Propuestas nacidas en Santa Marta sacuden proyecto de ley sobre abuso clerical

La discusión sobre el abuso sexual en contextos religiosos dio un giro significativo en el Congreso de la República. La Alcaldía de Santa Marta logró que tres proposiciones fundamentales, construidas desde la atención directa a víctimas, fueran incorporadas en el Proyecto de Ley 315 de 2025, que avanza en la Cámara de Representantes.

La intervención estuvo a cargo de la secretaria de la Mujer, Íngrid Gómez Ceballos, quien expuso en audiencia pública argumentos sustentados en casos reales atendidos en la ciudad. El resultado no fue menor: las propuestas quedaron incluidas en el articulado de una iniciativa que busca crear la Comisión Nacional de Investigación para el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de víctimas de abuso sexual en contextos clericales y religiosos.

Las tres claves que cambian el enfoque

Las proposiciones introducen ajustes de fondo en un proyecto que, en su versión inicial, dejaba vacíos críticos:

Rutas de atención independientes: se plantea que los procesos no estén bajo ninguna influencia de instituciones religiosas, evitando que las víctimas deban denunciar ante estructuras que, en muchos casos, han protegido a los agresores.
Reconocimiento a mujeres adultas: se amplía el alcance de la ley para incluir explícitamente a mujeres mayores de edad, que no estaban claramente contempladas.
Prioridad absoluta a las víctimas: se establece como principio rector que los derechos de las víctimas estén por encima de cualquier interés institucional.

Durante su intervención, Gómez Ceballos fue directa: advirtió que en territorios donde la fe tiene un peso central, esa misma estructura ha sido utilizada como mecanismo de abuso y silenciamiento. Su llamado fue a que el Estado deje de proteger reputaciones y ponga en el centro a quienes han sido vulneradas.

Un proyecto que nace de la realidad, no del papel

El impulso de estas proposiciones no surgió desde el escritorio. Tiene un antecedente concreto: el 3 de abril de 2024, catorce mujeres denunciaron ante la Secretaría de la Mujer a un pastor de una iglesia cristiana reconocida en Santa Marta.

Según los testimonios, el religioso habría ejercido durante años manipulación emocional, coerción psicológica y control sobre sus víctimas, utilizando su autoridad espiritual como herramienta de sometimiento. Las consecuencias, de acuerdo con los relatos, impactaron su salud mental, estabilidad familiar, vida laboral y reconocimiento social.

Todas fueron atendidas con acompañamiento jurídico y psicosocial, evidenciando la necesidad de estructuras estatales sólidas e independientes para enfrentar estos casos.

Cifras que evidencian la impunidad

Los datos expuestos en el Congreso refuerzan la urgencia de la legislación:

Cerca de 585 sacerdotes han sido denunciados en Colombia por abuso sexual, el 94% en los últimos 20 años.
Solo 51 han sido condenados, incluyendo 9 en el exterior.
160 continúan ejerciendo el sacerdocio, pese a las denuncias.
La Fiscalía reportaba apenas 45 procesos abiertos frente a casi 600 casos.

Las cifras revelan un patrón: denuncias que no avanzan, procesos que se diluyen y víctimas que enfrentan el sistema sin garantías reales.

Un precedente en construcción

El Proyecto de Ley 315 de 2025 busca establecer mecanismos para investigar, esclarecer la verdad y garantizar reparación integral a víctimas de delitos sexuales en contextos religiosos, aplicable a todas las confesiones en el país.

De aprobarse, Colombia tendría por primera vez una comisión nacional enfocada exclusivamente en este tipo de abusos, un paso que responde a una deuda histórica con las víctimas.

La incidencia de Santa Marta en este proceso marca un precedente: desde lo territorial, con casos concretos y evidencia acumulada, se logró mover la discusión nacional hacia un enfoque más garantista. El reto ahora será que el Congreso no diluya lo avanzado y que la ley no termine siendo otra promesa sin dientes frente a una de las formas de abuso más silenciadas del país.