EL CASO “KALOY” LLEGÓ AL DESPACHO DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

Un oficio conocido por Opinión Caribe indica que Viviane Morales solicitó a la Fiscalía una asignación especial para impulsar una investigación relacionada con presuntas actividades de narcotráfico. En la actuación aparece mencionado Carlos Arturo Robles Julio, rector de la Universidad de La Guajira, quien rechaza los señalamientos y asegura ser víctima de una extorsión.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

El denominado caso “Kaloy” llegó al despacho de la ministra de Educación, Viviane Morales Hoyos.

Un fragmento de un oficio conocido por Opinión Caribe indica que la funcionaria solicitó a la Fiscalía General de la Nación disponer una asignación especial para procurar el avance de una investigación en la que aparece mencionado Carlos Arturo Robles Julio, rector de la Universidad de La Guajira.

La comunicación señala que el Ministerio recibió de la Fiscalía General de la Nación información relacionada con una investigación identificada mediante un Código Único de Investigación —CUI—. En esa actuación se registraría la vinculación de varios indiciados, entre ellos quien actualmente ejerce la rectoría de Uniguajira.

El término “vinculación” corresponde al lenguaje utilizado en el oficio. El fragmento disponible no permite determinar si se refiere a una mención dentro de las diligencias, a la condición de indiciado o a una vinculación procesal formal.

Si la Fiscalía confirma la autenticidad integral del documento, quedaría establecido que la actuación del Ministerio no surgió exclusivamente de rumores o denuncias públicas, sino de información recibida de la propia Fiscalía General de la Nación.

El oficio agrega que el asunto despertó un “especial interés” en el Ministerio de Educación, que incluso consideró la posibilidad de acreditarse como víctima durante la etapa procesal pertinente y en el eventual escenario judicial.

“Solicito se disponga una asignación especial, con el propósito de procurar el avance de la actuación bajo un criterio de priorización”, expresa el documento.

La petición fue sustentada en la relevancia de los hechos investigados, la necesidad de su pronto esclarecimiento y el posible impacto sobre la comunidad académica y su entorno social. El fragmento menciona una averiguación relacionada con actividades de narcotráfico en las que presuntamente estaría involucrado el representante de una universidad pública.

La comunicación constituye una solicitud del Ministerio. Por sí sola no demuestra que la Fiscalía haya concedido la asignación especial, cambiado al fiscal del caso, reactivado la investigación o iniciado una operación judicial.

El antecedente investigativo

Informes de policía judicial y otros documentos atribuidos al expediente han relacionado el nombre de Robles Julio con una presunta organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y otras conductas delictivas.

Esos documentos describen una estructura integrada por varias personas y señalan posibles rutas desde distintas regiones del país hacia La Guajira, desde donde habrían salido cargamentos con destino internacional. También contienen referencias a amenazas contra funcionarios que participaron en las averiguaciones y a posibles filtraciones de información.

Estas son hipótesis y elementos de una investigación. No constituyen una declaración judicial de responsabilidad.

La Fiscalía deberá establecer la autenticidad, legalidad, alcance y valor probatorio de los informes, testimonios, interceptaciones y demás elementos que supuestamente conforman el expediente. También deberá explicar cuál es su estado actual y qué decisiones han sido adoptadas.

La versión del rector

Carlos Arturo Robles Julio ha rechazado los señalamientos y sostiene que su inclusión en la investigación sería consecuencia de una presunta maniobra de extorsión.

Según su versión, el conflicto se originó alrededor de la frustrada adquisición de un predio cercano a la Universidad de La Guajira. Robles afirma que se negó a realizar una negociación que consideraba perjudicial para la institución y que posteriormente fue amenazado con ser relacionado con redes de narcotráfico.

El rector asegura haber denunciado esos hechos ante la Fiscalía y ha manifestado su disposición a comparecer ante las autoridades colombianas y estadounidenses para esclarecerlos.

Robles continúa ejerciendo la rectoría de Uniguajira y fue reelegido por el Consejo Superior para el periodo 2027-2031. La Universidad también cuenta con acreditación institucional de alta calidad, concedida mediante la Resolución 020201 del 31 de octubre de 2024.

Ninguno de esos reconocimientos institucionales resuelve su situación frente a la investigación penal. Del mismo modo, la existencia de una indagación tampoco permite desconocer la presunción de inocencia ni presentarlo como responsable sin una decisión judicial.

Las respuestas pendientes

La Fiscalía y el Ministerio de Educación deben informar:

¿Cuándo fue remitida la información al Ministerio? ¿Cuál es el CUI completo? ¿En qué condición aparece Robles Julio? ¿La solicitud de asignación especial fue aceptada? ¿Qué despacho tiene actualmente el caso? ¿La actuación continúa activa, fue reasignada, archivada o permanece sin avances? ¿Qué fundamento jurídico tendría el Ministerio para acreditarse como víctima?

También corresponde determinar si las denuncias presentadas por el rector sobre la presunta extorsión están siendo investigadas y si guardan relación procesal con el expediente en el que aparece su nombre.

Constancia editorial

Opinión Caribe deja constancia de la existencia del fragmento y continuará siguiendo el denominado caso “Kaloy”, con respeto por la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de contradicción.

Este medio solicitará al Ministerio de Educación y a la Fiscalía que confirmen la autenticidad integral del oficio, su fecha, radicado, CUI, trámite y respuesta institucional. La Universidad de La Guajira y su rector tienen abiertas estas páginas para aportar las explicaciones y documentos que consideren pertinentes.

Si la investigación tiene fundamento, la Fiscalía debe llevarla hasta sus últimas consecuencias. Si, como sostiene Robles, se construyó para extorsionarlo o perseguirlo, también debe establecer quién lo hizo.

Lo único inadmisible es que un expediente de semejante gravedad permanezca en tierra de nadie.