Nos están matando 

Por: Harold Castañeda Robles

Esta frase dejó de ser un grito aislado en las calles para convertirse en diagnóstico incómodo. Años después de las movilizaciones que marcaron la agenda pública, Colombia vuelve a escucharla—esta vez en medio de atentados simultáneos, emboscadas y el fracaso con la promesa de la paz total. El reciente ataque con explosivos en Cali y el derribo de un helicóptero en Antioquia—19 uniformados y civiles muertos—mostró la crudeza del presente y la fragilidad de las salidas institucionales.

“Nos están matando” condensó el miedo y la indignación de jóvenes, estudiantes, comunidades barriales y organizaciones sociales frente a la violencia y a la respuesta estatal. El lema viajó en pancartas, videos y crónicas que registraron el saldo de abusos y desapariciones denunciadas en esas jornadas; no era un eslogan: era una alerta sobre vidas expuestas.

En contraste, hoy día, cuando los asesinatos alcanzan a policías y militares, buena parte del país parece optar por el murmullo o por reducir esas muertes a “daños colaterales”; el duelo se vuelve privado y la conversación pública cambia de tema. Las redes y voces que antes amplificaron el clamor “Nos están matando” hoy exhiben una indignación selectiva—o una omisión rotunda—que erosiona el pacto civil con quienes asumen el riesgo cotidiano de proteger a los demás. Ese doble rasero moral envía un mensaje peligroso: que unas vidas merecen luto en pancartas y otras apenas una nota al pie. Exigir coherencia no es blanquear abusos ni callar críticas al Estado; es afirmar que la defensa de la vida es indivisible y que sin empatía simétrica no hay paz posible.

La “paz total” nació como una estrategia para abrir conversaciones simultáneas con múltiples actores armados y reducir daños a la población civil. El balance comparado, sin embargo, es agridulce: análisis independientes describen una política innovadora pero sobredimensionada en su capacidad para ordenar muchos procesos a la vez, con ventanas de oportunidad que se cerraron por escaladas de violencia, fracturas internas de los grupos y falta de reglas claras.

Organismos de derechos humanos recuerdan que, a más de tres años de su implementación, los abusos contra civiles y militares aumentaron en varias regiones: confinamientos, reclutamiento de menores y control social por parte de estructuras armadas. La ONU advirtió, además, que, aunque ciertos indicadores (por ejemplo, algunas masacres) mostraron alivios puntuales en 2024, se consolidó el poder territorial de actores ilegales mediante “paros armados”, extorsión y toques de queda de facto.

Los datos más recientes refuerzan esa imagen híbrida: Indepaz registró 76 masacres en 2024 (267 víctimas) y reporta 50 en lo corrido de 2025 (corte del 22 de agosto), mientras que HRW reseñó más de un centenar de asesinatos de líderes sociales reportados por la ONU y la Defensoría en periodos 2023–2024. La foto de conjunto habla de un conflicto que muta, no de su cierre.

Todo parece provenir del llamado “Pacto de La Picota” el cual irrumpió en 2022 tras las visitas de familiares y aliados de Gustavo Petro a la cárcel homónima en plena campaña. Crónicas periodísticas registraron reuniones con condenados por corrupción y parapolítica y mencionaron conversaciones sobre un supuesto “perdón social”. Con el tiempo, el propio presidente relativizó o negó efectos electorales extraordinarios de aquel episodio. Pero el rótulo no se desvaneció: quedó como símbolo de acuerdos en penumbra y, ya en el gobierno, ciertos gestos hacia estructuras armadas y propuestas de sometimiento con beneficios penales han reavivado la idea—para no pocos observadores—de que podría existir algo más que mediaciones humanitarias: la posibilidad de un entendimiento informal con la criminalidad. Aunque el Ejecutivo lo niega y nada ha sido probado, la opacidad y los mensajes cruzados mantienen viva la sospecha.

El punto de quiebre fue la presencia de jefes de bandas criminales trasladados desde Itagüí en un acto público en Medellín (“Pacto por la paz urbana”). El Ministerio de Defensa respondió que “no negocia, actúa”, pero el daño reputacional para la política de seguridad ya estaba hecho: la imagen reforzó la percepción de que el Estado cede escenario a quienes controlan territorios y rentas ilegales.

Críticos del gobierno sostienen hoy que esa lógica se habría extendido—de facto—en la implementación de la paz urbana y en iniciativas legislativas de sometimiento, que perciben como beneficios penales desproporcionados para criminales sin motivación política. Estas lecturas alimentan la idea de un “Pacto de La Picota 2.0”, cuya sombra erosiona la legitimidad de la estrategia oficial.

