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Territorio & Poder

Imputan a exgobernadora de Arauca por presunto direccionamiento de $91.542 millones a AREMCA

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, por su presunta participación en un esquema de direccionamiento irregular de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), cuyo valor supera los 91.542 millones de pesos.

De acuerdo con el ente acusador, la exmandataria deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y peculado por apropiación simple.

La investigación, liderada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se centra en tres iniciativas relacionadas con la construcción de la red de alcantarillado pluvial en el sector Playitas de Arauca y la construcción de las celdas dos y tres del relleno sanitario del municipio de Tame.

Según la Fiscalía, mediante el Decreto 864 del 24 de mayo de 2022, Barrios Guarnizo habría designado como ejecutora de los proyectos y sus respectivas interventorías a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), pese a que esta organización, presuntamente, no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos exigidos para administrar recursos provenientes de regalías.

Además, las investigaciones determinaron que AREMCA no estaba inscrita en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT) del Ministerio del Interior, condición necesaria para asumir este tipo de responsabilidades.

Proyectos no estaban incluidos en la planeación oficial

Las pesquisas también establecieron que los proyectos aprobados no hacían parte del plan de desarrollo de la Gobernación de Arauca ni se encontraban registrados en el banco de proyectos del antiguo Fondo Nacional de Regalías.

La Fiscalía sostiene que durante las etapas de formulación, estructuración, viabilidad y registro de las iniciativas se habrían avalado documentos técnicos sin el respaldo de expertos competentes. Asimismo, señala que algunas certificaciones y actos administrativos habrían sido expedidos con fundamento en documentos falsos o de procedencia irregular.

Uno de los hallazgos más llamativos del expediente indica que entre los soportes utilizados figuraría un estudio topográfico atribuido a una persona que había fallecido ocho años antes de su supuesta elaboración y que, además, no contaba con título profesional como topógrafo.

Presunto detrimento superior a $40.000 millones

De acuerdo con el material probatorio recopilado, las actuaciones investigadas habrían permitido que terceros se apropiaran presuntamente de recursos públicos por cerca de 40.327 millones de pesos, mediante sobrecostos, apropiación de tributos territoriales y el manejo irregular de anticipos de elevada cuantía.

La Fiscalía indicó que este caso forma parte de las investigaciones priorizadas por el Grupo de Tareas Especiales creado para combatir posibles actos de corrupción relacionados con los recursos del Sistema General de Regalías, uno de los principales mecanismos de inversión pública en las regiones del país.

La exgobernadora no aceptó los cargos formulados durante la audiencia de imputación y el proceso continuará en las etapas judiciales correspondientes.