El florero cambió, la silla no

Del 20 de julio de 1810 al Congreso de 2026, Colombia sigue confundiendo la disputa por el poder con la conquista de la libertad

Por Víctor Rodríguez Fajardo

El 20 de julio de 2026 no necesitó un florero. Llegó con las urnas todavía calientes, un presidente electo, un mandatario saliente que convocó un “segundo grito de independencia” y un Congreso recién elegido que alcanzó el Capitolio sin acuerdo claro sobre quién debía presidir sus primeras mesas directivas. La disputa entre Alfredo Deluque, respaldado por De la Espriella, y Honorio Henríquez, impulsado por el Centro Democrático, llegó al punto en que los votos del Pacto Histórico —los derrotados en la elección presidencial— podían terminar decidiendo cuál facción de los vencedores ocuparía la presidencia del Senado.

Más colombiano, imposible.

Doscientos dieciséis años después, cambiaron la vajilla, los uniformes y las redes sociales, pero la pregunta continúa siendo la misma: quién manda, en nombre de quién y con qué derecho.

El 20 de julio de 1810 no fuimos plenamente independientes. Tampoco derrotamos a España. Mucho menos amanecimos convertidos en una república organizada. Lo que ocurrió fue una revolución política, importante pero ambigua. Los protagonistas destituyeron al virrey, establecieron una Junta Suprema y afirmaron que la soberanía pertenecía al pueblo, pero todavía reconocían los derechos de Fernando VII. Tan extraña era aquella ruptura que el propio virrey depuesto fue proclamado inicialmente presidente de la nueva Junta. Queríamos dejar de obedecerlo sin admitir todavía que habíamos dejado de obedecer al rey.

El famoso Florero de Llorente fue apenas la excusa. La pólvora llevaba años acumulándose. Los criollos tenían dinero, haciendas, educación y apellido, pero los principales cargos del gobierno colonial seguían en manos de los peninsulares. La invasión napoleónica abrió una rendija y ellos metieron el pie. Sin embargo, tampoco conviene repetir la versión según la cual unos cuantos señores ricos movieron al pueblo como si fuera parte del mobiliario. La multitud tuvo voluntad propia. La presión popular obligó a convocar el cabildo y terminó empujando los acontecimientos más allá de lo que algunos organizadores habían calculado.

No todos querían lo mismo. Unos pretendían mayor autonomía dentro de la monarquía. Otros aspiraban a la separación absoluta. Algunos defendían la soberanía de las provincias; otros querían que Santafé dirigiera el nuevo orden. Había quienes hablaban de los derechos del pueblo mientras procuraban mantener intactas las jerarquías sociales. La independencia comenzó, precisamente, como comienzan casi todos los procesos políticos de verdad: llena de contradicciones.

Después vino la Patria Boba. Centralistas y federalistas discutieron cómo debía organizarse el territorio. La controversia llegó a las armas. Pero llamarlos simplemente “bobos” sería repetir otra simplificación: durante aquellos años se redactaron constituciones y se combatió a los realistas en distintos frentes. La tragedia no estuvo en debatir. La tragedia estuvo en convertir la diferencia política en una lucha por la primacía mientras el proyecto común seguía siendo frágil. España regresó con Pablo Morillo. La experiencia demostró que un acta podía desafiar un poder, pero no bastaba para reemplazarlo. La libertad necesitaba instituciones, legitimidad y ejército.

La Campaña Libertadora de 1819 cambió el tablero. Boyacá aseguró el centro del virreinato. Pero ni siquiera la victoria resolvió la pregunta de fondo. La Gran Colombia terminaría despedazada por los regionalismos y las ambiciones de quienes habían combatido juntos. Derrotaron al rey, pero no la tentación de comportarse como pequeños monarcas.

Y ahí comienza el parecido incómodo con 2026.

No estamos en 1810. Colombia no es una colonia y los desacuerdos deben resolverse mediante votos, leyes y tribunales. Comparar literalmente ambos momentos sería irresponsable. Sin embargo, la gramática del poder se parece demasiado.

