“Mi hija tenía el pijama mal puesto y Caicedo estaba con su pene por fuera”:  la grave denuncia contra el líder de Fuerza Ciudadana

La acusación, presentada por la madre de la menor, describe hechos ocurridos cuando la niña tenía ocho años y relata amenazas, manipulación económica y actos que, de comprobarse, podrían configurar agravantes por posición de confianza. La investigación está en indagación; la Fiscalía y Medicina Legal actúan bajo protocolos de protección a la víctima. Este medio se abstiene de identificar a la denunciante y a la menor involucrada, y recuerda que Caicedo goza de la presunción de inocencia mientras el proceso no arroje una decisión judicial en firme.

Por: José D. Pacheco Martínez & Víctor Rodríguez Fajardo

Colombia no ha logrado bajar, en los últimos años, el número de niños, niñas y adolescentes que Medicina Legal examina por presunto delito sexual a pesar del dinero invertido en programas y políticas públicas en ese sentido. Entre enero y abril del año en curso, Medicina Legal practicó 4.800 exámenes por presunto delito sexual contra niños y niñas. Eso significa que, en promedio, un poco más de 38 menores de edad fueron evaluados cada día por sospecha de abuso sexual.

Todos esos cuerpos de niños, precisan varios defensores de derechos humanos, tuvieron que ser revisados, documentados, fotografiados, porque alguien —un padre, un tío, un vecino, un líder político— decidió que ese frágil ser era un territorio de conquista. Ese dato es más desgarrador cuando se entra al detalle del contabilizador de exámenes, porque la entidad le practicó en ese periodo a 960 a niños de 6 a 11 y 449 a menores de cinco, entre ellos bebés de meses. El propio director del Instituto proyecta que este año podría acercarse a los 15.000 casos.

Este es un indicador que nunca tiene nombre propio en las páginas de los informes institucionales, tampoco aparece el presunto perpetrador, quien regularmente está en el círculo cercano de la víctima. Una denuncia de esta naturaleza contra Carlos Eduardo Caicedo Omar, exgobernador del Magdalena, exalcalde de Santa Marta y hasta hace poco aspirante presidencial por el movimiento Fuerza Ciudadana, también confirma esa dinámica victimizante.

“Presentaba una erección visible”

Caicedo Omar es un viejo conocido de la Fiscalía que le tiene activos varios juicios, pero, desde principios de este año, su nombre resonaba en los pasillos del ente acusador por temas de violencia sexual.  En enero de 2026, la emisora La FM reveló los testimonios de mujeres que trabajaron en su entorno y describieron a un hombre que ofrecía ascensos y condicionaba oportunidades laborales a cambio de favores sexuales, y que, cuando encontraba resistencia, castigaba con el ostracismo político.

“La única forma de poder escalar dentro del movimiento era acceder a las pretensiones que él nos pedía”, relató una de las denunciantes. Los chats atribuidos a Caicedo no dejaban lugar a dudas: “conmigo se escala rápido si me complace”. La frase, cruda y descarnada como se lee en la denuncia, resume la lógica de un depredador que confunde el liderazgo con la propiedad sobre los cuerpos de las mujeres que lo rodean, una suerte de derecho de pernada moderno.

Pero el patrón no se detenía en el acoso a adultas, Carlos Caicedo afronta una indagación por presunto abuso sexual contra una menor de edad. La niña, que hoy tiene once años, tenía ocho cuando ocurrieron los hechos. Este medio tuvo acceso al documento original de esa denuncia, radicado en junio de 2026 ante la Unidad de Reparto de la Fiscalía General de la Nación por la madre de la menor, en su condición de representante legal. Según ese relato, el contacto entre la denunciante y Caicedo, suspendido por largo tiempo, se reanudó por una gestión de cobro ajena a ella.

La denuncia, describe un descenso al infierno que comenzó con una promesa de ayuda y terminó con una madre intentando quitarse la vida. Según el escrito, Caicedo le consiguió trabajo en la Secretaría de Salud distrital, le brindó apoyo económico y se mostró como un protector.  Uno de los primeros hitos de la narración, sucedió en marzo de 2023, el hoy denunciado invitó a la madre y a su hija de ocho años a un apartamento cerca del hotel Irotama a una fiesta que terminó mal. “Lo único que recuerdo de esa noche es que vomitaba de forma reiterada”, se lee en uno de los apartes del documento.

Después de ese incidente, la mujer acepta haber ido un par de veces más al mencionado inmueble y por lo que se percibe en el relato, alcanzó cierto grado de confianza con el denunciado, pues se quedaba en el apartamento hasta altas horas de la noche. Solo cuatro meses después de retomar el contacto, la situación se salió de control. El 17 de julio de 2023, precisa la denuncia que Caicedo llegó en estado de alteración y le exigió quedarse a solas con la niña «para preguntarle qué le estaba ocultando» y le ordenó permanecer en una habitación diferente mientras ejecutaba el interrogatorio.

