El arte de irse a tiempo

Hay renuncias que revelan principios y otras que delatan cálculos. La del concejal samario—quien justificó su salida declarando que «ni siquiera estaba robando»—pertenece claramente a la segunda categoría. Su partida coincide con precisión milimétrica con el momento en que Santa Marta inicia la ejecución de los contratos más cuantiosos de la última década, una sincronía que invita a la reflexión sobre las verdaderas motivaciones detrás de las decisiones políticas.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

En política, retirarse también es una forma de actuar. Al abandonar su curul cuando el Distrito requiere máxima vigilancia sobre la contratación pública, el exconcejal no solo incumple su mandato electoral: facilita precisamente aquella discrecionalidad administrativa que, en teoría, debería combatir. Su ausencia del recinto equivale a un voto silencioso a favor de la falta de control, una paradoja que sus propios electores difícilmente podrían haber anticipado cuando depositaron su confianza en las urnas.

La frase con que justificó su decisión—»me voy porque ni siquiera estoy robando»—merece un análisis detenido. Más allá de su aparente candidez, revela una comprensión peculiar del ejercicio público: como si la ausencia de corrupción directa fuera suficiente para cumplir las expectativas ciudadanas. Esta lógica reduce el rol del cabildante a una mera función de resistencia pasiva ante las tentaciones, ignorando que la verdadera responsabilidad pública radica en el ejercicio activo de la fiscalización y el control político.

El contexto regional agrava significativamente la decisión. Las elecciones atípicas para la Gobernación del Magdalena presentan un panorama donde el caicedismoavanza con ventajas considerables y sin contrapesos institucionales sólidos. En este escenario de concentración política creciente, el Concejo Distrital—pese a sus limitaciones competenciales—constituía uno de los últimos reductos donde podía ejercerse una fiscalización relativamente independiente.

Desertar en estas circunstancias no representa coherencia ideológica sino capitulación estratégica ante las presiones del poder regional. La renuncia, sin embargo, no ocurre en el vacío. Sirve manifiestamente a una ambición política superior: la aspiración a ocupar la Gobernación del Magdalena. El movimiento no carece de cierta lógica electoral—abandonar un cargo de menor visibilidad para construir una plataforma hacia uno de mayor proyección, convertir la salida en un discurso de víctima del sistema—pero carece fundamentalmente de legitimidad democrática.

Los electores no otorgan mandatos representativos para que sean convertidos en trampolines hacia posiciones superiores, sino para que sean ejercidos con la responsabilidad que el cargo demanda.

Esta instrumentalización del mandato popular plantea interrogantes más profundos sobre la naturaleza de la representación democrática en el ámbito local. Cuando un funcionario electo abandona su posición no por diferencias irreconciliables con sus electores o por imposibilidad material de ejercer sus funciones, sino por cálculo político personal, se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y se refuerza la percepción de que los cargos públicos son patrimonio personal antes que responsabilidad colectiva.

La coincidencia temporal entre la renuncia y el inicio de la fase contractual más importante del Distrito en años tampoco puede ser ignorada. Santa Marta se apresta a ejecutar proyectos de infraestructura y saneamiento que comprometen recursos millonarios y que, por su magnitud, requieren escrutinio permanente. En este contexto, cada curul vacía en el Concejo representa no solo una voz menos en el debate público, sino también un mecanismo de control menos en el proceso de adjudicación y ejecución de obras estratégicas.

La ciudad necesita dirigentes dispuestos a permanecer cuando la responsabilidad se torna más exigente, no políticos que calibran sus salidas según las oportunidades electorales del momento. El verdadero liderazgo público se forja en la permanencia ante la adversidad, en la capacidad de sostener posiciones incómodas cuando el poder presiona, en la disposición a ejercer control efectivo sobre la gestión de recursos que pertenecen a todos los ciudadanos.

La honestidad pública no consiste en evitar las tentaciones por ausencia sino en resistirlas mediante presencia activa y vigilancia constante. Un concejal que opta por marcharse precisamente cuando los recursos públicos comienzan a moverse no demuestra integridad moral: demuestra conveniencia política. Y esa diferencia, aunque sutil, marca la distancia entre el servicio público auténtico y el oportunismo electoral disfrazado de principios.

¡Santa Marta merece mejor suerte que dirigentes que calculan sus salidas según sus ambiciones personales!