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Análisis crítico sobre la Dignificación del Trabajo Docente en Colombia
Por: Harold Castañeda Robles
La situación actual de la docencia en Colombia, y la educación en general, no es simplemente una crisis; es el reflejo de un devenir histórico de desatención y prioridades mal enfocadas de los gobiernos de turno. Como docente universitario, observo con preocupación cómo la promesa de transformación se diluye en un entramado de intereses, posturas inflexibles y una lamentable falta de coherencia en la acción política.
El intento del gobierno de Gustavo Petro por sacar adelante la Ley Estatutaria No. 224/2023C, con el ambicioso propósito de elevar la educación a un derecho fundamental, fue, en su esencia, una oportunidad única. Sin embargo, lo que presenciamos fue una evidente falta de vehemencia y coherencia en su impulso.
Se prometió un cambio profundo, una «potencia mundial de la vida» que necesariamente debía pasar por una educación fortalecida. Pero, ¿dónde quedó esa fuerza al momento de defender y negociar la reforma? Su hundimiento en el Congreso por falta de consenso y tiempo, sumado a otras iniciativas no concretadas, nos deja una sensación de descuido y conflicto con intereses económicos gremiales muy arraigados. Si la educación era el pilar de su «cambio», ¿por qué no se le dio la contundencia política necesaria para blindar el proyecto? La inminencia del contexto electoral, si bien es un factor, no puede ser la excusa para la tibieza de un gobierno que se autodenomina transformador. Da la impresión de que el convencimiento sobre el verdadero alcance y la urgencia de la reforma no fue tan sólido como su discurso inicial.
Por otro lado, la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), con su vasta trayectoria de lucha, jugó un papel crucial en el hundimiento de la reforma. Su férrea oposición, especialmente al polémico artículo 39 que proponía una evaluación docente ligada a pruebas estandarizadas, fue determinante.
Y aquí, como académico, no puedo evitar un cuestionamiento crucial: si bien la crítica a los sistemas de evaluación punitivos y descontextualizados es válida y necesaria, ¿hasta qué punto la negativa rotunda a cualquier tipo de evaluación basada en resultados se convierte en una barrera insuperable para la mejora de la calidad educativa? La evaluación, cuando es bien concebida —formativa, integral, participativa y que valora la trayectoria—, es una herramienta fundamental para identificar fortalezas, debilidades y necesidades de formación. Sin una autoevaluación y una mirada externa rigurosa, pero justa, ¿cómo podemos esperar avanzar? Lamentablemente, esta resistencia a la evaluación periódica de los docentes contribuye directamente a que Colombia se mantenga en los últimos puestos de las pruebas internacionales, evidenciando una brecha de calidad que solo el reconocimiento y la acción real pueden cerrar.
La postura de FECODE, al oponerse de manera tan categórica a cualquier mención de evaluación estandarizada, incluso aquellas que podrían complementarse con otros criterios, puede interpretarse como una resistencia a la rendición de cuentas o, al menos, una insuficiente apertura al diálogo constructivo sobre cómo diseñar un sistema evaluativo justo y efectivo. Si la evaluación propuesta era inadecuada, ¿cuál fue la contrapropuesta concreta y viable que FECODE puso sobre la mesa para asegurar la calidad y el desarrollo profesional de los docentes? La mera oposición, sin una alternativa sólida y negociable, puede ser tan perjudicial como una reforma mal diseñada. Se corre el riesgo de priorizar la defensa gremial por encima de la necesidad intrínseca de elevar la calidad de la educación para todos.
Aquí nos encontramos con una de las paradojas más dolorosas de esta crisis: el rol de FECODE. Mientras la Federación ha sido una voz vehemente en la denuncia de la precarización del servicio de salud para los maestros y sus familias, la realidad del FOMAG (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) revela una historia mucho más compleja. Indicios y pruebas contundentes de intereses económicos indebidos y corrupción han permeado la intermediación en la salud de los maestros en Colombia, transformando lo que debería ser un derecho fundamental en un lucrativo negocio privado. La Ley 91 de 1989, negociada por la propia FECODE, sentó las bases para esta lamentable privatización, donde la salud del magisterio, lejos de ser una prestación garantizada por el Estado, se convirtió en una mercancía. Las denuncias sobre operadores que destinan el 70% de los recursos a la ganancia, dejando solo el 30% para la atención, o los hallazgos fiscales de la Contraloría por miles de millones de pesos, son la evidencia innegable de cómo la avaricia ha carcomido el bienestar de nuestros educadores.