“Al percibir la situación extraña, no permanecí en la habitación ni siquiera un minuto, pues la situación me generó desconfianza inmediata. Al salir, observé que mi hija tenía el pijama mal puesto y que Caicedo estaba con su pene por fuera y presentaba una erección visible. Estas circunstancias constituyen el hecho central en que me percaté de lo ocurrido con mi hija”, explicó la mujer en el escrito.

Esa misma madrugada, sostiene la mujer que, al verse descubierto, Caicedo intento constreñirla. «Él me amenazó de manera grave y reiterada, profiriendo expresiones en el sentido de que me iba a tirar desde el noveno piso del edificio y que iba a acabar y destruir mi vida y la vida de toda mi familia».  Siguiendo la secuencia de esa noche de horror, la denunciante hace otra grave denuncia “Caicedo intentó agredirme sexualmente. Como pude, logré salir del apartamento con mi hija y ambas esperamos en la recepción del edificio hasta […] que tomamos transporte desde el sector de Irotama para regresar a nuestra casa”.

“He sido víctima de manipulación psicológica”

Según la denuncia, partir de ese momento, se habría desplegado una estrategia de presión y manipulación sostenida, con posibles implicaciones agravantes y ramificaciones hacia terceros que eventualmente podría ser vinculados a la indagación y posterior proceso, si hay méritos.

A través de WhatsApp el líder político y referente regional que le había tendido la mano se convirtió en otra persona, pues de acuerdo con la madre denunciante, éste le enviaba mensajes cuyo contenido, según su parecer, pretendían “hacerme sentir culpable por lo ocurrido; amenazarme con acabar y destruir mi vida y la de mi familia; amenazarme con acudir a la Fiscalía a denunciarme”.

En uno de los puntos más duros de la denuncia, se describe a un sujeto con conducta de dominación coercitiva, capaz de combinar presión sexual, hostigamiento psicológico y represalias contra el entorno de la víctima. “Caicedo me enviaba mensajes en los que me exigía que llevara a mi hija menor a donde él se encontrara, con el propósito de acceder sexualmente a la niña y también a mí”, afirma la denunciante, quien líneas más adelante deja ver otro de los mecanismos utilizados y las reacciones frecuentes de los presuntos agresores con ese perfil.

“En repetidas ocasiones —calculo que entre cuatro y cinco veces— Caicedo me envió dinero con ese propósito, y en todas las ocasiones decliné ir, simulando que acudiría y luego desapareciendo del contacto. Cuando lo dejaba plantado, Caicedo reaccionaba atacándome, acosándome y extendiendo la represalia a mi entorno laboral y familiar”, detalla la mujer.

Uno de los puntos de inflexión sobre la presunta red de manipulación que ejercen Caicedo y su círculo cercano con algunas mujeres, según la denuncia, ocurrió el día 23 de junio de 2023, cuando tomo partido otra persona. “En horas de la mañana del mismo día, la señora Virna Jhonson se comunicó para indagar por el paradero de mi hermana menor, manifestando que se dirigía al lugar donde esta se encontraba con el fin de que el señor Caicedo sostuviera conversación con ella”, dice el escrito.

La menor confesó

Mientras la madre vivía, según su relato, un infierno por cuenta de Carlos Caicedo y varios de sus colaboradores políticos y burocráticos, la menor de edad empezaba a presentar los típicos síntomas de alguien que viene siendo objeto de abuso o violencia sexual. “A lo largo de estos años mi hija ha presentado bajo rendimiento escolar episodios de agresividad, autolesiones (rascarse y arañarse la piel hasta dejar marcas), destrucción de objetos (incluyendo un teléfono celular), gritos y crisis emocionales que se intensificaron”, confiesa la madre.

Lo que parecía una simple sospecha, se confirmó en febrero de 2026, cuando agobiada por lo que estaba pasado, la menor explotó. «Me envió un mensaje diciéndome: ‘mami venme a buscar, porque yo hablé con Alexandra, la esposa de Caicedo y le conté todo lo que me pasó. No me vayas a regañar”, reseña la denuncia.

Finalmente, en lo que respecta a los hechos, la menor, comentó con su madre y a otros familiares el presunto modus operandi utilizado por el líder del Movimiento Fuerza Ciudadana y hasta hace poco candidato presidencial coavalado por el Partido Comunes, originado tras el Acuerdo de Paz con las Farc. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP dio a conocer recientemente que seis exintegrantes del Secretariado son máximos responsables por delitos relacionados con violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas, asimismo, señaló que en el Caso 07 participan 9.854 víctimas.

