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Internacional

EE. UU. declara terrorista al Clan del Golfo: ¿qué implica para Colombia?

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La designación del Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) por parte del Gobierno de Estados Unidos marca un punto de quiebre en la forma como esta estructura armada será perseguida a nivel internacional, con efectos directos en Colombia, especialmente en los territorios donde mantiene control y presencia armada.

El anuncio fue hecho por el secretario de Estado Marco Rubio, quien informó a través de su cuenta oficial que el Departamento de Estado está clasificando al Clan del Golfo como una de las organizaciones criminales “más violentas y poderosas” del país. Según indicó, Estados Unidos utilizará todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiamiento y recursos a los narco-terroristas.

Qué significa la designación, según Norma Vera

La defensora de derechos humanos Norma Vera explicó que la figura de Organización Terrorista Extranjera (FTO) implica un cambio sustancial en el tratamiento jurídico del Clan del Golfo. Bajo esta clasificación, financiar, apoyar o colaborar con esta estructura se convierte en delito, y no solo para sus integrantes directos, sino también para terceros que faciliten su operación.

Además, esta designación habilita juicios por terrorismo, lo que amplía el marco penal más allá del narcotráfico, el concierto para delinquir u otros delitos comunes asociados a organizaciones criminales.

En paralelo, la clasificación como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) activa una persecución financiera de alcance internacional, que permite congelar bienes y cuentas vinculadas al grupo, obliga a bancos, empresas y actores financieros a romper cualquier relación económica, y fortalece la identificación y judicialización de testaferros y redes económicas que sostienen al Clan del Golfo.

Norma Vera advirtió que, aunque la decisión refuerza la persecución penal y financiera, no garantiza una reducción automática de la violencia en los territorios donde opera el Clan del Golfo.

Por el contrario, señaló que este tipo de medidas puede generar reacomodos armados localizados, fragmentación de estructuras y disputas internas o externas por el control de economías ilegales, lo que incrementa los riesgos para las comunidades, líderes sociales y poblaciones en contextos de alta vulnerabilidad.

Asimismo, la defensora subrayó que esta designación reduce significativamente los márgenes de negociación, sometimiento o diálogo, lo que complica los escenarios planteados por el Gobierno colombiano en el marco de su política de paz y deja un panorama más incierto en términos de salidas negociadas.

“La presión internacional se endurece, pero si no hay una presencia integral del Estado en los territorios, las comunidades terminan siendo las más afectadas”, advirtió.

Aunque la decisión de Estados Unidos apunta a asfixiar económicamente al Clan del Golfo, expertos coinciden en que el impacto real dependerá de la capacidad del Estado colombiano para prevenir nuevos ciclos de violencia, proteger a la población civil y evitar que los vacíos de poder sean ocupados por otras estructuras armadas.

La designación, más que una solución inmediata, abre un nuevo escenario de tensión y reconfiguración del conflicto criminal, cuyos efectos podrían sentirse con mayor fuerza en las regiones históricamente golpeadas por el accionar de este grupo.