Universidades públicas: cuando el Estado aprende a soltarlas

Por: Gerardo Angulo Cuentas

Hay una frase que suena fuerte, casi como un titular diseñado para escandalizar: “Solo una de 34 universidades públicas es autosostenible”. La dijo la Contraloría, la replicaron los medios y muchos la leyeron como si se tratara de una verdad incómoda que por fin salía a la luz. Pero hay frases que, más que revelar, confunden. Y esta es una de ellas.

Porque cuando uno escucha eso, la pregunta no debería ser “¿por qué las universidades no se sostienen solas?”, sino otra mucho más básica y mucho más incómoda:

¿desde cuándo una universidad pública tiene que sostenerse sola?

En el Caribe sabemos algo de eso. Sabemos que hay cosas que no se miden por la plata que producen. El manglar no “da utilidades”, pero sin manglar no hay pesca. El río no factura, pero sin río no hay vida. La escuela del pueblo no genera excedentes, pero sin ella no hay futuro. Y aun así, nadie sensato diría que hay que cerrar el río porque no es autosostenible.

La universidad pública pertenece a esa misma categoría: bien público, no empresa.

El problema es que, poco a poco, sin decirlo en voz alta, el lenguaje fue cambiando. Empezamos a hablar de eficiencia financiera, de generación de ingresos propios, de indicadores de sostenibilidad, de déficits como si estuviéramos evaluando fábricas. Y cuando uno cambia el lenguaje, cambia la moral del asunto. Porque lo que antes era una obligación del Estado, hoy parece una prueba que la universidad debe pasar.

Ahí está la trampa.

El informe de la Contraloría no dice que las universidades estén quebradas por mala gestión. Lo que muestra, en realidad, es otra cosa: que el modelo de financiamiento público quedó congelado en el tiempo, mientras las exigencias crecieron como crecen las mareas en luna llena. Más estudiantes, más cobertura, más investigación, más acreditaciones, más bienestar, más tecnología, más regionalización. Todo “más”. Pero los recursos… esos crecieron poquito, con gotero y con condiciones.

Entonces las universidades hicieron lo que pudo hacer cualquiera para sobrevivir: vender cursos, abrir posgrados, ofrecer diplomados, hacer consultorías, competir por proyectos, cobrar estampillas, estirar el presupuesto como quien estira el arroz para que alcance para todos. No para enriquecerse. Para no apagarse.

Y aun así, ahora resulta que se les mide con una vara que no corresponde a su naturaleza. Se dice que no son autosostenibles como si eso fuera un pecado. Como si una universidad pública tuviera que comportarse como un negocio eficiente para merecer existir.

Eso es invertir la carga moral del Estado.

Antes el pacto era claro: el Estado garantizaba la educación superior pública porque entendía que allí se formaban ciudadanos, profesionales, científicos, maestros, médicos, ingenieros, pensadores. Hoy el pacto parece otro: “demuéstreme que puede sostenerse y entonces vemos si la ayudo”.

Y ese cambio, aunque suene técnico, es profundamente político.

Porque cuando se normaliza que una universidad pública no sea financiada plenamente, se abre la puerta a todo lo demás: a justificar recortes, a presionar privatizaciones suaves, a subir matrículas “excepcionalmente”, a orientar la investigación hacia lo rentable y no hacia lo necesario. A convertir el derecho en servicio, y el servicio en mercancía.

Lo preocupante no es que solo una universidad sea autosostenible. Lo realmente preocupante es que hayamos aceptado sin debate que ese sea el criterio correcto.

En el Caribe, donde la universidad pública muchas veces es el único ascensor social real, eso se siente más fuerte. Porque no hablamos solo de balances. Hablamos de jóvenes que son primera generación universitaria, de territorios donde la universidad es hospital, laboratorio, centro cultural y espacio de pensamiento crítico al mismo tiempo. Hablamos de instituciones que sostienen regiones enteras…

Tal vez ya va siendo hora de decirlo sin rodeos:

si una universidad pública no es financieramente sostenible con recursos propios, no es una falla de la universidad, es una señal de que el Estado no está cumpliendo completamente su función.

Y ojo: esto no es pedir cheques en blanco ni negar la eficiencia. Es simplemente recordar algo básico: lo público se financia porque es público, no porque deje ganancias.

El día que aceptemos que la universidad pública debe sobrevivir sola, ese día ya habremos aceptado algo peor: que el Estado puede retirarse sin decir adiós, dejando que otros carguen con lo que era su deber.

Y eso, más que un déficit financiero, es un déficit de proyecto de país.

¿Tú qué crees?

P.D. Ando buscando un candidato al congreso que escuche las voces inconformes de profesores universitarios cansados de ver sindicatos arrodillados.