“Mi hija nos contó —a mí y a mi hermana menor— que Caicedo “la manipulaba sexualmente” y que los regalos que él enviaba para la niña eran, a su entender, la forma de comprar su silencio. Mi hija también refirió que Caicedo la había bañado. Estos últimos elementos los refirió mi hija a mi hermana menor, sin que yo haya interrogado directamente a la niña sobre los detalles, por considerarlo inconveniente desde el punto de vista psicológico para ella y para mí”, puntualizó la denunciante.

Delitos, circunstancias de agravación y penas posibles

La consulta pública del Sistema Penal Oral Acusatorio confirma que existe una noticia criminal activa —radicado 470016001018202601533— por acceso carnal violento (artículo 205 del Código Penal), con hechos registrados el 2 de julio de 2026 en Santa Marta. El caso fue asignado el 7 de ese mes a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a través de su Grupo de Intervención Temprana de Entradas, y permanece en indagación, fase en la que se recogen elementos probatorios antes de decidir si hay mérito para imputar cargos.

En su escrito, la denunciante se pone a disposición de la justicia «las conversaciones sostenidas con el señor Carlos Eduardo Caicedo Omar a través de la aplicación de mensajería WhatsApp» y todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que permita esclarecer los hechos puestos de presente.

Partiendo de esa realidad, el Código Penal colombiano tipifica los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales a partir del artículo 205. Aunque la noticia criminal consultada en el SPOA registra por ahora un único delito: acceso carnal violento, artículo 205, sancionado con pena de 12 a 20 años de prisión.

Sin embargo, los hechos narrados en la denuncia, de comprobarse, podrían encuadrar en tipos penales adicionales: el acceso carnal abusivo con menor de 14 años (artículo 208, de 12 a 20 años) o los actos sexuales con menor de 14 años (artículo 209, de 9 a 13 años), según si se acredita o no penetración en el sentido que define el artículo 212 del mismo código. Es oportuno mencionar aquí, que la etapa de indagación existe precisamente para establecer, con el material probatorio, cuál o cuáles tipos penales corresponden a los hechos.

El Código Penal contempla además circunstancias que agravan la pena (artículos 211 y 211-A) cuando el agresor tiene una posición de autoridad, confianza o cercanía con la víctima, cuando hay pluralidad de agresores, o cuando se produce un daño físico o psicológico adicional. La propia denuncia atribuye a Caicedo un rol de sostén económico y de intermediación laboral frente a la familia de la menor, lo que, de acreditarse en un eventual juicio, encajaría en la lógica de esas agravantes.

Si se ahonda mucho más en la narración, la denuncia introduce un hecho que podría constituir un delito autónomo frente a la posible obstrucción del proceso judicial y que quedó registrado así en el escrito que dio apertura a la noticia criminal: «escuché una conversación en la que Caicedo indagaba sobre el estado de audiencias pendientes y sobre cuánto costaba mantener ‘quieta’ a una persona en dicha entidad para que no avanzara un proceso».

En ese sentido, es claro que si la Fiscalía encuentra sustento para esa afirmación, podría abrirse una línea de investigación separada por presunto tráfico de influencias o cohecho, delitos que se suman —y no sustituyen— a la eventual responsabilidad por los hechos de naturaleza sexual.

Vale precisar que ninguna de estas calificaciones está aún definida, en el entendido de que la Fiscalía se encuentra en indagación, es decir, no ha formulado imputación, y corresponderá a un juez de control de garantías y, eventualmente, a un juez de conocimiento, determinar si existe mérito para acusar y, después condenar.

Marco especial de protección para niños víctimas de delitos sexuales

La legislación colombiana rodea de garantías reforzadas a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de delitos sexuales, partiendo del principio del interés superior del menor consagrado en la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia). Su artículo 192 ordena a todo funcionario judicial tener en cuenta ese interés superior y la prevalencia de los derechos del niño en cualquier actuación derivada del proceso, y el artículo 193 fija procedimientos especiales —entre ellos la posibilidad de decretar reserva de la identidad— para estos casos.

Un pilar de ese marco es la llamada entrevista única. La Ley 1652 de 2013 dispone que los niños, niñas y adolescentes víctimas de los delitos del Título IV del Código Penal sean entrevistados, preferiblemente, una sola vez, en una Cámara de Gesell o en un espacio acondicionado a su edad y etapa de desarrollo, con grabación audiovisual y a cargo de personal entrenado en entrevista forense.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia C-177 de 2014, precisó que esa entrevista debe practicarse solo cuando sea estrictamente necesaria, para no afectar los derechos de la víctima menor de edad ni forzarla a revivir los hechos más de lo indispensable.