Una coalición que parecía unida mientras tuvo un enemigo común comenzó a fracturarse apenas apareció una silla disponible. De la Espriella y el uribismo comparten buena parte de su visión sobre seguridad y orden, y ganaron juntos. Luego llegaron al Capitolio y descubrieron que vencer es más fácil que repartir. Esta es nuestra nueva versión de la Patria Boba: dirigentes que pueden ponerse de acuerdo sobre quién debe perder el poder, pero no sobre cómo compartirlo después de la victoria.

El problema no es solo personal. Es estructural. El hiperpresidencialismo colombiano convierte cada elección en una especie de refundación. Los partidos funcionan más como plataformas de acceso al poder que como vehículos de ideas programáticas. En ese sistema, quien gana tiende a creer que la victoria le otorga no solo el derecho a gobernar, sino el derecho a redefinir las reglas del juego. Y quien pierde tiende a creer que cualquier concesión equivale a una capitulación. El resultado es una política en la que negociar se vuelve sospechoso y ceder se interpreta como debilidad.

Al otro lado tampoco reina la serenidad republicana. Gustavo Petro escogió su último 20 de julio para convocar un “segundo grito de independencia” y anunció que no asistiría a la posesión de su sucesor. Del otro lado, hubo intentos de trasladar la posesión presidencial a un escenario militar fuera del Capitolio. Uno quiere despedirse como conductor de una revolución inconclusa. El otro quiere llegar como fundador de un nuevo orden. Y la República, atrapada entre ambas representaciones, corre el riesgo de convertirse en una competencia de símbolos en la que los rituales institucionales —que son precisamente los que permiten la alternancia— terminan siendo tratados como obstáculos.

Ese es el peligro de convertir cada elección en una guerra de independencia. El que gana se proclama libertador. El que pierde denuncia una reconquista. El adversario deja de ser un rival legítimo y se transforma en colonizador o usurpador. En ese lenguaje nadie negocia: todos capitulan. Nadie concede: todos se rinden.

La democracia no consiste en derrotar definitivamente al otro. Consiste en aceptar que el otro puede ganar, gobernar con límites y después perder. La alternancia no es una invasión extranjera. La oposición no es sedición. Una mayoría electoral no es una corona y una mesa directiva no es un trono.

Esa es la lección que todavía no terminamos de aprender del 20 de julio.

En 1810 comenzó a trasladarse la soberanía del rey hacia el pueblo. En 2026 seguimos invocando al pueblo mientras muchos dirigentes actúan como si los votos les entregaran derechos monárquicos. Unos creen que ganar les permite refundar el país. Otros creen que haber gobernado antes les otorga propiedad sobre una corriente política. Algunos se presentan como insurgentes contra el sistema hasta el momento en que consiguen sentarse en su cabecera. Y entonces descubren que el sistema no les disgustaba tanto: simplemente les molestaba no dirigirlo.

La independencia no consiste únicamente en cambiar al que manda. Consiste en cambiar la manera de mandar. Y eso no se logra con discursos de ruptura ni con disputas por cuotas de poder. Se logra cuando los actores políticos aceptan que las instituciones existen precisamente para que nadie —ni el que llega ni el que se va— pueda tratar el Estado como propiedad temporal. Cuando se entiende que negociar no es traicionar y que ceder espacio no es perder la guerra. Cuando se deja de confundir la posesión del poder con su legitimidad.

Doscientos dieciséis años después, seguimos discutiendo la mesa antes que el país, la presidencia antes que el programa, el turno antes que las reglas del juego. Celebramos que dejamos de obedecer a un rey, pero cada cuatro años buscamos a quién coronar. Mientras tanto, el país —ese que estuvo en la plaza en 1810, el que votó en 2026 y el que aparece en las estadísticas de pobreza y desigualdad— sigue esperando que alguien entienda que la libertad no se mide por quién se sienta en la silla, sino por lo que esa silla ya no permite hacer.

El florero cambió.
La silla, todavía no.