LOS ACTIVOS DE LA NACIÓN QUE PUEDEN CAMBIAR LA CIUDAD.

Una agenda para destrabar la transformación urbana, social, turística y metropolitana de Santa Marta.

El aeropuerto, Pozos Colorados, Playa Lipe, el ferrocarril, la cárcel Rodrigo de Bastidas y la sede inconclusa de la ESAP no son asuntos separados. Son piezas de una misma deuda territorial.

Presentado por: OPINIÓN CARIBE

Carta abierta al gobierno que llega

El 7 de agosto comienza un nuevo gobierno nacional y, para Santa Marta, se abre una oportunidad poco frecuente. El presidente electo Abelardo de la Espriella juega de local: conoce la ciudad, sus conflictos, sus activos desperdiciados y las decisiones aplazadas que han condicionado su crecimiento. Buena parte de su círculo político y de confianza tiene raíces samarias. Esa cercanía no garantiza soluciones, pero elimina la excusa del desconocimiento.

Opinión Caribe presenta este documento como una propuesta periodística, no como un catálogo de ocurrencias ni como un pliego de favores regionales. Su propósito es poner sobre la mesa una conversación que la ciudad ha evitado durante décadas: qué hacer con las infraestructuras y los terrenos de la Nación que, por su localización, tamaño o abandono, hoy frenan el desarrollo urbano de Santa Marta.

La Nación tiene en Santa Marta activos esenciales para la aviación, la defensa, la energía, el transporte férreo, el sistema penitenciario y la educación pública. Algunos siguen cumpliendo funciones indispensables; otros quedaron obsoletos, inconclusos o atrapados por el crecimiento urbano. El punto no es despojar al Estado ni privatizar la ciudad. Es revisar cada uso, demostrar qué debe permanecer, trasladar lo incompatible, terminar lo abandonado y convertir el suelo liberado en capital para financiar la transformación.

Resumen ejecutivo

Santa Marta necesita un acuerdo de largo plazo entre la Presidencia, el Distrito, el Departamento, las entidades nacionales, los municipios vecinos, el sector privado y las comunidades. El acuerdo debe organizarse alrededor de siete decisiones estratégicas:

1. Formular y someter a consulta la creación de un área metropolitana con Santa Marta como núcleo, inicialmente junto con Ciénaga y Zona Bananera, evaluando técnicamente la incorporación de Pueblo Viejo.
2. Estudiar un nuevo aeropuerto internacional metropolitano en el corredor Ciénaga–Zona Bananera y planificar desde ahora la reconversión del suelo del actual Simón Bolívar.
3. Estructurar un gran proyecto turístico, ambiental y urbano en Pozos Colorados sobre los terrenos de la antigua Corporación Nacional de Turismo, articulándolo con una eventual relocalización de la infraestructura terrestre de Ecopetrol o Cenit.
4. Construir una variante ferroviaria de carga y trasladar los talleres de Fenoco, recuperando el corredor actual para vías, transporte público, parques y reconexión de barrios.
5. Trasladar concertadamente el complejo militar del Cantón Córdova, construir instalaciones modernas y abrir Playa Lipe al uso civil, público y turístico sin privatizar la playa.
6. Terminar y poner en funcionamiento el centro penitenciario de Sabanas de San Ángel, cerrar la cárcel Rodrigo de Bastidas y destinar su predio principalmente a vivienda, espacio público y equipamientos.
7. Resolver definitivamente la sede inconclusa de la ESAP: evaluar, demoler si es necesario, reconstruir y entregar a la región un centro funcional de formación en administración pública.

1. Una sola deuda territorial

Estos activos suelen discutirse por separado porque pertenecen a entidades diferentes. Esa fragmentación institucional es parte del problema. Para la ciudad forman una sola red de barreras: suelo costero cerrado, corredores que dividen barrios, instalaciones incompatibles con áreas residenciales, infraestructuras sin posibilidad real de expansión y obras abandonadas que no prestan ningún servicio.

La primera obligación es construir un inventario técnico y jurídico común. Las cifras de áreas, linderos y titularidades mencionadas en este documento son referencias preliminares y deben comprobarse mediante certificados de tradición, catastros, contratos de concesión, estudios ambientales y levantamientos topográficos.

