Cuatro municipios, una sola crisis: el vacío de autoridad en la vía

Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo y Sitionuevocomparten la jurisdicción, pero ninguno asume la coordinación. La delincuencia opera donde termina la frontera administrativa y empieza el desinterés. Es urgente un mando unificado que devuelva control al corredor y demuestre que el Caribe no está condenado a gobernarse por el miedo.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

En la vía que une a Santa Marta con Barranquilla, la inseguridad dejó de ser un hecho aislado para convertirse en rutina. Los asaltos a cualquier hora del día, los bloqueos improvisados y las extorsiones reiteradas configuran una realidad que los ciudadanos ya no enfrentan con sorpresa, sino con resignación. El miedo, que debería ser pasajero, terminó quedándose a vivir en la carretera.

Lo grave no es solo la frecuencia de los ataques, sino la manera en que las instituciones parecen haberse acostumbrado a ellos: mientras los viajeros cambian rutas y los empresarios modifican horarios, las autoridades se limitan a emitir comunicados. En esa pasividad, el delito encuentra espacio para reproducirse, así, lo que antes era un corredor logístico esencial para el Caribe colombiano hoy se asemeja a una franja de abandono, donde la ley llega siempre después.

El corredor atraviesa Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo y Sitionuevo, pero no pertenece realmente a ninguno. Cada municipio ejerce autoridad sobre un tramo, aunque ninguno asuma la responsabilidad integral. Esa dispersión de mandos ha creado un territorio sin coordinación efectiva, donde la delincuencia se mueve con fluidez y la autoridad tropieza con su propia burocracia. En consecuencia, el crimen actúa sin resistencia y el ciudadano se desplaza sin protección.

Aunque el concesionario Magdalena Sierra Mar cumple lo que le corresponde: mantiene la vía, atiende emergencias y opera sus equipos de rescate, la seguridad —entendida como derecho fundamental— no puede subcontratarse, en el entendido de que la obligación de proteger la vida pertenece al Estado, no al operador vial. Y cuando esa responsabilidad se diluye, el contrato más costoso resulta inútil, porque ningún mantenimiento reemplaza la presencia de autoridad.

Esa ausencia es aún más crítica cuando se recuerda que la Policía Metropolitana de Santa Marta tiene jurisdicción directa sobre los cuatro municipios del corredor. Se trata de la única institución con presencia formal en toda la franja vial, pero su acción ha sido, en el mejor de los casos, episódica. Ni la patrulla preventiva, ni la inteligencia criminal, ni los controles rutinarios han logrado contener la expansión del delito. La fuerza pública, que debería ser presencia disuasiva, ha terminado convertida en actor marginal, sin planeación, sin estrategia ni continuidad operativa.

A esto se suma el poco retorno de las contribuciones que ya existen. La sobretasa de seguridad, recaudada por el Estado a través de los peajes y asignada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), no se traduce en protección efectiva ni en inversión preventiva. No hay cámaras operativas en tiempo real, ni estaciones de reacción inmediata, ni infraestructura institucional financiada con esos recursos. Y aunque las cifras se acumulan, el Caribe no ve un peso regresar convertido en garantías.

Tampoco la sobretasa ambiental, a cargo de Corpamag, muestra evidencias de aplicación efectiva en la vía. Ni las zonas críticas de acumulación de residuos, ni los tramos sensibles por riesgo ecológico, ni la gestión de vertimientos en áreas ribereñas parecen recibir tratamiento diferenciado. La carretera está sola incluso frente a su deterioro ambiental, mientras los recursos se dispersan.

Así las cosas, el problema dejó de ser local. Cada robo o retención sobre el corredor tiene efectos que van más allá del susto o la pérdida material. Interrumpe la cadena logística entre los puertos del Caribe, afecta el turismo, encarece los alimentos y erosiona la reputación de la región como plataforma económica confiable. Lo que ocurre en esta vía es, en realidad, un espejo de la crisis estructural de seguridad que atraviesa el país: un Estado fragmentado, ausente en los territorios y débil para gobernar lo que promete proteger.

Aun así, lo más preocupante no es la violencia misma, sino la indiferencia institucional que la rodea. Los consejos de seguridad se multiplican sin resultados, los informes se archivan sin ejecución y los compromisos se diluyen en la siguiente emergencia. Culpar al concesionario se ha vuelto un atajo retórico para encubrir la ineficacia pública. Y mientras se improvisan soluciones, la confianza ciudadana se desangra a la misma velocidad que la paciencia colectiva.

No se acepta, por tanto, la búsqueda de rédito político en decisiones que no traen propuestas reales. Cada autoridad que hace de la inseguridad un escenario de protagonismo personal traiciona el principio de servicio público. Lo que el Caribe necesita no es más indignación, sino resultados verificables: patrullajes permanentes, coordinación intermunicipal, inteligencia territorial y justicia oportuna. La seguridad no se anuncia: se demuestra en el terreno.

El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transporte, la Gobernación del Magdalena y las alcaldías involucradas deben dejar de actuar como compartimentos aislados. Es indispensable un mando unificado para todo el corredor, con recursos visibles, metas concretas y presencia continua de las fuerzas del orden. De lo contrario, cada institución seguirá cumpliendo su parte sin que nadie cumpla el todo.

Porque lo que está en riesgo no es una carretera, sino la credibilidad del Estado. Cuando los ciudadanos viajan escoltados por el miedo, la ley se convierte en ficción. Y cuando el país permite que sus rutas vitales sean gobernadas por la violencia, deja de ser un Estado en sentido pleno, porque se transforma, degenera en un territorio en fuga.

De ahí que el llamado sea doble: a las autoridades locales, para que coordinen con responsabilidad; y al Gobierno Nacional, para que restablezca el principio de autoridad en los caminos del Caribe. Solo cuando la seguridad vuelva a ser un deber colectivo —y no una carga del concesionario—, podremos decir que Colombia empezó a reconstruir su presencia donde más la necesita: en sus propias rutas.