¿Y si la Procuraduría fuera autosostenible?

Por: Gerardo Angulo Cuentas

gerardo@angulo.com.co

¿Se imagina este titular mañana en la prensa?

“La Procuraduría debe volverse autosostenible: no puede seguir dependiendo del presupuesto público”.

Suena absurdo, ¿cierto? Casi ofensivo. Nadie propondría que la Procuraduría General de la Nación empiece a vender investigaciones disciplinarias, a facturar sanciones o a cobrar membresías para vigilar funcionarios. Todos entendemos, por puro sentido común, que la Procuraduría no existe para generar utilidades. Existe para cumplir una función esencial del Estado.

Justamente esa fue la conclusión a la que llegué conversando con un amigo sobre mi columna pasada. Yo criticaba la mal llamada “autosostenibilidad” que algunos órganos de control quieren exigirle a la universidad pública, cuando él me interrumpió y me dijo: “Acuérdate de los fines esenciales del Estado”. Y empezó a enumerarlos casi de memoria. En ese momento, medio en broma, le respondí: “Entonces votemos por el candidato que vuelva autosostenible la Procuraduría”. Nos reímos. Porque la frase, llevada a ese terreno, revela el absurdo completo del argumento.

Y ahí está el punto central: la universidad pública está en la misma categoría que la Procuraduría.

El Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia de 1991 no define al Estado como una empresa. Lo define como garante de derechos, servidor de la comunidad, promotor del bienestar colectivo. El Artículo 67 es aún más explícito: la educación es un derecho y un servicio público cuya financiación corresponde al Estado. No dice “si es rentable”. No dice “si se sostiene sola”. Dice financiación estatal. Responsabilidad directa.

Por eso exigirle “autosostenibilidad” a la universidad pública es partir de una premisa falsa. Esa palabra pertenece al mundo empresarial. Sirve para restaurantes, clínicas privadas o startups. Pero una universidad pública no vende productos: forma médicos, ingenieros, maestros; produce ciencia; crea movilidad social; construye ciudadanía. Es decir, produce bienes públicos. Y los bienes públicos, por definición, casi nunca son rentables en términos de mercado. Precisamente por eso existe el Estado: para financiarlos.

Sin embargo, cuando órganos de control como la Contraloría General de la República evalúan estas instituciones con lógica contable, se instala una idea peligrosa: que toda institución sana debe sostenerse sola. Si fuéramos coherentes con esa lógica, tendríamos que pedírselo también a hospitales, jueces, policías… y a la misma Procuraduría. Pero ahí el sentido común nos frena, porque sabemos que esas funciones no son negocios, son garantías. Entonces, ¿por qué a la universidad sí?

Además, hay un detalle que rara vez se menciona: los tiempos. El mercado vive en trimestres; la educación vive en generaciones. La empresa exige resultados rápidos; la universidad cultiva capacidades profundas, investigación de largo plazo, pensamiento crítico. Eso no se acelera con decretos ni con hojas de cálculo. Se cultiva. Y los cultivos toman tiempo.

Por eso el debate está mal formulado desde el principio. La pregunta no es por qué la universidad no se sostiene sola, sino por qué el Estado no está financiando plenamente una función que la Constitución le ordena garantizar. El problema deja de ser administrativo y se vuelve político. Deja de ser “ineficiencia universitaria” y se convierte en “incumplimiento estatal”.

Al final, aquella broma se quedó rondándome la cabeza. Si nos da risa imaginar una Procuraduría “autosostenible”, deberíamos empezar a sospechar cuando alguien propone lo mismo para la universidad pública. Porque es exactamente el mismo absurdo. Y cuando empezamos a medir derechos con lógica de mercado, lo público deja de ser derecho y se convierte en negocio. Ese día no perdemos un balance: perdemos el futuro.

¿Tú qué crees?

P.D. Ya escogí candidato presidencial. Ahora ando buscando otro: el que prometa volver autosostenible la Procuraduría. Solo por escucharle el modelo de negocio.