RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ESTADO: ¿AHORA QUÉ HACEMOS CON LA EDUCACIÓN EN SANTA MARTA Y EL MAGDALENA?

Por: José Miguel Berdugo Oviedo

Las pruebas de Estado que evalúan la calidad de la educación en Colombia se han convertido en un verdadero motivo de preocupación para nuestra ciudad y nuestro departamento.

Antes de entrar en la reflexión que estos resultados nos plantean, vale la pena hacer algunas precisiones.

Entre los municipios del país, Puerto Colombia registró el primer puesto nacional con un puntaje promedio de 313,1 puntos en 23 colegios.

Por otra parte, entre las instituciones educativas privadas, el Gimnasio Contemporáneo, de Armenia, Quindío, obtuvo el primer lugar con un puntaje promedio de 396,5.

En cuanto a las instituciones oficiales, la Institución Educativa Luisa María Jiménez, ubicada en Aguazul, Casanare, fue la número 1 y obtuvo un puntaje promedio de 382,7.

Estos resultados llevan inevitablemente a una pregunta: ¿cómo se encuentran posicionados el Magdalena, su capital, Santa Marta, y los demás municipios del departamento frente al resto del país?

La respuesta resulta, cuando menos, preocupante.

Dentro de los departamentos de Colombia, el Magdalena ocupa una posición rezagada, con un puntaje promedio de 233,5, mientras que Bogotá, D. C., ocupa el primer lugar según la clasificación a la que hacemos referencia.

El Magdalena solamente supera a departamentos como Cauca, Guaviare, La Guajira, Amazonas, Vichada, Guainía, Vaupés y Chocó.

Más allá de la posición puntual que ocupemos en un año determinado, lo verdaderamente preocupante es la persistencia de estos resultados.

Durante años, el Magdalena ha permanecido entre los departamentos con menores desempeños educativos del país.

Esto debería generar una discusión seria y permanente sobre las causas del problema y, sobre todo, sobre las acciones que debemos emprender para revertirlo.

La situación se vuelve todavía más preocupante cuando descendemos del nivel departamental al municipal.

Al revisar el ranking nacional de municipios encontramos que ninguno de los municipios del Magdalena aparece entre los primeros lugares y que varios se encuentran ubicados en posiciones muy rezagadas.

A continuación, adjunto una tabla con los resultados de los municipios del departamento con sus respectivas posiciones.

Saquen sus propias conclusiones:

Esto debería ser motivo de preocupación para toda la sociedad magdalenense.

No se trata simplemente de ocupar un lugar determinado en una tabla. Detrás de cada resultado hay miles de niños y jóvenes que están terminando su educación media y que, en buena medida, enfrentarán con esas herramientas —o con esas carencias— su ingreso a la educación superior, al mercado laboral o al mundo empresarial.

También resulta necesario analizar la relación entre los resultados educativos y las condiciones sociales, económicas e institucionales de los territorios.

Existen investigaciones del propio ICFES que han encontrado relaciones entre el contexto socioeconómico y el desempeño educativo. Por ello, los resultados no pueden analizarse de manera aislada ni atribuirse a una sola causa.

¿Dónde está la responsabilidad?

Llegados a este punto surge una pregunta inevitable: ¿en quiénes recae la responsabilidad por los resultados educativos que estamos obteniendo?

¿En las secretarías de educación? ¿En los alcaldes y gobernadores? ¿En las instituciones educativas? ¿En los docentes? ¿En las familias? ¿En el sistema de contratación? ¿En las condiciones sociales de nuestros estudiantes?

La respuesta, probablemente, no puede reducirse a un solo actor.

Las administraciones públicas tienen una responsabilidad evidente en la planificación, financiación, infraestructura, alimentación escolar, conectividad, cobertura y calidad del sistema educativo.

Los rectores y las instituciones educativas tienen responsabilidades de gestión y liderazgo.

Los docentes tienen la enorme responsabilidad de formar a nuestros niños y jóvenes.

Las familias y la sociedad también desempeñan un papel fundamental.

Precisamente por ello, resulta necesario abordar el problema sin buscar un único culpable, pero también sin permitir que la responsabilidad termine diluyéndose entre todos.

Uno de los aspectos que merece especial atención es el papel de los sindicatos y de las organizaciones que representan al sector educativo.

Las reivindicaciones laborales son legítimas dentro de cualquier democracia y hacen parte de las relaciones entre trabajadores y Estado. Sin embargo, cualquier interrupción de las actividades académicas tiene consecuencias directas sobre los estudiantes y debe ser analizada también desde esa perspectiva.

