Paz total bajo fuego: el dilema que dejó la muerte de alias “Machaco”

La muerte de alias “Machaco” en Tumaco reabre el debate sobre los límites de la “paz total”: negociar con actores armados mientras mantienen control territorial plantea un dilema central para el Estado colombiano.

La muerte de alias “Machaco”, ocurrida el pasado 15 de marzo en una operación militar en Tumaco, volvió a poner en evidencia una de las tensiones más complejas de la política de seguridad y negociación del país. Según un comunicado de la Coordinadora Nacional del llamado Ejército Bolivariano, la operación del Ejército habría violado la Resolución 203 de 2025, documento que —según la organización— otorgaba algún tipo de protección dentro del marco de los diálogos con el Estado.

El grupo armado calificó el hecho como un “asesinato contra la paz”. Sin embargo, más allá de la narrativa de las partes, el episodio abre un debate más profundo sobre los límites y las contradicciones de la estrategia conocida como “paz total”.

EL LÍMITE ENTRE LA NEGOCIACIÓN Y LA GUERRA

Los procesos de paz en Colombia han enfrentado históricamente un dilema estructural: negociar con actores armados mientras estos continúan operando en el territorio. Las resoluciones o mecanismos administrativos que permiten la participación de delegados en mesas de diálogo no constituyen, por sí mismas, una inmunidad absoluta frente a operaciones militares.

El punto clave, por tanto, no es únicamente si alias “Machaco” estaba cobijado por una resolución oficial, sino qué rol desempeñaba realmente dentro de la estructura armada al momento de la operación.

Si continuaba ejerciendo mando territorial, coordinando actividades ilegales o manteniendo control sobre corredores estratégicos, la discusión deja de ser únicamente jurídica para convertirse en una cuestión de seguridad pública. La negociación exige gestos de distensión, pero también implica compromisos verificables de reducción de la violencia.

TUMACO: EL TERRITORIO DONDE SE MIDE LA PAZ

Tumaco representa uno de los escenarios más complejos del conflicto colombiano. Allí convergen economías ilegales, rutas estratégicas del narcotráfico y estructuras armadas que han consolidado control social sobre comunidades enteras.

En ese contexto, la narrativa de algunos grupos armados que presentan ciertos territorios bajo su influencia como “zonas seguras” suele contrastar con la realidad que denuncian comunidades, líderes sociales y autoridades locales. Confinamientos, amenazas y extorsiones siguen siendo parte del paisaje cotidiano en amplias zonas del Pacífico colombiano.

En muchos casos, lo que se presenta como “estabilidad” corresponde más a un orden impuesto por la fuerza de las armas que a una paz institucional basada en el Estado de derecho.

EL DEBATE POLÍTICO QUE VIENE

El episodio de Tumaco no ocurre en un vacío político. Por el contrario, llega en medio del debate nacional sobre el futuro de la política de paz en Colombia.

El senador Iván Cepeda, uno de los principales promotores de la estrategia de negociación con actores armados, ha defendido la necesidad de dar continuidad a la política de “paz total” como camino para reducir la violencia estructural en los territorios.

En contraste, sectores de oposición han cuestionado la eficacia de esa estrategia. La senadora Paloma Valencia ha planteado que los procesos de diálogo no pueden convertirse en espacios que permitan a estructuras armadas mantener control territorial mientras participan en negociaciones con el Estado.

Este contraste refleja una discusión más profunda sobre el rumbo de la política de seguridad del país: cómo equilibrar la búsqueda de una salida negociada al conflicto sin debilitar la capacidad del Estado para ejercer control efectivo sobre el territorio.

EL DESAFÍO PARA EL ESTADO

El caso de alias “Machaco” revela una tensión inevitable dentro de cualquier proceso de negociación con organizaciones armadas: el Estado debe simultáneamente negociar y ejercer autoridad.

Si las mesas de diálogo se perciben como espacios que permiten a las estructuras armadas mantener control territorial sin consecuencias, la legitimidad del proceso se erosiona rápidamente. Pero si las operaciones militares afectan a figuras vinculadas a los procesos de negociación sin reglas claras y transparentes, también se alimenta la desconfianza entre las partes.

LA PAZ COMO TEMA CENTRAL DE LA ELECCIÓN QUE VIENE

El episodio de Tumaco también anticipa uno de los debates que probablemente marcarán la próxima elección presidencial. La política de paz vuelve a ocupar el centro del debate político nacional.

Las posiciones de Iván Cepeda y Paloma Valencia reflejan dos visiones distintas sobre cómo enfrentar la persistencia del conflicto armado: una que privilegia la negociación como herramienta principal de transformación del conflicto y otra que prioriza el restablecimiento del control territorial del Estado como condición previa para cualquier proceso de paz.

LÍNEA DE CIERRE EDITORIAL

La experiencia colombiana demuestra que la paz no se construye únicamente en las mesas de negociación ni se sostiene solo con operaciones militares.

Se construye cuando el Estado logra algo mucho más difícil: negociar sin perder autoridad y ejercer autoridad sin cerrar las puertas de la paz.

Porque, al final, la verdadera pregunta no es si Colombia debe buscar la paz.

La pregunta es cómo hacerlo sin que el territorio siga siendo gobernado por el fusil mientras en Bogotá se firma el papel.