Gremios del Magdalena piden a la CREG revisar los cobros extras de energía

El Comité Intergremial del Magdalena solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y al Ministerio de Minas y Energía revisar el programa de incentivos al ahorro establecido mediante la Resolución CREG 101 120 de 2026. El sector productivo sostiene que la metodología debe reconocer las condiciones climáticas del Caribe y actividades que dependen de refrigeración, aire acondicionado, cadenas de frío y bombeo de agua.

El Comité Intergremial del Magdalena (CIMAG) pidió una revisión inmediata de las medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas para incentivar la reducción del consumo eléctrico, al considerar que una metodología aplicada de manera uniforme en el país puede generar mayores efectos sobre empresas y establecimientos comerciales ubicados en regiones de altas temperaturas como el Caribe.

La posición fue consignada en un pronunciamiento fechado el 16 de septiembre de 2026 en Santa Marta, firmado por Raúl Eduardo García Rodríguez, presidente del Intergremial del Magdalena, en el que los gremios respaldan las medidas orientadas al uso eficiente de la energía, pero cuestionan que el consumo adicional pueda ser interpretado automáticamente como ineficiencia.

La discusión gira alrededor de la Resolución CREG 101 120 de 2026, posteriormente modificada por la Resolución 101 126. La regulación creó un programa transitorio para promover el ahorro durante situaciones de estrechez energética, baja hidrología o riesgo para la confiabilidad del suministro.

El reclamo del sector productivo

Según el Intergremial, las condiciones del Caribe obligan a determinados sectores a mantener consumos que no pueden reducirse con la misma facilidad que en otras regiones del país.

El documento señala que Santa Marta ha registrado temperaturas de hasta 37,2 °C y sensaciones térmicas de hasta 48 °C, y sostiene que en ese contexto equipos como aires acondicionados, sistemas de refrigeración, bombas de agua y cadenas de frío cumplen funciones asociadas tanto a las condiciones ambientales como a la actividad económica.

Hoteles, restaurantes, comercios, empresas de alimentos y otros establecimientos con necesidades permanentes de refrigeración aparecen entre las actividades que, según los gremios, pueden enfrentar mayores dificultades para disminuir significativamente su consumo sin afectar su operación.

La organización advierte además que un aumento en el consumo de una empresa no necesariamente responde a un uso ineficiente de energía: también puede estar relacionado con crecimiento de la operación, temporadas de alta demanda o temperaturas extraordinarias.

¿Cómo funciona el cobro?

La resolución establece una meta individual de consumo para cada usuario a partir de su comportamiento histórico. Existe una banda en la cual superar esa referencia hasta llegar al 110 % de la meta no genera cobro adicional.

Cuando el consumo supera ese 110 %, la regulación fija diferentes factores sobre el excedente sujeto al programa: 1,30 para los estratos residenciales 1, 2 y 3; 1,50 para los estratos 4, 5 y 6; y 1,70 para usuarios comerciales e industriales. Este último equivale a un componente adicional del 70 % sobre la tarifa regulada de referencia aplicada al consumo excedente objeto del cobro, no a un aumento del 70 % sobre toda la factura.

Ese punto es precisamente uno de los argumentos centrales del pronunciamiento empresarial: el mayor factor recae sobre comercios e industrias, sectores que en el Caribe pueden tener consumos estructuralmente altos debido al clima y a las características de su actividad.

La CREG, por su parte, diseñó el mecanismo como un programa temporal en el que los recursos efectivamente recaudados por los cobros adicionales conforman una bolsa que posteriormente debe distribuirse entre usuarios que obtengan el ahorro reconocido, de acuerdo con las reglas de la resolución.

Gremios proponen una mesa con la CREG

El Comité Intergremial pidió que la regulación incorpore variables como el clima, la estacionalidad y la naturaleza productiva del consumo, en lugar de aplicar únicamente una referencia basada en el comportamiento histórico del usuario.

También planteó instalar una mesa de trabajo en la que participen la CREG, el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Air-e y los gremios del Caribe, con el propósito de discutir posibles ajustes técnicos.

“Nuestra realidad climática y productiva no puede convertirse en una penalización”, afirmó el Intergremial en el cierre del pronunciamiento.

La organización aseguró que el sector empresarial del Caribe está dispuesto a contribuir a las medidas destinadas a garantizar la seguridad energética del país, pero considera que ese esfuerzo debe aplicarse bajo criterios de proporcionalidad y teniendo en cuenta las diferencias regionales.

La Resolución 101 120 fue expedida por la CREG el 30 de julio como respuesta a las condiciones de estrechez energética y al escenario hidrológico previsto para 2026 y 2027. Después de una suspensión temporal de su entrada en operación, la Comisión modificó mediante la Resolución 101 126 las condiciones para el inicio y funcionamiento del programa.

La petición del Intergremial abre así un nuevo capítulo en la discusión que ya mantienen distintos sectores del Caribe sobre hasta dónde puede llegar la política de ahorro sin convertir necesidades climáticas y productivas de la región en mayores costos para hogares y empresas.