El estudiante debe permanecer en el centro de la discusión.

Los recursos de nuestros niños deben ser sagrados

Otro asunto que no podemos ignorar es la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la educación, particularmente aquellos destinados al Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Los recursos públicos destinados a la alimentación y al bienestar de niños y jóvenes deben recibir los más altos niveles de vigilancia y control.

Cualquier irregularidad debe ser investigada y, cuando corresponda, debe generar las responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales establecidas por la ley.

No basta con anunciar programas, asignar presupuestos o suscribir contratos. Es necesario garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes deben recibirlos y que existan mecanismos eficaces de seguimiento, transparencia y rendición de cuentas.

La corrupción en cualquier sector público es grave. Pero cuando afecta recursos destinados a niños y jóvenes, adquiere una dimensión particularmente sensible.

Por eso, además de exigir resultados académicos, debemos exigir resultados en la gestión de los recursos.

La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto dinero se invierte, en qué se invierte, quién contrata, quién ejecuta, qué resultados se obtienen y cuáles son las consecuencias cuando se presentan irregularidades.

Infraestructura, maestros y calidad educativa

Mientras discutimos los resultados de las pruebas, tampoco podemos desconocer las condiciones físicas en las que muchos estudiantes reciben sus clases.

Una educación de calidad necesita aulas adecuadas, agua potable, saneamiento básico, conectividad, bibliotecas, laboratorios, espacios deportivos y ambientes que permitan aprender dignamente.

Pero tampoco podemos cometer el error de pensar que construir infraestructura resolverá por sí sola el problema.

Una escuela nueva sin buenos procesos pedagógicos no garantiza mejores resultados.

De la misma manera, excelentes docentes trabajando en condiciones materiales deficientes también enfrentan enormes dificultades.

La transformación educativa requiere actuar simultáneamente sobre infraestructura, docentes, estudiantes, gestión institucional, alimentación, tecnología y acompañamiento pedagógico.

El objetivo final no puede ser simplemente mejorar una cifra en las pruebas Saber 11°.

El objetivo debe ser formar jóvenes capaces de leer, comprender, razonar, resolver problemas, comunicarse, utilizar herramientas tecnológicas, trabajar en equipo y desenvolverse en una economía cada vez más competitiva.

Educación y desarrollo territorial

Aquí está, quizás, la reflexión más importante.

Durante años hemos hablado de la necesidad de transformar el Magdalena.

Hablamos de atraer inversión, desarrollar el turismo, fortalecer la infraestructura, mejorar los servicios públicos, construir carreteras, impulsar los puertos y aeropuertos, desarrollar la logística, fortalecer la agroindustria y atraer nuevas empresas.

Todo eso es necesario.

Pero hay unas preguntas que deberíamos hacernos con mayor frecuencia:

¿Quiénes van a operar esas empresas?

¿Quiénes van a administrar esos hoteles?

¿Quiénes van a desarrollar las nuevas tecnologías?

¿Quiénes van a trabajar en los puertos, en la logística, en el comercio exterior, en la industria, en el turismo y en los servicios profesionales?

La respuesta está en nuestros niños y jóvenes.

Por eso, la educación no puede ser considerada únicamente un asunto de la Secretaría de Educación.

La educación debe ser una política estratégica de desarrollo territorial.

Un territorio puede construir una carretera, ampliar un aeropuerto, mejorar un puerto o atraer una gran inversión. Pero si no cuenta con talento humano preparado para aprovechar esas oportunidades, buena parte de ese esfuerzo tendrá un impacto limitado.

La educación es, en ese sentido, una infraestructura estratégica del territorio.

Así como necesitamos carreteras para movilizar mercancías, necesitamos educación para movilizar conocimiento, productividad y oportunidades.

Así como necesitamos puertos para conectar al Magdalena con los mercados nacionales e internacionales, necesitamos jóvenes preparados para competir en esos mercados.

Y así como necesitamos inversión privada para generar empleo, necesitamos formar el talento humano que permita que esa inversión encuentre en nuestro territorio las capacidades que necesita.

Tres inversiones que deberíamos priorizar

Si realmente queremos comenzar a cambiar esta realidad, no basta con diagnosticarla. También debemos preguntarnos dónde invertir y cómo medir los resultados de esa inversión.

1. Recuperar y modernizar la infraestructura educativa

El departamento debería desarrollar un programa de recuperación y modernización de las instituciones educativas con mayores necesidades.

