Metrópolis
La Essmar, el fortín de las cuotas del petrismo
Entre designaciones fugaces y rumores de nuevos relevos, la Essmar atraviesa una crisis que trasciende lo técnico y se instala en un escenario de presuntas presiones políticas, en una entidad intervenida que, pese a su fragilidad institucional, administrará millonarios recursos que algunos quieren manejar en cuerpo ajeno.
Por: Arnol Sarmiento
La inestabilidad en la dirección de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta se ha convertido en una constante desde su intervención. En poco más de cuatro años han pasado al menos diez agentes especiales, algunos con permanencias de apenas horas o días, en un escenario marcado por presuntas presiones sindicales y políticas y relevos impulsados desde sectores afines al gobierno de Gustavo Petro.
Desde el inicio de la intervención, la rotación en la dirección de la Essmar ha sido constante. La lista de responsables incluye a Yahaira Díaz (noviembre de 2021), Hernán Ramírez Ríos (octubre de 2022), Jorge López Echeverry (comienzos de 2024), Pedro Sánchez (agosto de 2024, con una permanencia de pocos días), Isis Navarro (agosto de 2024), Erney Velásquez (diciembre de 2024) y Edwin Parada Cabrera (agosto de 2025 a enero de 2026).
Posteriormente, el 30 de enero fue designado David Millán Orozco, quien permaneció apenas 24 horas en el cargo, en medio de presuntas presiones sindicales y políticas. Ante la imposibilidad de dejar a la entidad sin dirección, los días 1 y 2 de febrero fue encargada Tania Peñaranda Zuleta, interventora de Air-e, por un periodo de 48 horas.
El 4 de febrero asumió Abraham Cure Bojanini, seleccionado de la lista oficial de personas naturales y jurídicas aspirantes a agentes especiales y liquidadores de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Cure Bojanini llegó con más de 30 años de experiencia en la gerencia, operación y fortalecimiento de sistemas de acueducto y alcantarillado, tanto en el sector público como en el privado, con enfoque en la gestión de redes, la explotación de sistemas y la dirección técnica.
Sin embargo, a lo largo del gobierno de Gustavo Petro, los nombramientos en la Essmar parecen responder a dinámicas que trascienden los criterios estrictamente técnicos. Y es que, a solo diez días de una designación, ya se habla de nuevos movimientos, sugeridos por actores políticos visibles del partido de gobierno, que mantienen especial atención sobre el manejo de los recursos asociados al proyecto de agua en Santa Marta, en una entidad que, pese a su debilitamiento institucional, administrará recursos de alto interés.
En ese contexto, ya circulan versiones de una nueva designación de un agente interventor del petrismo, con experiencia en la comercialización de aguardiente y un fracaso como empresario, lo que deja claro que aquí no importan los perfiles; aquí cuentan las cuotas políticas para tener el control de una chequera de 2 billones de pesos.
Mientras tanto, la empresa intervenida continúa acumulando obligaciones y ampliando el tamaño del problema que se suponía debía corregir. Las cifras muestran un escenario contrario. En 2021, año de la intervención, el pasivo total rondaba los $97.000 millones. En 2022 ascendió a $113.391 millones. Al cierre de 2023 alcanzó los $147.464 millones y actualmente el déficit bordea los $179.137 millones. En términos porcentuales, la deuda creció más de 80 % en apenas tres años.
El deterioro es aún más evidente al revisar el pasivo corriente —las obligaciones exigibles en el corto plazo—. En 2021, la empresa debía de forma inmediata cerca de $7.393 millones. En 2022, la cifra saltó a $19.855 millones; en 2023 subió a $31.930 millones y, al finalizar 2024, superó los $41.241 millones. Es decir, no solo aumentó la deuda global, sino que se incrementó de manera acelerada la presión financiera inmediata, comprometiendo la liquidez y la capacidad operativa.
Lo cierto es que, tras cuatro años de intervención y múltiples cambios en la dirección, los resultados son escasos y el deterioro financiero es verificable. Más que una transición técnica, la historia reciente de Essmar refleja una administración marcada por la inestabilidad y la presión política, mientras la ciudad continúa esperando soluciones estructurales a uno de sus problemas más sensibles: la garantía eficiente y sostenible de sus servicios públicos.
