Golpe al sector de seguridad: suspenden 31 licencias por presuntos vínculos criminales

En las últimas horas se conoció que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada confirmó la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas presuntamente infiltradas por estructuras criminales, en una operación que deja al descubierto un preocupante patrón de ilegalidad.

La decisión fue anunciada este 14 de abril de 2026 por el superintendente Larry Álvarez Morales, quien advirtió que varias compañías habrían utilizado presuntamente permisos legales para facilitar actividades ilícitas, incluyendo el uso de armas y personal al servicio de organizaciones criminales.

Entre los casos más relevantes se encuentran dos empresas con sede en la ciudad de Barranquilla: Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., a las cuales la Supervigilancia ya les canceló la licencia en fallo de primera instancia, dentro de un proceso administrativo en curso.

Además, la entidad confirmó que otras ocho empresas más serán sancionadas próximamente, como resultado de investigaciones que aún se encuentran en curso.

Una modalidad reiterativa

Según la Supervigilancia, se habría identificado una modalidad reiterativa en algunas empresas del sector. Es decir, obtendrían licencias legales para operar, pero posteriormente estarían facilitando recursos, como armas o personal, a estructuras ilegales.

“El patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales”, explicó el superintendente.

Según las investigaciones, se habrían detectado armas autorizadas involucradas en hechos delictivos, así como posibles vínculos con delitos como lavado de activos y otras economías ilegales.

Trabajo con Fiscalía y Defensa

Uno de los puntos clave de esta ofensiva ha sido la articulación con entidades del Estado, especialmente la Fiscalía General de la Nación y el sector Defensa, lo que ha permitido:

* Fortalecer el control de armas en manos de particulares
* Avanzar en investigaciones con impacto judicial
* Mejorar el cruce de información para detectar irregularidades

Advertencia al sector de vigilancia

Aunque la entidad reconoció que la mayoría de las empresas operan dentro de la legalidad y que este sector genera empleo a más de 360.000 familias, fue enfática en su mensaje:

Cualquier empresa que incumpla la ley o sea utilizada para actividades ilícitas será sancionada con todo el peso institucional.

La Superintendencia reiteró su llamado a actuar con estricto apego a la ley y aseguró que continuará intensificando los controles con nuevas herramientas de inteligencia y análisis de datos.

Advertencias desde la Presidencia

Este caso no es aislado. El presidente Gustavo Petro ya había encendido las alarmas sobre el sector de la vigilancia privada.

El 27 de noviembre del año pasado, el mandatario denunció una discrepancia de cerca de 60.000 armas entre los registros de la Supervigilancia y la oficina de control de armas del Ejército, asegurando que esta diferencia no se originó durante su administración.

“Hemos reforzado la Superseguridad para que se blinde de la infiltración criminal”, afirmó el jefe de Estado, al tiempo que ordenó trasladar los archivos de la entidad a la justicia.

Además, el presidente señaló que durante el gobierno anterior se habría iniciado un proceso de “reparamilitarización” a través de empresas de seguridad privada, una situación que —según indicó— ya está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

La @SuperVigilancia continúa su lucha contra la infiltración criminal en el sector, ordenando la suspensión de 31 licencias. La entidad advierte un patrón en el uso de permisos legales para facilitar actividades ilícitas.
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— Supervigilancia (@SuperVigilancia) April 14, 2026