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Contraloría detecta hallazgos fiscales por más de $2.338 millones en recursos educativos del Magdalena
El ente de control identificó irregularidades en la ejecución del PAE y en el pago de salarios a docentes con permiso sindical permanente, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.
Por: Arnol Sarmiento
La Contraloría General de la República identificó dos hallazgos fiscales en el manejo de recursos educativos del departamento del Magdalena que, en conjunto, ascienden a $2.338.367.939. Las observaciones comprometen la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el pago de salarios a nueve docentes vinculados con permiso sindical permanente, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).
En relación con el PAE, el ente de control evidenció inconsistencias en el análisis contractual. Según el informe, no existen soportes que respalden pagos efectuados por concepto de intereses a favor del operador. Además, la interventoría ejercida por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas —encargada de la supervisión financiera— no reportó dichos desembolsos en sus informes.
La auditoría también detectó movimientos bancarios por $1.000 millones en la cuenta de la UT PAE Magdalena, realizados en fechas cercanas y sin documentación que justifique plenamente las transacciones. Para la Contraloría, estos hechos se originan en la aplicación de recursos públicos a obligaciones de carácter privado y en pagos sin soporte legal ni contable, lo que evidencia fallas en los mecanismos de supervisión y control financiero tanto por parte del departamento como de la interventoría. Por este componente, el presunto detrimento patrimonial fue estimado en $1.520 millones.
El segundo hallazgo fiscal, por $818.367.939, corresponde al pago de salarios y otros emolumentos a nueve docentes de planta que contaban con permiso sindical permanente durante la vigencia 2024.
De acuerdo con el organismo de control, la entidad territorial certificada asumió estas obligaciones con recursos del SGP destinados a la prestación del servicio educativo, pese a que los docentes no habrían ejercido funciones propias del cargo durante el periodo evaluado.
La Contraloría advirtió que en la concesión de los permisos sindicales permanentes no se habrían aplicado los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad establecidos por la jurisprudencia. Esta situación, según el informe, refleja debilidades en el seguimiento y control del proceso de liquidación y pago de nómina, así como posibles incumplimientos de la normativa vigente.
Con estos dos hallazgos, el ente de control abre un nuevo frente de responsabilidad fiscal sobre la administración y ejecución de los recursos educativos en el Magdalena, en un contexto en el que la vigilancia sobre el uso de fondos públicos destinados al sector sigue bajo escrutinio.