2. El hecho metropolitano que Santa Marta ya vive

Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera ya están conectadas por movilidad laboral, turismo, logística, agroindustria, agua, energía, ferrocarril, carreteras y presión sobre el suelo. La administración sigue fragmentada, pero el territorio funciona cada vez más como una región urbana y económica.

La Ley 1625 de 2013 permite crear un área metropolitana integrada por dos o más municipios alrededor de un municipio núcleo. Por ser capital departamental, Santa Marta ocuparía ese papel. La constitución requiere un proyecto justificativo, concepto previo no vinculante del Congreso y consulta popular con aprobación y umbral en cada municipio.

Santa Marta: 260 hectáreas y cinco billones de pesos esperando una decisión

Una entidad para problemas que ya desbordaron los límites

1. Planificación conjunta del nuevo aeropuerto y sus accesos.
2. Sistema metropolitano de transporte y movilidad.
3. Agua potable, saneamiento y disposición de residuos.
4. Ordenamiento del suelo rural y suburbano.
5. Vivienda social y distribución de equipamientos.
6. Protección de cuencas, litoral, humedales y Ciénaga Grande.
7. Plataformas logísticas, ferroviarias y agroindustriales.
8. Reparto equitativo de cargas y beneficios entre municipios.

3. Del Simón Bolívar al aeropuerto internacional metropolitano

El Aeropuerto Simón Bolívar es indispensable para la economía regional, pero su localización llegó al límite. Está encajonado entre el mar, la Troncal del Caribe, los desarrollos de Pozos Colorados y restricciones ambientales y aeronáuticas. Su pista ronda los 1.800 metros y las obras sobre la terminal atienden presiones inmediatas, no garantizan una plataforma aeroportuaria competitiva para los próximos cincuenta años.

Santa Marta necesita preguntarse si tiene sentido continuar agregando construcciones sobre un aeropuerto sin reserva suficiente para una terminal de carga independiente, aviación privada, hangares, calles de rodaje completas, plataformas remotas, logística aduanera y una eventual segunda pista. Una prolongación importante hacia el mar o predios vecinos tendría costos ambientales, sociales y económicos que deben compararse con la construcción de una infraestructura nueva.

La alternativa

El Gobierno nacional debe ordenar un estudio de prefactibilidad para localizar un aeropuerto internacional metropolitano en el corredor Ciénaga–Zona Bananera. La ubicación exacta no puede escogerse por intuición ni por interés predial. Debe resultar de comparar alternativas por vientos, topografía, obstáculos, aves, humedales, inundación, accesibilidad, costos, afectaciones sociales y capacidad de expansión.

9. Pista apta para operaciones internacionales de largo alcance y reserva para una segunda.

• Terminales nacional, internacional y de carga físicamente diferenciadas.

11. Plataforma de aviación privada, hangares y mantenimiento.
12. Zona logística, aduanera, hotelera y empresarial.
13. Conexión con la Troncal del Caribe, la Ruta del Sol y el corredor férreo.
14. Reserva de suelo suficiente para impedir que la urbanización vuelva a cercarlo.

La segunda mitad del proyecto

El nuevo aeropuerto solo será viable territorialmente si se planifica al mismo tiempo el destino del Simón Bolívar actual. Su suelo frente al mar podría transformarse en un gran distrito urbano con parque costero, centro de convenciones, vivienda de distintos ingresos, hospital, campus, turismo, transporte público y espacio público. Parte de la valorización debería financiar el nuevo aeropuerto y sus accesos.

4. Pozos Colorados: la joya de la corona

Los terrenos asociados a la antigua Corporación Nacional de Turismo, cuya extensión se estima preliminarmente en unas 60 hectáreas y con cerca de dos kilómetros de frente costero, constituyen una reserva territorial extraordinaria. La cifra, los linderos, la titularidad y la participación exacta de la Nación y del Distrito deberán comprobarse registralmente.