Las cifras de masacres y homicidios de líderes, además, conviven con hechos de alto impacto como los atentados de Cali y el derribo del helicóptero de la Policía en Antioquia, la narrativa ciudadana vuelve a lo esencial: “nos están matando” no es solo una consigna; es la constatación de que la vida cotidiana sigue secuestrada por la amenaza.

En los últimos tres años, Colombia ha experimentado un alarmante recrudecimiento en el secuestro de miembros de la fuerza pública, con un dramático repunte en 2025 que eleva la situación a una grave crisis de seguridad. Desde 2022, más de 320 integrantes de la fuerza pública han sido privados de su libertad. Específicamente, en 2022 se reportaron 12 secuestros de uniformados, en 2023 fueron 9 militares y 6 policías, y en 2024 se sumaron 7 militares y 3 policías. Sin embargo, el primer trimestre de 2025 registró un aumento a 85 casos de «secuestro total» comparado con 69 en el mismo periodo de 2024, y hasta la fecha en 2025, se han contabilizado 60 militares y 30 policías secuestrados. Entre los incidentes más graves de 2025 se incluyen el secuestro de 57 militares en El Tambo, Cauca, por parte de la comunidad instrumentalizada por disidencias de las FARC, y el de 33 militares en El Retorno, Guaviare, a manos de disidencias de las FARC lideradas por alias Jimmy Parra o Jimmy Martínez. Además, 28 policías y un soldado fueron retenidos en El Plateado, Cauca, en marzo de 2025, y dos agentes de la DIJÍN fueron secuestrados por el ELN en Arauca en julio de 2025, sumándose a las 25 personas secuestradas en ese departamento en lo que va del año

Esta escalada de secuestros se vincula directamente con la actuación de grupos armados ilegales, principalmente disidencias de las FARC y el ELN, quienes instrumentalizan a las comunidades para rodear a las tropas, impedir procedimientos legales y retener a los uniformados

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció que las comunidades actúan bajo presiones de estos grupos. La situación se agrava por el fracaso de la política de «Paz Total» del gobierno, que, al apostar por ceses al fuego sin protocolos ni garantías, ha permitido el fortalecimiento de estos grupos y su expansión territorial. Esto ha llevado a una descentralización de la violencia y una reconfiguración de grupos ilegales que disputan el control territorial y social en regiones como Nariño, Cauca, Meta, Putumayo, Caquetá, Huila, Valle del Cauca y Guaviare.

La gravedad del tema se profundiza en las profundas afectaciones y la revictimización que sufren estos militares y policías. Tras su liberación, se enfrentan a «nuevos problemas y otras nuevas afectaciones», pasando de un secuestro a otro, sintiendo que «El Estado los abandona». Han sido «despreciadas, desconocidas y negadas por el Estado», y, en ocasiones, su sufrimiento es justificado como parte de su servicio, limitando la comprensión de los impactos vividos. A menudo, carecen de una «reparación real y suficiente», incluyendo servicios de salud limitados o inaccesibles, tratamientos psiquiátricos inconclusos y esquemas de medicamentos incompletos. Las familias también sufren, con problemas como drogadicción, alcoholismo e hijos que no reconocen a sus padres. Existe un llamado urgente a través de la Comisión de la Verdad para que el gobierno respete y haga cumplir sus derechos, y para que se garantice una restitución salarial por el tiempo de cautiverio, a fin de enmendar la indignación por el abandono.

Es hora de que el país mire de frente el costo humano que han tenido que pagar nuestros militares y policías y otorgue a ese sacrificio el valor moral y público que merece. No son cifras abstractas: son vidas ofrecidas en emboscadas, patrullajes, desminado, protección de carreteras y barrios, para que otros puedan vivir sin miedo. Exigimos que la conversación nacional reconozca esa pérdida con la misma intensidad con que reclama por cualquier víctima: honores, memoria, apoyo real a sus familias, justicia eficaz y condiciones dignas para quienes siguen en servicio. No se trata de suspender las críticas al Estado, sino de afirmar un principio simple y justo: la defensa de la vida es indivisible y quienes la arriesgan por todos no pueden quedar relegados al pie de página del debate público.

La promesa de la paz total nació con horizonte transformador. Hoy exige cirugía mayor: pasar del gesto al gobierno, de la foto en la plaza al control del territorio; de los anuncios a la reducción medible del riesgo para campesinos, indígenas, afros, comerciantes, estudiantes, soldados y policías. Hasta que eso ocurra, el país seguirá repitiendo un grito que no admite metáforas: “Nos están matando.”