Departamento
Presentan tutela por demora del decreto que convoque a elecciones en el Magdalena
Los accionantes solicitan que en un plazo máximo de 48 horas la Presidencia y el Ministerio del Interior fijen la fecha de los comicios atípicos en el Magdalena, alegando vulneración de sus derechos.
Por: Arnol Sarmiento
Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue radicada una acción de tutela contra la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, en la que se alega una “demora injustificada” en la expedición del decreto de convocatoria a elecciones atípicas para la Gobernación del Magdalena, tras la anulación del mandato de Rafael Martínez.
La acción judicial surge luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado declarara nula la elección de Martínez por incurrir en la causal de doble militancia. La sentencia, en firme desde el 30 de julio de 2025, dejó al departamento sin un gobernador electo popularmente, motivo por el cual fue designada Ingris Padilla como mandataria encargada.
Según los demandantes, han pasado casi dos meses desde que se oficializó la decisión del alto tribunal y, hasta la fecha, no existe un calendario electoral que permita a los ciudadanos del Magdalena acudir a las urnas para elegir un nuevo gobernador.
Las pretensiones de la tutela
En su escrito, los accionantes de la tutela, Camilo José David Hoyos, Luis Alberto Riascos Rojas y Rubén Ceballos Mendoza, como petición principal solicitan que el Tribunal ordene a la Presidencia y al Ministerio del Interior fijar una fecha para las elecciones en un plazo máximo de 48 horas, garantizando así la materialización de sus derechos políticos, además de que se adopten las medidas adicionales que el Tribunal considere necesarias para asegurar la efectividad de los derechos invocados.
Mientras tanto, la ausencia de un calendario electoral mantiene en vilo tanto a los actores políticos como a la ciudadanía. La administración departamental continúa bajo encargo, en espera de que el Gobierno Nacional dé cumplimiento a lo ordenado por la Constitución y la ley en materia electoral.
