del circuito que, con pleno conocimiento de las reglas de competencia, avoca una acción de tutela contra una entidad del orden nacional, no incurre en un error de interpretación, sino en una extralimitación funcional grave que compromete disciplinariamente su investidura”, concluye el Ministerio Público.
La decisión final sobre la formulación del pliego de cargos quedará en manos de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena, que deberá evaluar las pruebas recaudadas y definir si se abre formalmente el juicio disciplinario contra los funcionarios investigados.
