Metrópolis
Personería de Santa Marta pone en la lupa pagos sin cronograma a víctimas del conflicto armado
La discusión sobre la reparación a las víctimas del conflicto armado volvió a tomar fuerza en Santa Marta, esta vez con un respaldo institucional que pone el foco en un problema de fondo: la falta de claridad en los tiempos de pago de las indemnizaciones administrativas.
La Mesa Distrital de Participación Efectiva de las Víctimas decidió coadyuvar la demanda de nulidad simple interpuesta por la Personería Distrital ante el Consejo de Estado. La acción busca tumbar un apartado específico de la Resolución 01049 de 2019, expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que hoy regula, sin mayor precisión, la forma en que se asignan y pagan estas indemnizaciones.
El punto en cuestión no es menor. Según lo planteado en la demanda, la norma no fija turnos definidos ni establece plazos aproximados para el desembolso de los recursos. En la práctica, esto significa que miles de víctimas, aun teniendo reconocido su derecho mediante un acto administrativo en firme, no saben cuándo recibirán la compensación económica.
La consecuencia es una espera indefinida
Actualmente, muchas de estas personas están clasificadas en la llamada “ruta general”, un mecanismo que las somete al denominado Método Técnico de Priorización, aplicado año a año. Este sistema define quién recibe primero la indemnización, pero no garantiza tiempos concretos para quienes quedan por fuera de las prioridades inmediatas.
Surgen los cuestionamientos
Para la Mesa Distrital de Víctimas, esta falta de programación afecta principios básicos del proceso administrativo, como la seguridad jurídica y la confianza legítima. En términos simples: el Estado reconoce el derecho, pero no ofrece certezas sobre su cumplimiento.
La demanda también pone sobre la mesa otro elemento sensible: la justificación presupuestal. Según los argumentos expuestos, esta no debería ser suficiente para omitir la obligación de establecer un cronograma mínimo de pagos. De lo contrario, el derecho a la reparación corre el riesgo de quedarse en el papel.
Además, se advierte una posible vulneración al debido proceso administrativo, consagrado en la Constitución, al mantener a las víctimas en un escenario prolongado de incertidumbre.
El respaldo de la Mesa Distrital refuerza el alcance de la acción judicial y evidencia que no se trata solo de un debate jurídico, sino de una preocupación compartida por quienes viven directamente las demoras en la reparación.
Por su parte, la Personería de Santa Marta reiteró que continuará acompañando este tipo de iniciativas, enfocadas en garantizar que los derechos de las víctimas no solo sean reconocidos, sino efectivamente materializados.
Ahora será el Consejo de Estado el que determine si la norma se ajusta o no a los principios legales y constitucionales. Su decisión podría impactar la forma en que se gestionan las indemnizaciones administrativas en todo el país. Mientras tanto, el panorama sigue siendo el mismo para muchas víctimas: tienen el derecho, pero no el cuándo. Y en ese “cuándo” es donde hoy se concentra el debate.
