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Editorial & Columnas

Gritos de fraude.  ¿Irresponsabilidad o realidades?

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Cada elección en Colombia viene acompañada de sospechas, denuncias y tensiones políticas. Eso es normal en cualquier democracia competitiva. Lo que no es normal ni saludable es instalar la idea de un fraude generalizado sin explicar cómo funciona realmente el sistema electoral ni aportar evidencias que respalden acusaciones de esa magnitud.

Buena parte de la confusión proviene de una idea equivocada muy extendida: que el resultado de una elección se define la misma noche de la votación. En realidad, ese momento corresponde apenas al preconteo, un procedimiento preliminar que realizan los jurados de votación cuando se cierran las mesas.

En esa etapa se cuentan los votos y se diligencian formularios como el conocido E14, que registra el resultado de cada mesa. Con base en esos datos la Registraduría transmite rápidamente información al país para mostrar tendencias. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el preconteo no define el resultado oficial de una elección. Su función es informativa.

El resultado oficial surge en una etapa posterior que muchas veces pasa desapercibida en el debate público: el escrutinio.

Durante el escrutinio se revisa nuevamente la votación mesa por mesa. Este proceso no lo realizan los jurados sino comisiones escrutadoras integradas por jueces y notarios, lo que introduce un control institucional adicional dentro del sistema electoral.

En esa etapa se comparan formularios, se revisan inconsistencias, se corrigen errores aritméticos o de transcripción y se estudian las reclamaciones presentadas por campañas y testigos electorales. También se pueden impugnar votos, anular aquellos que no cumplen los requisitos legales y eliminar irregularidades detectadas durante la revisión.

Incluso se destruyen los cartones sobrantes para evitar cualquier posibilidad de uso indebido. Todo el procedimiento tiene como propósito depurar el resultado y garantizar que el cómputo final refleje con la mayor fidelidad posible la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

Además, el escrutinio no ocurre a puerta cerrada. En esa etapa participan activamente los distintos actores del proceso electoral. Allí están presentes los apoderados de las campañas, los testigos electorales, las autoridades electorales y funcionarios de la rama judicial. Es precisamente en ese escenario donde se cuestionan resultados, se formulan reclamaciones y se corrigen errores.

Las inconsistencias en los formularios E14 existen en todas las elecciones. En muchos casos se explican por errores humanos en la sumatoria de votos o en la transcripción de datos. Pero esos errores no constituyen automáticamente fraude. De hecho, el diseño institucional del sistema electoral colombiano anticipa esa posibilidad y por eso incorpora el escrutinio como un mecanismo de verificación y corrección.

El sistema tampoco termina allí. Incluso después de finalizados los escrutinios existen mecanismos jurídicos para cuestionar los resultados de una elección. Las decisiones electorales pueden ser demandadas mediante acciones de nulidad electoral ante la jurisdicción contencioso administrativa, donde los jueces examinan si irregularidades graves pudieron afectar el resultado final.

En otras palabras, el sistema electoral colombiano no depende de un solo filtro sino de varias etapas sucesivas de control. Primero el conteo en mesa por parte de los jurados, luego la revisión detallada durante el escrutinio y finalmente la posibilidad de control judicial posterior.

Un fraude de la magnitud que irresponsablemente se denuncia en el debate político actual implicaría algo mucho más complejo que inconsistencias aisladas en formularios. Requeriría una operación coordinada y sistemática en decenas de miles de mesas de votación y la participación concertada de cientos sino miles de personas. Un fenómeno de esa escala dejaría huellas evidentes en todo el sistema electoral.

Denunciar irregularidades es legítimo y hace parte de la vigilancia democrática. Pero también implica una responsabilidad. Es profundamente irresponsable gritar fraude sin evidencias sólidas.

Las democracias se sostienen no solo en instituciones y reglas, sino también en la prudencia de quienes participan en la vida pública. Cuando se debilita la confianza en el voto sin pruebas que lo justifiquen, lo que termina erosionándose no es el gobierno de turno sino la credibilidad del sistema democrático mismo.