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Una gobernadora amenazada… y un Magdalena que no quiere volver atrás
Por Víctor Rodríguez Fajardo
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, denunció públicamente la existencia de una presunta campaña organizada de desprestigio personal y matoneo mediático en su contra, que según afirma estaría siendo financiada por sectores afectados por las decisiones de su administración.
La denuncia tiene, por sí sola, una dimensión judicial y mediática evidente. Sin embargo, observada desde la geopolítica parroquial, revela algo mucho más profundo: una disputa por el poder real dentro del Magdalena.
Margarita Guerra llegó a la Gobernación respaldada por el entonces gobernador Rafael Martínez y por el fundador de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo. Su elección fue interpretada por muchos como la continuidad natural de un proyecto político que durante más de una década controló buena parte de las principales instituciones del departamento. Lo que ocurrió después con esos respaldos es parte del trasfondo que este texto intenta leer entre líneas.
Al asumir el cargo mantuvo gran parte del gabinete heredado de la administración anterior. Secretarios, asesores y funcionarios estratégicos permanecieron en sus puestos bajo la lógica de garantizar una transición sin traumatismos.
Pero pronto comenzaron las tensiones.
En los pasillos del Palacio Tayrona se hizo recurrente una frase que hoy cobra especial relevancia: «el mismo jefe mío es el de ella».
La expresión, que circulaba en ese entorno sin ser atribuible a nadie en particular, reflejaba una realidad incómoda para cualquier gobernante. Muchos funcionarios seguían respondiendo políticamente a liderazgos externos y no necesariamente a la nueva mandataria.
Según distintas versiones conocidas en los círculos políticos del Magdalena, algunos secretarios y asesores habrían impulsado decisiones administrativas atendiendo orientaciones provenientes de actores distintos a la gobernadora, muchas veces sin consultarla previamente.
Esa situación podría explicar la salida de funcionarios considerados hasta entonces inamovibles dentro de la estructura de poder heredada. Las salidas de las secretarías de Educación, Salud, General y varios asesores de despacho fueron interpretadas inicialmente como simples ajustes administrativos. Hoy parecen reflejar algo más profundo: la disputa por quién ejerce realmente la autoridad dentro del gobierno departamental.
La propia gobernadora confirmó recientemente en una entrevista para el programa De Frente con el Man del Sombrero, de Opinión Caribe, que los cambios dentro de su gabinete aún no han terminado y que únicamente las restricciones derivadas de la Ley de Garantías han frenado nuevas decisiones en cargos de libre nombramiento y remoción.
Ese detalle resulta fundamental.
Porque su denuncia pública deja entrever una sospecha política de enorme alcance: que detrás de la ofensiva en su contra podrían encontrarse sectores que perdieron capacidad de influencia sobre el manejo administrativo y presupuestal de la Gobernación.
Cuando Margarita Guerra habla de corrupción, privilegios perdidos y viejas prácticas de saqueo institucional, está enviando un mensaje que trasciende el debate mediático. Está insinuando que encontró dinámicas de poder que decidió desmontar. Y eso tiene consecuencias.
Sin embargo, quizás el error de muchos observadores ha sido interpretar este proceso como una ruptura política. Tal vez no lo sea.
Tal vez lo que estamos viendo es algo más elemental y al mismo tiempo más importante: una gobernadora ejerciendo plenamente la autoridad que le entregaron las urnas. Porque gobernar no es administrar herencias. Gobernar es tomar decisiones.
Y durante años buena parte de la política del Magdalena quedó atrapada en una lógica de confrontación permanente que terminó aislando al departamento de escenarios fundamentales para su desarrollo.
Denuncio públicamente un plan de matoneo mediático y desprestigio personal que está siendo financiado desde las sombras por personas desesperadas porque en el Magdalena se les acabó la comodidad de la corrupción, la negligencia y los negocios oscuros con los recursos del pueblo.… pic.twitter.com/0TtUWmQMyF
— Margarita Guerra (@mmarguiguerra) May 28, 2026
La prueba más evidente fue la relación con la Asamblea del Magdalena.
Durante el último año de la administración anterior, el enfrentamiento entre Ejecutivo y Asamblea alcanzó niveles que paralizaron iniciativas estratégicas para el departamento. El desacuerdo permanente impidió la construcción de consensos mínimos para sacar adelante proyectos sensibles para los magdalenenses.
El caso más representativo fue el del superávit fiscal, cuya discusión había estado bloqueada durante meses mientras miles de magdalenenses seguían esperando soluciones en sectores prioritarios.
Margarita Guerra llegó y el panorama cambió.
En pocos meses logró construir una mayoría de trece diputados, restableció los canales de comunicación institucional y consiguió la aprobación de iniciativas que permanecían represadas, entre ellas precisamente la del manejo de ese superávit.
No se trata de un asunto menor.
Detrás de esos acuerdos políticos existen recursos, inversión, ejecución presupuestal y capacidad de respuesta para las comunidades.
La diferencia entre el bloqueo y el consenso no es un titular político.
Es una carretera que se construye.
Es una obra que se ejecuta.
Es un proyecto social que deja de estar archivado.
Es un departamento que vuelve a funcionar.
Esa misma lógica de apertura se ha reflejado en otros escenarios.
Mientras durante años la política departamental estuvo marcada por la confrontación con diversos actores institucionales, la actual gobernadora ha construido espacios de diálogo con alcaldes, congresistas, sectores empresariales y el Gobierno Nacional.
Hoy es posible ver sentados en la misma mesa a dirigentes políticos que antes difícilmente compartían un escenario institucional.
Eso no significa ausencia de diferencias.
Significa capacidad de gobernar.
Y gobernar implica construir acuerdos.
Por eso la verdadera pregunta que deja esta denuncia no es quién estaría financiando una presunta campaña de desprestigio.
Esa respuesta deberán entregarla las autoridades si existen las pruebas que la gobernadora asegura poseer.
La pregunta política es otra.
¿Por qué una mandataria que ha logrado reducir la confrontación institucional, construir mayorías y abrir canales de diálogo se convierte ahora en objetivo de una presunta campaña de desestabilización?
La respuesta podría estar precisamente en aquello que algunos consideran su principal virtud y otros su principal pecado.
Su independencia.
Porque el poder real no consiste solamente en ganar elecciones.
El poder real consiste en decidir quién gobierna después de ganarlas.
Y todo indica que Margarita Guerra tomó la decisión de gobernar ella misma.
Por eso sus denuncias deben ser investigadas con todo el rigor institucional. Si existen pruebas de una campaña financiada para afectar su integridad personal, su honra o la estabilidad de su gobierno, los responsables deben responder ante la justicia. Y si tales pruebas no existen, también corresponde a las instituciones esclarecer los hechos.
Lo que no puede permitirse el Magdalena es regresar a los tiempos donde la política se administraba desde el miedo, la confrontación permanente y la lógica del enemigo.
Hoy más que nunca corresponde rodear las instituciones democráticas, proteger la vida y la honra de quienes ejercen funciones públicas y garantizar que las diferencias políticas se tramiten mediante el debate y no mediante la intimidación.
Y si algo parece haber entendido Margarita Guerra es que los magdalenenses no eligieron una administradora de herencias.
Eligieron una gobernadora.