La inversión debería priorizar, mediante criterios técnicos y verificables, las instituciones que presenten mayores deficiencias en:

• Aulas.
• Agua potable.
• Saneamiento básico.
• Conectividad.
• Energía.
• Bibliotecas.
• Laboratorios.
• Espacios deportivos.
• Ambientes tecnológicos.
• Mantenimiento y seguridad.

La prioridad no debería establecerse por criterios políticos, sino mediante un sistema transparente de necesidades y resultados.

Cada peso invertido debería poder ser identificado, auditado y relacionado con una institución y una necesidad concreta.

2. Un programa departamental de fortalecimiento académico y docente

La segunda prioridad debe ser invertir en las capacidades humanas del sistema educativo.

Necesitamos fortalecer especialmente las competencias en:

• Matemáticas.
• Lectura crítica.
• Ciencias.
• Inglés.
• Competencias digitales.

Esto implica formación y actualización permanente de docentes, acompañamiento pedagógico, tutorías, jornadas complementarias, identificación temprana de estudiantes con dificultades y preparación adecuada para las pruebas Saber.

También sería conveniente establecer sistemas de seguimiento que permitan identificar qué instituciones mejoran, cuáles permanecen estancadas y cuáles requieren intervención prioritaria.

No se trata de convertir la educación en una carrera por obtener un mejor puntaje en el ICFES.

Se trata de utilizar esos resultados como una herramienta para identificar dónde están las dificultades y orientar mejor los recursos.

Invertir en infraestructura sin invertir simultáneamente en las personas que enseñan y aprenden puede producir resultados limitados.

3. Conectar la educación con el empleo y el aparato productivo

La tercera inversión debe estar relacionada con una pregunta fundamental: ¿Qué necesita el Magdalena para desarrollarse durante los próximos 10, 20 y 30 años?

La educación debe comenzar a responder esa pregunta.

Nuestro sistema educativo debería estar cada vez más conectado con las oportunidades y necesidades de sectores como:

• Turismo.
• Logística.
• Comercio exterior.
• Agroindustria.
• Economía azul.
• Servicios.
• Tecnología.
• Energías renovables.
• Industrias creativas.
• Emprendimiento.

Esto exige construir alianzas entre la Gobernación, las alcaldías, las instituciones educativas, el SENA, las universidades, los empresarios y los gremios.

El propósito no debe ser simplemente formar estudiantes para obtener un título.

Debemos formar jóvenes con capacidades que puedan convertirse en empleo, emprendimiento, productividad y oportunidades reales de permanencia y progreso en el territorio.

Los resultados deberían medirse no solamente por los puntajes académicos, sino también por indicadores como continuidad hacia la educación superior, inserción laboral, emprendimiento, certificaciones de competencias y vinculación con sectores productivos.

Para concluir: el desarrollo comienza en el aula

El Magdalena tiene enormes oportunidades.

Tenemos una posición geográfica privilegiada, recursos naturales, turismo, agricultura, puertos, posibilidades logísticas, biodiversidad, cultura y una población joven.

Pero ninguna de esas ventajas garantiza por sí sola el desarrollo.

El verdadero desafío consiste en convertir esas ventajas en oportunidades para nuestra gente.

Y para hacerlo necesitamos conocimiento.

Por eso resulta difícil hablar seriamente de atraer inversión, mejorar los servicios públicos, desarrollar el turismo, fortalecer las empresas, aumentar la productividad o transformar nuestro territorio si no empezamos por resolver uno de los problemas más importantes: la educación.

No podemos esperar que una nueva carretera, un nuevo hotel, un nuevo puerto o una nueva empresa transformen por sí solos el Magdalena.

Necesitamos también que los niños que hoy están en nuestras escuelas tengan las capacidades para aprovechar esas oportunidades cuando lleguen.

La educación debe convertirse en el primer gran pacto territorial del Magdalena.

Un pacto que trascienda gobiernos, partidos y períodos administrativos.

Un pacto que permita establecer metas de largo plazo, medir resultados y garantizar que los recursos destinados a nuestros niños sean utilizados con transparencia y eficiencia.

Por eso, la discusión sobre educación no puede reducirse a una cifra del ICFES.

Esa cifra debe servirnos como una señal de alerta.

Una señal que nos recuerde que detrás de cada puntaje hay un estudiante, una familia, un docente, una escuela y, finalmente, el futuro de nuestro territorio.

Si queremos un Magdalena más competitivo, productivo, turístico, empresarial y conectado con el mundo, debemos empezar por formar a las personas capaces de construirlo.

El desarrollo de un territorio comienza mucho antes de construir una carretera, un puerto, un hotel o una empresa: comienza en el aula.