Entre nuevas fuentes y viejas prácticas: el agua se pierde entre discursos, omisiones y falta de decencia

El debate sobre desalinizadoras no puede ignorar la interdependencia entre acueducto y alcantarillado. Aumentar la oferta hídrica sin modernizar redes y saneamiento incrementa rebosamientos, contaminación costera y riesgos para comunidades vulnerables. Santa Marta necesita decisiones basadas en evidencia: nuevas fuentes, reducción de pérdidas y un sistema sanitario robusto que evite trasladar la escasez al terreno de la salud pública y el deterioro ambiental.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

La polémica generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre las plantas desalinizadoras en Pozos Colorados volvió a poner en primer plano un problema que Santa Marta arrastra desde hace décadas: garantizar agua suficiente sin comprometer su ecosistema marino ni profundizar las fallas estructurales de sus servicios públicos. Más que una disputa ideológica, se trata de una urgencia vital que expone la fragilidad de la planificación urbana, sanitaria y ambiental de la ciudad.

Hoy la capital del Magdalena enfrenta una deficiencia cercana a los 2.000 litros por segundo, una brecha que impide cubrir la demanda actual y se agrava con el crecimiento urbano acelerado, la presión turística y la expansión de asentamientos informales. Esta carencia no es una cifra abstracta: se traduce en racionamientos prolongados, dependencia de carrotanques, sobrecostos para los hogares vulnerables y una sensación permanente de precariedad que erosiona la confianza ciudadana.

El diagnóstico oficial del Plan de Desarrollo Santa Marta 500+ confirma que la crisis no responde únicamente a la escasez natural del recurso, sino a la incapacidad del sistema para captarlo, tratarlo y distribuirlo con eficiencia. Durante la temporada seca, las plantas El Roble y Mamatoco apenas logran producir 110 litros por segundo, muy por debajo de su capacidad máxima de 550 litros por segundo, lo que evidencia la vulnerabilidad del abastecimiento frente a la variabilidad climática.

A ello se suma un desfase estructural entre demanda y capacidad de tratamiento. Mientras la demanda potencial se estima en 2.460 litros por segundo, la infraestructura actual apenas puede tratar 1.350 litros por segundo, y en la práctica solo se procesan cerca de 845 litros por segundo. Esta brecha confirma que el sistema no logra garantizar un suministro continuo y digno, incluso antes de considerar pérdidas por fugas y conexiones ilegales.

Las pérdidas en redes deterioradas, las conexiones clandestinas y la falta de sectorización hidráulica reducen aún más el caudal efectivo que llega a los hogares. Aumentar la oferta sin corregir estas fallas equivale a llenar un recipiente perforado. La ciudad no solo necesita más agua; necesita un sistema capaz de conservarla, distribuirla con eficiencia y asegurar que el recurso llegue donde realmente se requiere.

El rezago del alcantarillado agrava el panorama de manera silenciosa pero devastadora. El diagnóstico distrital advierte que los rebosamientos de aguas residuales ocasionados por fallas en redes sanitarias y estaciones de bombeo representan una amenaza recurrente para la salud pública y el medio ambiente urbano. Estos eventos afectan especialmente a barrios vulnerables y zonas cercanas a cuerpos de agua, donde las descargas sin tratamiento deterioran la calidad ambiental y elevan los riesgos epidemiológicos.

Más agua en un sistema sanitario colapsado no significa progreso. Significa mayor volumen de aguas residuales, incremento de rebosamientos y contaminación acelerada del litoral. Abastecimiento y saneamiento forman un sistema indivisible; resolver uno sin atender el otro traslada el problema desde la escasez hacia la salud pública.

En este contexto, la planta desalinizadora proyectada en Pozos Colorados representa una intervención territorial de alto impacto. Ocupará aproximadamente cuatro hectáreas de suelo de alto valor comercial en un corredor turístico dinámico, cuya entrega al Distrito fue formalizada mediante la Resolución 597 de 2025. La Sociedad de Activos Especiales informó que el predio, valorado en más de 86 mil millones de pesos, se destinará exclusivamente al proyecto, respaldado por estudios técnicos y acompañamiento del Ministerio de Vivienda.

El Documento Conpes 4159 declaró de importancia estratégica el proyecto de estudios, diseños y construcción de dos plantas desalinizadoras, otorgándole vigencias futuras excepcionales por 786.032 millones de pesos, equivalentes al 70 % de su financiación. Este respaldo institucional demuestra que la iniciativa responde a una necesidad estructural y trasciende coyunturas políticas o discursos polarizantes.

