El abogado Miguel Ignacio Martínez Olano presento una acción de tutela debido a derrame de combustible en la bahía de Santa Marta

El abogado Miguel Ignacio Martínez Olano ha interpuesto una acción de tutela contra la Dirección General Marítima (DIMAR), la Capitanía de Puerto del Distrito de Santa Marta y el buque ‘BEKS NORTH’, con número de registro OMI 9581370, en relación con el reciente derrame de combustible en la Bahía de Santa Marta.

El incidente, que tuvo lugar el 14 de agosto de 2023, involucró al buque ‘BEKS NORTH’, que se encontraba bajo la bandera de Islas Marshall. El derrame de combustible afectó la Bahía de Santa Marta, causando alarma entre los residentes locales y en particular entre los pescadores que dependen del ecosistema marino para su sustento.

Los pescadores del sector reportaron la emergencia, que se manifestó en la playa Los Cocos y en áreas cercanas al corregimiento de Taganga. La Dirección General Marítima informó que la fuga de combustible ocurrió a través del respiradero del tanque de la embarcación. En el momento del derrame, el buque se encontraba supuestamente bajo la revisión del inspector de Prevención de la Contaminación Marítima de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

Sin embargo, según las alegaciones de Miguel Ignacio Martínez Olano, el derrame no ha sido tratado de acuerdo con los protocolos normativos internacionales, lo que ha resultado en una contaminación significativa del medio marítimo. Esta contaminación representa una amenaza para la vida de los residentes locales y para el ecosistema marino en su conjunto. Además, los pescadores de la zona han visto afectada su actividad debido a la contaminación, lo que ha tenido impactos económicos negativos en su sustento.

En la acción de tutela presentada, se insta a la DIMAR, la Capitanía de Puerto y otras entidades a tomar medidas inmediatas para abordar la magnitud del vertimiento y evaluar sus impactos ambientales y económicos.

Además, se pide la inmovilización del buque ‘BEKS NORTH’ hasta que se determinen los daños causados y se ordene la implementación de medidas transitorias urgentes para reducir el daño ambiental. Se propone la creación de un comité de seguimiento que incluya a pescadores y otras instituciones estatales para monitorear la situación y tomar acciones adecuadas.

La tutela busca asegurar que se tomen las medidas necesarias para remediar los efectos del derrame de combustible y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados y el entorno marino en la Bahía de Santa Marta. La sentencia de este caso tendrá implicaciones importantes en términos de protección ambiental y garantías para las comunidades locales que dependen del mar para su sustento.