Esta situación ha generado una profunda crisis de dirección y cuestionamientos éticos dentro de FECODE. Resulta incomprensible, desde una perspectiva de transparencia y defensa de los derechos, el «silencio sospechoso» que, según algunas voces, ha mantenido la dirigencia de la Federación frente a hechos tan protuberantes de corrupción. Más aún, cuando el propio Presidente de la República propuso suspender licitaciones y transitar hacia un modelo de contratación directa con las IPS, buscando eliminar la intermediación financiera y la corrupción de FECODE, la respuesta mayoritaria de esta agremiación fue defender el sistema actual, calificando la Ley 91 y el FOMAG como «La joya de la corona». Esta postura, que privilegia a los operadores privados y perpetúa un esquema que ha demostrado ser perjudicial para los maestros, es una contradicción flagrante con su declarado interés en la calidad de la salud. La minoría dentro de FECODE que se opuso a «avalar la corrupción» representa la voz de la conciencia que exige una verdadera coherencia ética y una defensa intransigente de los derechos de los maestros, por encima de cualquier otro interés.
Volviendo a la Ley Estatutaria, el texto nos recuerda una verdad incómoda que antecede y trasciende cualquier gobierno: la precarización laboral docente, especialmente en las universidades públicas. El hecho de que el 70% de los profesores universitarios trabajen bajo la modalidad de contratación ocasional es una afrenta a la dignidad profesional y a la estabilidad académica. Este modelo, si bien «económico» en el corto plazo para las instituciones con déficit presupuestal, genera una inestabilidad que afecta la calidad de la investigación, la continuidad de los proyectos y, en última instancia, el bienestar de quienes forman a las futuras generaciones.
El Decreto 391 de 2025 busca corregir esto, pero la financiación sigue siendo la gran interrogante. Es una “curita” para una herida que requiere una cirugía mayor, una inversión real y sostenida en la educación superior que reconozca que la estabilidad de sus docentes es una condición indispensable para la excelencia académica.
En síntesis, la fallida reforma educativa y la persistencia de la crisis docente en Colombia nos muestran una realidad compleja, Un gobierno que, a pesar de su retórica de cambio, mostró una alarmante falta de empuje y claridad estratégica para materializar una reforma educativa fundamental. Una realidad estructural de precarización laboral que sigue afectando el bienestar y la calidad de la educación en todos los niveles. Intereses económicos indebidos de FECODE, transformando un derecho universal a la educación y a la salud en un negocio, cuestionada por su silencio sospechoso y, más aún, por defender un sistema que favorece a operadores privados a costa del bienestar de sus propios afiliados.
La dignificación de la labor docente no es una bandera de un solo sector; es una responsabilidad compartida. Exige que tanto el gobierno como las organizaciones gremiales trasciendan sus posturas inamovibles y se comprometan con un diálogo genuino y acciones coherentes. Sin una autocrítica profunda y la voluntad de ceder en ciertos puntos, seguiremos viendo cómo las promesas de cambio se diluyen gobierno tras gobierno y la crisis educativa se perpetúa, condenando a futuras generaciones a un sistema que no les garantiza el derecho fundamental a una educación de calidad.
Fuentes de consulta:
https://www.pares.com.co/post/aumentan-las-tensiones-en-la-reforma-a-la-educaci%C3%B3n
https://alponiente.com/el-fracaso-de-petro-en-la-educacion/
https://www.tiktok.com/@jenniferpedrazas/video/7504058594048871735 Jennifer Pedraza Se están mecateando el sistema de salud de los maestros.
https://razonpublica.com/sistema-salud-del-magisterio-una-transicion-problematica/
https://revistas.intec.edu.do/index.php/ciened/article/view/2250 Formación inicial y carrera docente en América Latina: una mirada global y regional
