Desalinización en Santa Marta: del ahogado el sombrero. ¡No más!

Por: Luis Miguel Moisés García

El discurso oficial sostiene que Santa Marta enfrenta un déficit hídrico por causas naturales. Los datos geográficos y científicos demuestran lo contrario. Los sistemas montañosos costeros tropicales interceptan eficientemente la precipitación y garantizan altas tasas de infiltración (Viviroliet al., 2007). Los datos oficiales desmienten la escasez. De acuerdo con los modelos del Servicio Geológico Colombiano y los Planes de Manejo Ambiental, el acuífero de Santa Marta resguarda cerca de 170 millones de metros cúbicos, mientras que el sistema Ciénaga-Fundación almacena unos 500 millones (SGC & Minambiente, 2014). Por su parte, la estrella hídrica de San Lorenzo, tal como se deduce de los balances del Estudio Nacional del Agua y los POMCA, mantiene una producción hídrica en estiaje que ronda los 15.000 litros por segundo (IDEAM, 2022). La dinámica ecohidrológica exige un caudal ecológico estricto de 12.000 litros por segundo para sostener el equilibrio del sistema (Minambiente & CORPAMAG, 2018). El excedente natural de 3.000 litros por segundo supera la demanda urbana. El desabastecimiento responde a la extracción irregular mediante más de 500 pozos ilegales, redes colapsadas y la impermeabilización del suelo que bloquea la recarga de los acuíferos.

Frente a esta situación autoinfligida, el Gobierno Nacional propuso construir una planta desalinizadora de 600 litros por segundo. Esta tecnología se aplica operativamente en zonas desérticas o sistemas insulares, pero en Santa Marta el proyecto coincide con los altos requerimientos de refrigeración para un centro de procesamiento de datos de capital extranjero. El modelo de contratación seleccionado es el tipo EPC, Ingeniería, Adquisiciones y Construcción, esquema jurídico que permite comprometer recursos públicos sin contar con estudios de impacto ambiental ni diseños definitivos. El Distrito planea ubicar la planta en Pozos Colorados, sobre la zona de amortiguación del último cuerpo cenagoso de la ciudad. Por otro lado, el Decreto 286 de 2026 de la Alcaldía declara un polígono cercano al puerto de Santa Marta como de utilidad pública; el problema radica en que la infraestructura requerida simplemente no cabe en las dimensiones de dicho lote. Sumado a esto, el Ministerio de Vivienda confirmó que el Distrito no posee la titularidad de los predios y nueve de los folios de matrícula requeridos pertenecen al Fondo para la Reparación de las Víctimas. Construir sobre terrenos sin sanear expone al Estado a demandas por lucro cesante.

La operación de la planta disparará la demanda eléctrica de la ciudad. El sistema de acueducto actual consume un megavatio. Una desalinizadora de esta escala exige entre 50 y 80 megavatios, consumo intrínseco para superar los límites termodinámicos de la tecnología de ósmosis inversa (Elimelech & Phillip, 2011). El proyecto plantea construir un parque solar distante. La regulación eléctrica colombiana exige que las plantas de generación separadas del punto de consumo inyecten la energía a la red nacional. El operador deberá pagar peajes de transmisión y recomprar la energía a precios de bolsa, transfiriendo directamente estos sobrecostos operativos a las tarifas ciudadanas y multiplicando su valor de siete a diez veces.

El proceso de desalinización genera un residuo hipersalino que concentra cloro, metales pesados y químicos antiincrustantes utilizados para el mantenimiento de las membranas. La descarga de este efluente reduce el oxígeno disuelto en el agua, hipoxia, y, al ser más denso que el agua de mar, forma plumas bentónicas en el fondo oceánico (Jones et al., 2019). Esta alteración genera un choque y estrés osmótico agudo que diezma las comunidades de invertebrados y macrófitas (Roberts et al., 2010). Vertirmiles de litros de salmuera diarios en ecosistemas catalogados en estado de estrés crónico por aguas residuales vulnera el principio de precaución ambiental (INVEMAR, 2023). El impacto medible es la degradación irreversible de pastos marinos, el blanqueamiento de los arrecifes coralinos y la disminución drástica de la biomasa pesquera artesanal.

Inyectar agua desalinizada de altísimo costo a la red actual es inviable financieramente. La ciudad opera sin un Plan Maestro de Acueducto actualizado desde hace 38 años. Las redes de distribución presentan un deterioro estructural generalizado y, en sectores populares, las conexiones fueron instaladas por los mismos habitantes sin especificaciones de ingeniería. En la gestión global del agua, incorporar fuentes hídricas de alto costo marginal en infraestructuras deterioradas es un error de ingeniería sanitaria y económica (Liemberger & Wyatt, 2019). En Santa Marta, las pérdidas técnicas comerciales y las fugas de almacenamiento residencial tipo albercas suman entre el 60% y el 67% del agua total que circula. La mayor parte del agua procesada se perderá en fugas subterráneas antes de abastecer a los usuarios de los barrios vulnerables.

Mi posición frente a este proyecto obedece estrictamente a variables técnicas. Soy un socialdemócrata. Voté por Gustavo Petro en segunda vuelta en 2018 y 2022, y participé activamente en la campaña en segunda vuelta de Iván Cepeda en 2026. Mantuve el rechazo técnico a la desalinizadora a pesar de ser impulsada por el gobierno al que voté. Del mismo modo, respaldo la decisión del Gobierno de Abelardo de frenar el proyecto, aun cuando he cuestionado públicamente sus políticas de seguridad en la ciudad. Paralelamente, le exigiré a este Gobierno que modifique el CONPES, el gran y verdadero logro de Gustavo Petro, difícil, sí; pero, obligatorio. Santa Marta requiere la formulación e implementación obligatoria de un Plan Maestro de Acueducto. Las inversiones en infraestructura deben orientarse directamente a recuperar los caudales de escorrentía, clausurar los puntos de extracción ilegal, reemplazar las tuberías obsoletas para mitigar las pérdidas y construir sistemas efectivos de tratamiento de aguas residuales. La disponibilidad hídrica depende de gestionar inteligentemente la oferta natural del territorio.

Referencias