También debe precisarse su naturaleza jurídica. No conviene llamarlos automáticamente baldíos: podrían ser bienes fiscales transferidos tras la liquidación de la CNT. Las playas y terrenos de bajamar son bienes de uso público y no forman parte de una propiedad privada negociable.

Un socio, no un comprador de tierra

La Nación y el Distrito podrían aportar los predios saneados a un patrimonio autónomo o sociedad de propósito especial y seleccionar competitivamente un inversionista con capacidad financiera, inmobiliaria y hotelera. El Estado conservaría participación en la valorización y fijaría desde el comienzo las cargas de espacio público, vivienda, infraestructura y protección ambiental.

El proyecto puede integrar hoteles, residencias, centro de convenciones, comercio, formación turística, innovación, parques y un paseo costero plenamente público. Su legitimidad dependerá de que el beneficio no quede encerrado detrás de porterías privadas.

Ecopetrol también puede ser socio

Cruzando la carretera y el ferrocarril, la infraestructura terrestre de Ecopetrol o Cenit ocupa terrenos con vista excepcional sobre el Caribe. El terminal marítimo es activo y estratégico: en 2025 se anunció una inversión superior a 26 millones de dólares y Ecopetrol informó que por allí ingresa aproximadamente el 82 % de los productos refinados importados por el país. Por eso, el traslado no puede decretarse desde un escritorio.

Sí debe estudiarse si los tanques, estaciones, tuberías y franjas de seguridad pueden reubicarse total o parcialmente en un lugar menos valioso para el turismo. La empresa podría aportar el suelo liberado, recibir nuevas instalaciones y mantener participación en el desarrollo inmobiliario. La valorización ayudaría a financiar la relocalización.

5. El tren debe llegar al puerto sin partir la ciudad

La conexión férrea con el Puerto de Santa Marta es necesaria. Lo que dejó de ser razonable es su trazado urbano. Fue construido para otra Santa Marta y hoy atraviesa barrios, avenidas y actividades que sufren sus impactos.

Los talleres de Fenoco agravan la fragmentación. Sus cerramientos aíslan a Nacho Vives, San Jorge y otros sectores del norte. Para esas comunidades, la pared funciona como un Muro de Berlín: interrumpe calles, alarga recorridos, dificulta el acceso de emergencias, genera bordes inseguros y refuerza la segregación.

Dos obras inseparables

15. Estudiar y construir una variante ferroviaria de carga que conecte el corredor nacional con el puerto por fuera del tejido urbano consolidado, con patios y talleres en una plataforma logística exterior.
16. Recuperar el corredor actual para ampliar y conectar vías, reservar transporte público, instalar redes, construir ciclorrutas y formar un parque lineal.

El Distrito no puede modificar unilateralmente una infraestructura nacional concesionada. La solución exige al Ministerio de Transporte, la ANI, el administrador de la red, Fenoco, la Sociedad Portuaria, el Distrito, el Departamento y las comunidades. El suelo liberado debe administrarse mediante un plan maestro antes de cualquier venta o desarrollo.

6. Playa Lipe: devolverle el mar a Santa Marta

Playa Lipe es uno de los frentes costeros más valiosos de Santa Marta y, a la vez, uno de los menos integrados a su oferta turística. La presencia del Cantón Militar Córdova y la ausencia de acceso terrestre mantienen este paisaje prácticamente fuera de la vida civil y económica de la ciudad.

En el cantón funcionan el puesto de mando de la Primera División y el Batallón de Infantería Mecanizado N.º 5 General José María Córdova, adscrito a la Segunda Brigada. Las dependencias navales presentes deben identificarse con precisión en el inventario. El POT distrital ya contempla el complejo entre los equipamientos susceptibles de reubicación.

La seguridad debe examinarse en las dos direcciones

No basta invocar la seguridad nacional para congelar indefinidamente la localización. Las instalaciones están rodeadas de viviendas, familias, comercio y vías. Un estudio independiente debe valorar tanto la necesidad militar como los riesgos de mantener infraestructura sensible dentro de un área densamente ocupada.

La propuesta no es despojar a Defensa. El Ministerio podría aportar el suelo a un vehículo de desarrollo, recibir a cambio un complejo moderno, seguro y ampliable en otra localización, y conservar participación patrimonial en el valor generado.

