Nación
Registraduría abre actuación para verificar legalidad de la consulta popular
La entidad solicitó conceptos al Consejo de Estado y a la Procuraduría sobre la constitucionalidad del decreto presidencial, en medio de crecientes controversias políticas y judiciales.
La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió la Resolución 7110, mediante la cual abre una actuación administrativa para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales relacionados con el controvertido Decreto 639 de 2025, con el cual el Presidente de la República convoca a una consulta popular de carácter nacional.
En el documento, el registrador nacional Hernán Penagos ordena trasladar las peticiones recibidas de partidos políticos, congresistas y ciudadanos, que cuestionan la constitucionalidad del decreto, y solicita concepto tanto a la Sala de Consulta del Consejo de Estado como a la Procuraduría General de la Nación. La medida busca esclarecer si se cumplieron los requisitos del artículo 104 de la Constitución y si es jurídicamente admisible convocar a la consulta sin un concepto favorable del Senado.
“La actuación tendrá un carácter general y su objetivo será verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales necesarios”, señala la resolución, que fija un plazo de 15 días hábiles para la intervención de terceros interesados.
El caso también se encuentra bajo examen judicial: el Consejo de Estado admitió demandas que cuestionan la validez de la votación del Senado del pasado 14 de mayo, en la que supuestamente se rechazó la consulta. Incluso, múltiples acciones de tutela han sido acumuladas para su estudio por posibles vulneraciones al debido proceso.
Con este paso, la Registraduría se ubica en el centro del debate jurídico y político sobre la consulta popular, mientras espera las directrices de las altas cortes para definir la viabilidad de la consulta popular.
