La SIC sanciona a tres empresas por presunta cartelización en contratos públicos

La SIC detectó presuntos acuerdos entre tres empresas para simular competencia en licitaciones públicas de entidades nacionales y regionales. Las multas superan los $2.600 millones y hacen parte de una ofensiva contra la cartelización en la contratación estatal.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció sanciones contra tres empresas del sector de publicidad, marketing y eventos por presuntas prácticas de colusión en procesos de contratación pública adelantados entre 2019 y 2023. Las multas impuestas superan los $2.600 millones de pesos.

Las compañías sancionadas son Constructora de Marcas S.A.S., Sintonizar Medios S.A.S. y Haute Protocole S.A.S., señaladas de coordinar su participación en al menos cuatro procesos contractuales para aparentar competencia ante entidades estatales.

De acuerdo con la investigación de la SIC, las empresas habrían estructurado acuerdos para manipular licitaciones públicas mediante estrategias que simulaban pluralidad de oferentes, cuando en realidad existiría coordinación entre las partes involucradas.

Los procesos investigados fueron adelantados por la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Educación de Bogotá, el Fondo Único TIC y la Gobernación del Quindío. Los contratos tenían presupuestos que oscilaban entre los $3.500 y $6.000 millones.

Entre las principales pruebas recopiladas por la autoridad de competencia se encuentra el préstamo de personal y hojas de vida entre empresas supuestamente competidoras para cumplir requisitos técnicos dentro de las convocatorias públicas.

La SIC también identificó subcontrataciones entre las mismas compañías investigadas, donde la empresa ganadora terminó contratando a otra de las firmas vinculadas al esquema para ejecutar parte de los contratos adjudicados.

Otro de los elementos detectados fue la utilización de los mismos asesores jurídicos para preparar propuestas presentadas como independientes dentro de los procesos de contratación.

Según el organismo de control, las empresas habrían implementado ofertas de cobertura o “cover bidding”, una práctica reconocida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como una modalidad típica de cartelización en compras públicas.

La Superintendencia declaró responsables tanto a las empresas como a personas naturales vinculadas al esquema, al considerar que habrían autorizado o facilitado las conductas anticompetitivas investigadas.

No obstante, la decisión aún no queda en firme debido a que contra el fallo procede recurso de reposición.

La SIC aseguró que este caso hace parte de la estrategia institucional para combatir la corrupción y la manipulación de la contratación estatal. Además, informó que durante la actual administración se han abierto 16 investigaciones similares y se han impuesto sanciones superiores a los $68 mil millones por casos relacionados con libre competencia en contratación pública.