Un distrito costero, no una playa privatizada

La habilitación civil conectaría Playa Lipe con la bahía, Inca Inca, El Rodadero y el corredor de Pozos Colorados. El proyecto puede incorporar parques, senderos, turismo, cultura, memoria militar, miradores, comercio y transporte marítimo. La playa y sus accesos deben permanecer públicos.

7. Rodrigo de Bastidas: sacar la cárcel del vecindario

La cárcel Rodrigo de Bastidas fue construida en 1957, cuando el sector se encontraba en las afueras. Hoy está rodeada de barrios residenciales que conviven con cerramientos hostiles, operativos, traslados, congestión, intentos de fuga y actividades incompatibles con la tranquilidad familiar.

La solución ya fue concebida: el establecimiento penitenciario de Sabanas de San Ángel, proyectado para cerca de 1.974 cupos. Su ejecución ha sido lenta y problemática. Un informe de la USPEC registraba 27,74 % de avance en el primer trimestre de 2024; en mayo de 2025 la entidad comunicó un avance aproximado del 70 %. Mientras no esté terminado, dotado y operando, seguirá existiendo el riesgo de consolidación como elefante blanco.

La operación completa

17. Auditar el estado contractual, financiero y físico de San Ángel.

• Terminar obras, servicios, accesos, dotación y planta de personal.

19. Definir y ejecutar el traslado de la población penitenciaria.
20. Cerrar definitivamente la Rodrigo de Bastidas.
21. Sanear el predio y abrirlo a la trama vial de los barrios.
22. Desarrollar vivienda social, vivienda para sectores medios, comercio, parques y equipamientos.

El predio es apropiado para vivienda por su localización céntrica y cercanía a servicios. No debe reemplazarse el muro de la cárcel por el cerramiento de una urbanización. La actuación debe reconectar calles y beneficiar primero a los vecinos que durante décadas soportaron la externalidad penitenciaria.

8. La ESAP: terminar la obra y rendir cuentas

En la avenida del Libertador permanece la estructura de la sede territorial que la Escuela Superior de Administración Pública empezó a construir en noviembre de 2011 y debía entregar en diciembre de 2012. Los antecedentes públicos sitúan la inversión, incluidas adiciones, por encima de 5.600 millones de pesos. La obra nunca entró en servicio.

El proyecto fue financiado, contratado mediante convenio con Fonade e iniciado durante la dirección nacional de Honorio Henríquez Pinedo. Administraciones posteriores tampoco resolvieron el problema. La responsabilidad institucional se prolongó y la Contraloría llegó a calificar el edificio como elefante blanco, advirtiendo fallas que podían obligar a demoler.

Terminar la sede no significa maquillar el esqueleto

Después de casi quince años de exposición al ambiente salino, la Nación debe ordenar una evaluación estructural independiente. Si la recuperación es segura y económicamente sensata, debe reforzarse y concluirse. Si no, deberá demolerse y reconstruirse. La obligación es entregar una sede funcional, no conservar a cualquier precio una estructura fallida.

El nuevo centro puede formar alcaldes, concejales y servidores; ofrecer pregrados y posgrados; crear un observatorio territorial del Caribe; y prestar asistencia técnica a municipios con baja capacidad institucional. Mientras se decide, la ESAP debe asegurar el predio y mitigar los riesgos para vecinos y peatones.

9. Cómo convertir la propuesta en política pública

Ninguna de estas transformaciones se ejecutará con cartas aisladas entre alcaldes y ministros. Se necesita una estructura permanente, con información común, cronograma, responsables y capacidad para contratar estudios.

Pacto Nación–Santa Marta

El presidente de la República, el alcalde distrital y el gobernador del Magdalena deberían instalar una mesa de alto nivel y crear una Gerencia de Activos Estratégicos Nación–Territorio. En ella participarían, según el proyecto, Aerocivil, ANI, Transporte, Defensa, Ejército, Armada, Justicia, USPEC, INPEC, ESAP, Ecopetrol, Cenit, CISA, autoridades ambientales, Dimar, municipios metropolitanos y representantes comunitarios.