Siguiendo esa lógica, la propia denunciante, en su escrito, invoca ese régimen especial al pedir explícitamente la intervención de un profesional acreditado. «Autorizo expresamente que mi hija menor sea entrevistada por un psicólogo forense especializado en menores víctimas de violencia sexual, en el marco del proceso penal que se pretende iniciar», solicita la denunciante. Esa autorización activa, en la práctica, el protocolo de entrevista única al que están obligadas la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal, y es también la vía formal para que la niña acceda a atención psicológica especializada y a las medidas de protección que la ley reserva para las víctimas menores de edad de este tipo de delitos.

Una opinión pública dividida

Conocida la denuncia, las redes sociales reprodujeron en horas la misma polarización que ya había marcado los señalamientos de enero. Por un lado, voces de solidaridad con las víctimas y por otro, quienes usan sus espacios para defender al líder político. La defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, se instala en el primer grupo y cierra filas en favor de la madre y su hija afectada.

“Como mujer, sobreviviente de violencia sexual y defensora de derechos humanos, mi solidaridad está con quien tuvo el valor de denunciar y con todas las víctimas que aún guardan silencio por miedo. Exijo una investigación pronta, rigurosa y libre de cualquier presión política. Le creo a las víctimas, este relato es cruel y aberrante”, escribió Vera Salazar en su cuenta en X.

Por la misma red, también se pronunció la representante a la Cámara Luz Pastrana, quien conminó a todas las mujeres del país a quitarse la camiseta y la ideología política para respaldar unas denuncias de tamaña gravedad. “Si las denuncias contra Carlos Caicedo se confirman, debe caer sobre él todo el peso de la ley. Sin privilegios, sin cálculos políticos y sin silencios convenientes. Espero ver el mismo nivel de indignación de quienes dicen defender a las mujeres y a los menores. El feminismo y la solidaridad no pueden ser selectivos”, posteó la congresista.

Otra voz femenina y conocida por Fuerza Ciudadana que se sumó a las declaraciones, fue la jefe de Contratación departamental, Jenny Camacho Neuto, quien de manera ecuánime solicito intervención urgente y oportuna de las autoridades competentes. “. Las acusaciones de abuso contra menores son extremadamente graves y merecen ser investigadas a fondo con rigor, respeto y sin revictimizar a quienes denuncian. Espero que el proceso permita esclarecer los hechos con celeridad y que garantice justicia, protección y el debido proceso para todas las personas.”

Opinando de manera más afín a su jefe político, Luis Fernando Pinzón Bolaño, emitió un largo mensaje destacando su experiencia personal con el denunciado y atribuyendo este movimiento a asuntos de índole política. “Lo han señalado y acusado de muchas cosas, pero hoy lo hacen del más aberrante de los delitos, y tengo que decir que jamás he presenciado ni evidenciado conducta que me haga inferir de su responsabilidad en tan execrables, reprochables y repudiables señalamientos y acusaciones, pero sí he sido testigo de su solidaridad, respaldo, apoyo, resiliencia y su capacidad, y la de su familia, de enfrentar estoicamente los sistemáticos señalamientos y acusaciones, como el que durante 20 años tuvo que enfrentar injusta e indolentemente”, trinó.

Rafael Martínez, uno de los más fieles escuderos de Caicedo también salió al frente, yendo más allá, cuestionando la credibilidad del abogado que impulsa la denuncia, a quien atribuyó un proceso abierto por presunta manipulación de testigos y un interés político en las acciones llevadas a cabo en la Fiscalía. “Que se investigue y que la justicia determine la verdad, con todas las garantías. Pero también que nadie utilice temas tan delicados como arma de persecución política. No nos vamos a silenciar, pero tampoco vamos a renunciar a la verdad ni al debido proceso”, solicitó el anulado gobernador del Magdalena.

Más allá de todo el trasfondo político al que quieren llevar el debate algunas personas, es imperativo que la Fiscalía y los expertos de Medicina Legal ejecuten debidamente los protocolos para estos casos, porque mensajes del tipo “si yo hubiera sabido que tu hija no contaba nada, se la hubiera metido”, según la denunciante enviados en un periodo de debilidad como el posparto, dejan ver cierto grado de sevicia en el actuar y explican porque la, desde el relato, atrapada mujer, está “en tratamiento psiquiátrico y psicológico por depresión y ansiedad” y ha intentado quitarse “la vida en varias ocasiones” .

Fiscalía General de la Nación – Sistema Penal

Nota: al final de esta edición Carlos Caicedo Omar no se había pronunciado públicamente sobre los hechos denunciados.