Sin embargo, la desalinización no está exenta de riesgos. La descarga de salmuera —un efluente con concentraciones salinas superiores a las del mar— puede aumentar la salinidad en zonas cercanas a los puntos de vertimiento, alterar la densidad del agua, reducir el oxígeno disuelto y afectar organismos bentónicos, corales y pastos marinos. Estos cambios pueden modificar cadenas tróficas completas y comprometer la pesca artesanal, sustento de numerosas familias costeras.

También existe el riesgo asociado a la captación de agua marina, que puede absorber plancton, larvas, huevos de peces y microorganismos esenciales para el equilibrio ecológico. La pérdida de estos organismos en etapas tempranas de vida tiene efectos acumulativos sobre la biodiversidad y la productividad pesquera. Sin sistemas de filtración adecuados y monitoreo permanente, la desalinización podría convertirse en un factor silencioso de degradación ambiental.

No obstante, centrar el debate únicamente en la desalinización invisibiliza otro hecho estructural: Santa Marta no ha explorado a fondo las posibilidades de abastecimiento a partir de los recursos hídricos disponibles y mal gestionados. Estudios científicos han señalado durante décadas que la Sierra Nevada de Santa Marta tiene la capacidad de producir cerca de 10.000 millones de metros cúbicos de agua al año, suficiente para abastecer al macizo montañoso y a cerca de tres millones de habitantes de Magdalena, Cesar y La Guajira.

La ciudad se abastece parcialmente de los ríos de la vertiente norte —entre ellos el Manzanares, Gaira, Toribio, Guachaca, Buritaca, Don Diego y Palomino—, pero la gestión de estas cuencas ha sido fragmentaria, con deforestación, captaciones informales y ausencia de una política integral de protección hídrica. Antes de mirar exclusivamente al mar, Santa Marta debería reconciliarse con sus ríos y restaurar las fuentes que históricamente han sostenido su abastecimiento.

La crisis hídrica no es resultado de la falta de agua, sino de la falta de gestión. Entre la Sierra y el mar, la ciudad dispone de fuentes suficientes, pero carece de planificación, gobernanza y visión de largo plazo. Apostar únicamente por la desalinización sin restaurar cuencas, reducir pérdidas y modernizar el alcantarillado sería sustituir un problema por otro, sin resolver las causas estructurales de la escasez.

Santa Marta vive una paradoja dolorosa: está rodeada de agua, pero no puede beberla ni gestionarla de forma sostenible. Resolver esta contradicción exige decisiones sustentadas en evidencia científica, liderazgo técnico y una ética pública que entienda el agua y el saneamiento como derechos fundamentales inseparables. No basta con producir más agua; es imprescindible proteger las cuencas, modernizar las redes y garantizar que cada intervención respete los límites ecológicos del territorio.

Entre la sed, la Sierra y el mar, la ciudad debe elegir la planificación rigurosa, la transparencia y el respeto ambiental. Cada decisión sobre el agua tiene consecuencias sanitarias, ecológicas y sociales. No decidir, o decidir sin una visión integral del ciclo hídrico, perpetuaría una crisis que ya no admite excusas ni discursos vacíos.

Posdata.

Conviene leer con cuidado la psicología inversa del presidente: primero ofreció desalinizadoras como símbolo de gestión para los 500 años y ahora siembra dudas con un discurso de clases que pretende dividir el debate entre hoteles y barrios populares. No se trata de una concesión política ni de un favor del Ejecutivo: el proyecto está amarrado a un Conpes, con financiación asegurada y en fase avanzada. Convertir una necesidad hídrica en teatro ideológico es una forma de evasión del deber.

El verdadero peligro no está solo en casa. Los maleducados manos largas de Bogotá, con poder presupuestal y blindaje burocrático, han demostrado ser más dañinos que los de la provincia. Desde escritorios centrales se inflan costos, se imponen consultorías innecesarias y se dilatan decisiones mientras el agua sigue faltando. Luego aparecen entes de control con advertencias tardías y funcionarios “vigilantes” que miran para otro lado, legitimando un saqueo técnico disfrazado de planeación.

La fórmula es conocida: obras inconclusas que se inauguran en maquetas, proyectos insuficientes que no resuelven el déficit y estudios contratados para desvirtuar otro estudio, como si la verdad técnica se licitara por entregas. Ese círculo vicioso no solo drena recursos; perpetúa la crisis para seguir administrando la urgencia. En ese escenario, el agua deja de ser un derecho y se convierte en un negocio sostenido por la ineficiencia deliberada.

Y si al final la desalinización resulta inevitable, debe evaluarse con rigor técnico la captación desde el acuífero, opción que, según varios expertos, reduciría costos de potabilización frente al agua marina y disminuiría impactos ambientales asociados a la salmuera. No se trata de improvisar ni de imponer soluciones, sino de escoger la alternativa más eficiente y menos dañina. Santa Marta necesita agua, sí, pero sobre todo necesita decisiones técnicas libres de codicia y de cálculo político.