Inventario obligatorio

Instrumentos posibles

23. Convenios interadministrativos y contratos-plan.
24. Patrimonios autónomos y vehículos de propósito especial.

• Aportes de suelo a cambio de participación, evitando ventas prematuras.

26. Planes parciales, actuaciones urbanas integrales y reparto de cargas y beneficios.

• Cesión o transferencia de bienes fiscales cuando la ley lo permita.

28. Permutas de suelo e instalaciones nuevas por predios liberados.
29. Concesiones y asociaciones con capital privado mediante selección competitiva.
30. Captura de plusvalía y valorización para financiar infraestructura.

10. Una ruta para el nuevo gobierno

La ciudadanía debe recibir informes trimestrales con mapas, contratos, porcentajes de avance, decisiones pendientes y responsables. El secreto institucional es enemigo de una operación que depende de confianza pública.

11. Lo que no puede ocurrir

31. Vender predios antes de definir el proyecto urbano y el beneficio colectivo.
32. Usar la urgencia para seleccionar socios sin competencia ni transparencia.

• Trasladar instalaciones a lugares que pronto vuelvan a quedar rodeados por urbanización.

34. Privatizar playas o restringir accesos al litoral.

• Desplazar comunidades o concentrar toda la vivienda social en un solo punto.

36. Presentar renders sin estudios de títulos, ambiente, riesgo y financiación.

• Confundir el anuncio de una obra con su entrada efectiva en funcionamiento.

38. Convertir la cercanía del presidente con Santa Marta en privilegio personal o partidista. Debe traducirse en institucionalidad y resultados verificables.

Conclusión: jugar de local también obliga

Santa Marta no le pide al nuevo gobierno un trato de favor. Le propone resolver problemas nacionales que tienen consecuencias locales y construir proyectos capaces de generar valor para todas las partes.

El aeropuerto puede convertirse en la puerta internacional de una región metropolitana. Los terrenos de Pozos Colorados pueden financiar una nueva centralidad costera. Ecopetrol y Defensa pueden recibir instalaciones más seguras y conservar participación patrimonial. El ferrocarril puede seguir sirviendo al puerto sin dividir barrios. San Ángel puede reemplazar una cárcel incompatible con la vida residencial. La ESAP puede dejar de ser ruina y convertirse en conocimiento público.

El hecho político es innegable: Abelardo de la Espriella conoce esta ciudad. Juega de local. Su entorno conoce los nombres, los lugares, las paredes y las promesas incumplidas. Precisamente por eso, Santa Marta estará en condiciones de exigir más, no menos.

La cercanía no puede servir para pedir puestos. Debe servir para abrir decisiones que durante décadas parecieron imposibles.

Opinión Caribe pone esta agenda en circulación para que el nuevo gabinete la estudie; para que el alcalde, el gobernador, los congresistas y dirigentes la discutan; y para que los ciudadanos decidan si Santa Marta seguirá acomodándose alrededor de infraestructuras del pasado o comenzará a construir, con la Nación, el territorio del futuro.

Fuentes y documentos de referencia

39. Ley 1625 de 2013 – Régimen de Áreas Metropolitanas
40. ANI – Ampliación del Aeropuerto Simón Bolívar
41. Ecopetrol – Ampliación del Terminal Marítimo de Pozos Colorados
42. Ejército Nacional – Primera División en el Cantón Militar Córdova
43. Ejército Nacional – Batallón de Infantería Mecanizado N.º 5
44. POT Santa Marta – proyecto de acuerdo y traslado de equipamientos
45. INPEC – Establecimiento Penitenciario de Santa Marta
46. USPEC – Seguimiento de proyectos de inversión 2024

• Ley 388 de 1997 – Ordenamiento territorial

48. Ley 708 de 2001 – Bienes fiscales y vivienda de interés social
49. Antecedentes públicos de la sede inconclusa de la ESAP

Nota editorial: las áreas, valores, titularidades y alternativas aquí mencionadas son puntos de partida periodísticos. Todo proyecto deberá apoyarse en estudios oficiales, títulos, diseños, consultas y decisiones de las autoridades competentes.