DE LA MESA A LA MONTAÑA: ASÍ ESCALÓ EL CHOQUE ENTRE EL ESTADO Y LAS ACSN

El cierre del diálogo convirtió en objetivo operacional a quien el Gobierno Petro había reconocido como representante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Veinticuatro días después de perder esa condición, alias “Cholo” murió en una operación que dejó siete fallecidos, tres capturados y una respuesta armada que terminó golpeando a la población civil.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

La muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, no comenzó con los disparos del operativo ejecutado el 21 de septiembre. Su historia reciente se remonta a la política de “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro, cuando el Estado decidió reconocer como interlocutores a varios integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN.

La precisión jurídica es importante. “Cholo” no fue designado formalmente como gestor de paz, como se le denominó públicamente en distintos escenarios, sino reconocido como miembro representante de las ACSN para participar en acercamientos exploratorios y posteriores conversaciones sociojurídicas.

La Resolución 002 del 11 de enero de 2023 incluyó a Pérez Villanueva entre ocho representantes de la organización autorizados para acercarse al Gobierno. El reconocimiento fue retomado en resoluciones posteriores y ratificado en abril de 2025, cuando la Presidencia volvió a incluirlo entre los delegados de la estructura. (staticprd.minuto30.com)

Durante ese periodo, el hombre que las autoridades señalaban como segundo cabecilla y articulador financiero de las ACSN tuvo autorización para participar en el proceso. La Fiscalía suspendió temporalmente órdenes de captura contra él y otros miembros reconocidos, mientras se intentaba verificar si existía una voluntad real de transitar hacia el Estado de derecho.

Ese es el punto de partida que faltaba: antes de morir durante una operación estatal, alias “Cholo” había estado sentado —al menos jurídicamente— del lado de quienes exploraban una salida negociada.

El proceso no produjo sometimiento, desmovilización ni entrega de armas. Las ACSN conservaron su estructura, sus finanzas y su capacidad de control territorial. Mientras avanzaban las conversaciones, continuaron las denuncias por extorsiones, narcotráfico, amenazas y presencia armada en corredores rurales de Santa Marta, La Guajira y varios municipios del Magdalena.

El 28 de agosto de 2026 cambió el escenario. El Gobierno de Abelardo de la Espriella terminó el espacio de conversación sociojurídico, revocó el reconocimiento de nueve representantes de las ACSN —entre ellos “Cholo”— y solicitó la reactivación de las órdenes de captura. El antiguo interlocutor volvió a quedar expuesto a la persecución penal y operacional del Estado. (dapre.presidencia.gov.co)

La ofensiva comenzó a mostrar resultados pocos días después. El 4 de septiembre murieron en Riohacha Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Naín” o “Bendito Menor”, y su compañera, conocida como “La Bebecita”. Tras ese episodio, las ACSN divulgaron un mensaje en el que aseguraron que no tomarían represalias contra la población.

La promesa quedó contradicha después de que el golpe alcanzó a un nivel superior de la organización.

El 21 de septiembre, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, desarrolló la operación en la que murió alias “Cholo”. Según el balance presentado por el Gobierno, siete presuntos integrantes de las ACSN murieron, tres fueron capturados y se incautaron diez fusiles —entre ellos un Barrett calibre .50—, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas de 40 milímetros y abundante material de guerra. (www.presidencia.gov.co)

Los reportes oficiales preliminares también indicaron que entre los fallecidos habría un hijo de alias “Pinocho”, señalado como máximo jefe de la organización. Esa identidad deberá quedar plenamente establecida por las autoridades judiciales y forenses.

El operativo golpeó el mando, las comunicaciones y la capacidad de fuego de las ACSN, pero también desencadenó su respuesta. Después del operativo, las ACSN anunciaron un paro armado de 48 horas, mientras las autoridades y habitantes de la zona reportaron bloqueos sobre la Troncal del Caribe, vehículos de transporte público fueron incendiados y circularon informaciones sobre enfrentamientos en el sector de Quebrada del Sol.

La contradicción es inocultable: después de asegurar que no habría retaliaciones por la muerte de “Bendito Menor”, la organización reaccionó a la caída de “Cholo” mediante acciones que terminaron afectando a civiles, transportadores, comerciantes y comunidades que nada tuvieron que ver con el operativo.

El Gobierno respondió con el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y la convocatoria de un consejo de seguridad en Santa Marta. La prioridad inmediata pasó a ser recuperar la movilidad, proteger los corredores viales y evitar que la amenaza del paro armado se convirtiera en confinamiento para las poblaciones de la Sierra Nevada.

El Estado conserva hoy la iniciativa operacional, pero el episodio no puede considerarse cerrado. La muerte de siete integrantes y la captura de otros tres representan un golpe considerable, aunque no equivalen al desmantelamiento de las ACSN. La organización mantiene hombres, armas, redes económicas y capacidad para intimidar a la población.

“Cholo” recorrió en menos de cuatro años todo el fracaso de una política: fue reconocido como representante para hablar de paz, perdió esa condición cuando el diálogo se derrumbó y murió 24 días después en una operación estatal.

De la mesa regresó a la montaña. Y desde la montaña, la guerra volvió a bajar hasta la carretera, donde quienes terminaron pagando el precio fueron otra vez los ciudadanos.