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Indígenas y campesinos: víctimas de la guerra de la “Paz Total”
Los enfrentamientos armados en zona rural de Aracataca han dejado heridos, desplazamientos y comunidades confinadas. Organizaciones de derechos humanos advierten que la crisis humanitaria no es nueva: las alertas llevan años acumulándose sin respuestas estructurales del Estado.
Por: Arnol Sarmiento
Los enfrentamientos armados entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo continúan agravando la situación humanitaria en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes permanecen expuestas al fuego cruzado en medio de una confrontación que se ha intensificado durante los últimos meses.
La crisis más reciente se concentra en zona rural del municipio de Aracataca, Magdalena, donde los combates han dejado personas heridas, comunidades confinadas y nuevas familias desplazadas. Según registros del Observatorio de Conflictividades del Caribe Colombiano, los episodios de desplazamiento forzado en la región evidencian un patrón recurrente de violencia territorial en los últimos años.
Entre los casos documentados se encuentran el desplazamiento de 35 familias en agosto de 2023; 80 familias del pueblo indígena wiwa en febrero de 2024 desde la vereda El Limón; y, más recientemente, 46 familias desplazadas en marzo de 2026 desde comunidades rurales de Aracataca.
Estos registros muestran que la confrontación armada no constituye un episodio aislado, sino una crisis prolongada que se mantiene activa en el territorio.
Comunidades atrapadas en medio de la confrontación
La Plataforma de Derechos Humanos (PDHAL) alertó sobre el deterioro de la situación humanitaria mediante una carta abierta dirigida a los actores armados y a las autoridades del Estado.
De acuerdo con la organización, comunidades como Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku enfrentan actualmente un escenario crítico caracterizado por personas heridas, confinamientos, desplazamientos forzados, desapariciones y destrucción de viviendas y bienes de subsistencia.
Las organizaciones firmantes del pronunciamiento —entre ellas liderazgos sociales, defensores de derechos humanos y la Diócesis de Santa Marta— señalaron que los enfrentamientos afectan particularmente a comunidades del pueblo indígena arhuaco, así como a familias campesinas y poblaciones afrodescendientes que históricamente habitan el territorio.
En ese contexto, recordaron que tanto el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 como el Protocolo Adicional II sobre conflictos armados no internacionales obligan a las partes en confrontación a proteger a la población civil, garantizar trato humanitario a las personas fuera de combate y facilitar el acceso de misiones humanitarias imparciales.
La plataforma también reiteró la necesidad de declarar un cese al fuego humanitario inmediato y permitir la creación de corredores humanitarios temporales que faciliten la evacuación de heridos, el desconfinamiento de comunidades y el ingreso de ayuda humanitaria.
Misión humanitaria confirma afectaciones
La Defensoría del Pueblo confirmó parte de estas denuncias tras acompañar una misión humanitaria promovida por autoridades tradicionales arhuacas, en coordinación con la Gobernación del Magdalena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Durante la misión, realizada en inmediaciones de la comunidad de Gunmaku, el organismo verificó la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.
Según el reporte institucional, tanto el Clan del Golfo como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada manifestaron públicamente su compromiso de permitir la evacuación de heridos y respetar el tránsito de la misión humanitaria.
Sin embargo, la Defensoría también advirtió que los hechos constituyen la materialización de los riesgos ya advertidos en las alertas tempranas 020 y 013 de 2025, emitidas para esta región del Magdalena.
Ante este escenario, la entidad solicitó al Ministerio del Interior convocar una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), con el fin de coordinar acciones urgentes de protección y atención humanitaria.
Entre las necesidades identificadas en terreno se encuentran el suministro de agua potable, atención médica, insumos de salud y asistencia humanitaria para las comunidades confinadas.
Un conflicto que se repite
A pesar de los llamados humanitarios y de las alertas institucionales emitidas durante los últimos años, la confrontación armada en la Sierra Nevada continúa reproduciendo ciclos de desplazamiento y confinamiento.
Las organizaciones sociales recuerdan que desde 2023 se han promovido propuestas de acuerdos humanitarios territoriales para reducir las afectaciones contra la población civil, iniciativas que hasta ahora no han logrado traducirse en medidas sostenidas de protección.
Mientras tanto, las comunidades indígenas y campesinas de la Sierra Nevada —reconocidas constitucionalmente como sujetos de especial protección— continúan enfrentando las consecuencias directas del control armado sobre el territorio.
El territorio en disputa
La Sierra Nevada de Santa Marta se ha convertido en un corredor estratégico para distintos grupos armados ilegales que disputan control territorial, rutas y economías ilícitas.
Esa disputa se libra en un territorio donde habitan comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que hoy terminan siendo las principales víctimas de una confrontación que no controlan.
A pesar de las alertas tempranas, los llamados humanitarios y las misiones institucionales, la guerra continúa desplazándose entre veredas y comunidades.
Control institucional
Frente a este nuevo episodio de violencia territorial surgen interrogantes institucionales que aún no tienen respuesta clara:
¿Qué medidas estructurales ha adoptado el Gobierno nacional tras la emisión de las alertas tempranas para evitar que estas crisis se repitan?
¿Cuál es el plan integral de protección para las comunidades indígenas y campesinas de la Sierra Nevada?
¿Cómo se está garantizando la presencia efectiva del Estado en zonas donde el control armado sigue definiendo la vida cotidiana de la población civil?
Mientras estas respuestas no se traduzcan en acciones verificables en el territorio, la Sierra Nevada seguirá apareciendo periódicamente en los reportes humanitarios del país como un escenario donde la guerra continúa imponiéndose sobre las comunidades.
