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Gobierno sella compromisos con las ACSN en un Magdalena violentado
El Ejecutivo selló compromisos con las ACSN que incluyen cesar homicidios, frenar la extorsión y no reclutar menores. El acuerdo, respaldado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pondrá a prueba cuánto soporta el papel del protocolo y cómo incidirá en la reducción de la criminalidad y las rentas ilegales que mantienen sometido al departamento del Magdalena y a la ciudad de Santa Marta.
Mientras en el departamento del Magdalena los homicidios y la extorsión continúan marcando la vida cotidiana, en Bogotá el Gobierno Nacional decidió abrir formalmente un canal de diálogo con el Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
Bajo el paraguas de la política de Paz Total, ambas partes protocolizaron una serie de compromisos que, en el papel, prometen desescalar la violencia; sin embargo, en el territorio la percepción es distinta.
La reunión, confirmada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se realizó en Bogotá el 18 de febrero de 2026, en el marco del denominado Espacio de Conversación Sociojurídico, autorizado mediante la Resolución 300 de 2024 y sustentado en la Ley 2272 de 2022. En el encuentro participó el máximo comandante del grupo armado, Carmen Evelio Castillo, alias “Muñeca”, junto a Óscar Mauricio Silva, jefe negociador del Gobierno con las ACSN, además de otros integrantes del Estado Mayor de la estructura.
Según el Ejecutivo, las partes protocolizaron compromisos orientados a “salvaguardar la vida de la población civil”, garantizar protección especial a niños, niñas y adolescentes, abstenerse de interferir en procesos electorales y cesar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública. La sesión contó con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA).
El marco del acuerdo
El denominado Acuerdo (I) regula el funcionamiento del Espacio de Conversación Sociojurídico con el propósito de avanzar hacia el desmantelamiento del grupo y su eventual sometimiento a la justicia, bajo condiciones que —según el documento— estarán supeditadas a la colaboración efectiva con las autoridades judiciales y al esclarecimiento de la verdad.
El Gobierno reconoce que la Sierra Nevada de Santa Marta y sus territorios circundantes acumulan cerca de cuatro décadas de violencias cíclicas. En ese contexto, el proceso busca promover el desescalamiento y “transformaciones territoriales” en municipios estratégicos como Dibulla (La Guajira), Ciénaga y Santa Marta (Magdalena).
El Acuerdo (II), calificado como especial para el desescalamiento, incluye compromisos explícitos de las ACSN de cesar homicidios, abstenerse de realizar actos crueles contra la población civil, no reclutar menores de edad, no ejecutar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública, no interferir en proyectos institucionales y suspender cualquier forma de extorsión en los municipios priorizados.
Entre el papel y la realidad
Aunque el Gobierno sostiene que el proceso se desarrolla bajo el principio de buena fe y dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario, la situación en territorio plantea interrogantes estructurales.
Las ACSN están catalogadas como Grupo Armado Organizado (GAO) y han sido señaladas por su incidencia en dinámicas de control social, economías ilegales y disputas territoriales en la Sierra Nevada. Que sus representantes participen en una mesa de conversación mientras en el Magdalena persisten altos índices de violencia abre un debate sobre los límites del tratamiento sociojurídico frente a estructuras que continúan ejerciendo poder armado en zonas rurales y urbanas, especialmente en Santa Marta.
La reiteración de compromisos como “no matar”, “no extorsionar” o “no reclutar menores” evidencia que estas prácticas han hecho parte del accionar histórico del grupo. La cuestión de fondo es si la firma de protocolos es suficiente para alterar estructuras consolidadas de control territorial, financiamiento ilícito y coerción armada.
Verificación y alcances del preceso
Mientras en Bogotá se formalizan compromisos y se diseñan comisiones temáticas, en los municipios del Magdalena y en Santa Marta persiste la incertidumbre ciudadana frente a organizaciones que han condicionado la vida de amplias comunidades.
Ante este escenario surgen interrogantes: ¿cuál será el mecanismo de reacción inmediata ante eventuales incumplimientos?, ¿qué esquema de verificación permanente vigilará el accionar de las ACSN frente a los compromisos adquiridos?, y, no menos importante, ¿con qué facultades cuenta el Gobierno nacional para adelantar un proceso de paz en estos términos? Son vacíos que permanecen en el aire y que exigen respuestas claras si se pretende generar confianza y legitimidad en el proceso.
Lo que sí está claro es que la viabilidad del acuerdo no se medirá por la firma de actas, sino por indicadores verificables: reducción sostenida de homicidios, desmonte real de redes de extorsión y pérdida efectiva del control armado sobre los territorios.
La paz no puede limitarse a un documento protocolizado en Bogotá; debe traducirse en garantías concretas de seguridad y en el desmantelamiento definitivo de las estructuras que durante años han impuesto el miedo.
Arsenal de preguntas:
¿Qué mecanismos concretos y públicos de verificación acompañarán el cumplimiento de los compromisos asumidos por las ACSN?
¿Existe un cronograma con metas medibles —reducción de homicidios, denuncias de extorsión, reclutamiento forzado— que permita evaluar el impacto real del proceso en Santa Marta y el Magdalena?
¿Qué consecuencias jurídicas inmediatas enfrentará el grupo si incumple los compromisos protocolizados dentro del Espacio de Conversación Sociojurídico?
¿Está el Gobierno preparado para suspender o replantear el proceso si los indicadores de violencia no muestran una reducción sostenida en el corto y mediano plazo?
¿De qué manera se garantizará la participación efectiva de las víctimas en el eventual proceso de sometimiento y esclarecimiento de la verdad?
¿El acuerdo incluye compromisos verificables sobre desmantelamiento de redes financieras y testaferros vinculados a extorsión y otras rentas ilícitas?
