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Auditoría fiscal revela presunto detrimento por más de $300 millones en Casa Magdalena
El informe de la Contraloría advierte un presunto detrimento patrimonial por más de $530 millones, vinculado al proyecto Casa Magdalena y a un contrato de ayuda alimentaria suscrito tras la declaratoria de calamidad pública por el fenómeno de El Niño, al identificar deficiencias que impiden establecer con claridad la ejecución, destinación y control de los recursos.
Por: Arnol Sarmiento
En las últimas horas, la Contraloría General del Magdalena, a través de la Oficina Auxiliar para el Control Fiscal, presentó el Informe Definitivo de Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados a la Gobernación del Magdalena, correspondiente a la vigencia 2024, período en el que la administración departamental estuvo a cargo del exgobernador Rafael Alejandro Martínez. El documento expone diagnósticos altamente preocupantes sobre el manejo de los recursos públicos del departamento.
De acuerdo con el informe, el órgano de control advirtió irregularidades de alto impacto, tras identificar 10 hallazgos con posible incidencia disciplinaria y 2 hallazgos fiscales, estos últimos asociados a un presunto detrimento patrimonial por $530.159.098 millones de pesos, una cifra que, según la Contraloría, compromete de manera significativa la credibilidad de la gestión financiera departamental durante el período auditado.
Los dos hallazgos fiscales corresponden, por un lado, al contrato de arriendo de un inmueble en la ciudad de Bogotá para la creación y funcionamiento institucional de Casa Magdalena, con un presunto detrimento por $302.022.000 millones de pesos; y, por otro, al Contrato de Suministro No. CD0318, suscrito en el marco del Decreto 068 del 26 de enero de 2024, mediante el cual la Gobernación del Magdalena declaró la situación de calamidad pública por las afectaciones del fenómeno de El Niño en varios municipios del departamento, con un presunto detrimento de $228.137.098 millones de pesos.
Presunto detrimento y pérdida de confianza fiscal
La Contraloría fue enfática al señalar que el alcance de los hallazgos fiscales resulta profundamente alarmante, al advertir que más de 500 millones de pesos del erario departamental quedaron bajo seria observación. En consecuencia, el ente de control decidió no respaldar ni validar la gestión de los recursos, al considerar que no existen condiciones suficientes para cerrar satisfactoriamente la revisión fiscal.
Según el informe, no se trata de “fallas menores o aisladas, sino de inconsistencias que afectan de forma directa la confiabilidad de los estados financieros y la transparencia en el uso del dinero público”, lo que llevó a la Contraloría a abstenerse de emitir una opinión financiera favorable sobre la vigencia evaluada.
Señalamientos a la administración de Rafael Alejandro Martínez
El documento ubica de manera explícita las irregularidades dentro de la administración departamental encabezada por el exgobernador Rafael Alejandro Martínez, quien figura como presunto responsable fiscal en su condición de representante legal de la Gobernación del Magdalena. Aunque el señalamiento no constituye una sanción automática ni una declaración de culpabilidad, sí representa un pronunciamiento institucional de alto peso político y administrativo, al vincular formalmente a la máxima autoridad del departamento con hallazgos que comprometen recursos públicos.
Casa Magdalena, en el centro de los cuestionamientos
Uno de los aspectos más sensibles del informe está relacionado con el proyecto Casa Magdalena, en el cual, según la Contraloría, se configura un presunto detrimento patrimonial por $302.022.000 millones de pesos. Este proyecto fue presentado en su momento como una apuesta estratégica para el departamento; sin embargo, la auditoría evidenció serias deficiencias en su gestión financiera y administrativa.
En el informe, el ente de control detalló que “la Gobernación del Magdalena contrató el arriendo de una casa ubicada en la ciudad de Bogotá para la creación y funcionamiento institucional de Casa Magdalena. Sin embargo, la entidad no aportó evidencias que den fe de que efectivamente se cumplieron los fines de la contratación, tales como el personal que desarrolló las actividades, los beneficios obtenidos por la comunidad magdalenense, ni las políticas públicas que supuestamente se desarrollarían en el marco del contrato, así como tampoco el fortalecimiento de alianzas regionales”, señaló la Contraloría.
Estas falencias, según el organismo de control, distorsionan la realidad económica del departamento y generan un escenario de alto riesgo fiscal, lo que incidió directamente en la decisión de no emitir una opinión financiera favorable.
Contrato de suministro por calamidad pública
El segundo hallazgo fiscal corresponde al Contrato de Suministro No. CD0318, suscrito tras la declaratoria de calamidad pública por el fenómeno de El Niño. En este caso, la Contraloría encontró un presunto detrimento patrimonial por $228.137.098 millones de pesos.
El informe advierte que, tras analizar la ejecución del contrato, “no se vislumbran actividades relacionadas que hayan dado origen a la necesidad de celebrar el contrato de suministro de ayuda alimentaria”. Además, señala que no se aportaron informes de supervisión, actas de entrega ni listados de personas afectadas y beneficiarias, pese a requerimientos formales realizados por el ente de control.
Por ello, la Contraloría concluyó que no existe evidencia de la entrega de ayuda alimentaria a la población afectada en los distintos municipios del Magdalena, lo que representa un uso inadecuado e ineficaz de los recursos públicos y evidencia debilidades graves en los mecanismos de seguimiento y supervisión contractual.
Hallazgos disciplinarios y afectación institucional
El informe también revela 10 hallazgos con posible incidencia disciplinaria, varios de ellos derivados de una actuación especial de fiscalización iniciada tras denuncias ciudadanas. En este proceso, la Contraloría llamó la atención de la Gobernación del Magdalena por el no giro oportuno de recursos a la Universidad del Magdalena y a la Asamblea Departamental.
Según el organismo de control, estas omisiones obedecen a la inaplicación de las fórmulas financieras legalmente establecidas para la transferencia de dichos recursos, lo que generó afectaciones directas a dos instituciones fundamentales para la educación superior y el funcionamiento democrático del departamento.
La falta de recursos comprometió el normal funcionamiento administrativo y operativo de la Asamblea Departamental, mientras que los incumplimientos con la Universidad del Magdalena pusieron en riesgo el desarrollo de actividades académicas, contratos y obligaciones financieras esenciales.
Lo que sigue
El alcance del informe trasciende lo técnico y adquiere una dimensión social y política de alta sensibilidad. En un departamento históricamente golpeado por cuestionamientos al manejo del erario, la identificación de un presunto detrimento patrimonial de esta magnitud refuerza la percepción de una gestión financiera frágil y con controles deficientes.
La Contraloría precisó que el informe no constituye una sentencia judicial, pero sí un pronunciamiento oficial de máxima gravedad institucional, que abre la puerta a eventuales procesos de responsabilidad fiscal y disciplinaria.
A partir de este documento, se inicia una etapa decisiva. Las autoridades competentes deberán establecer si los hallazgos fiscales derivan en sanciones, reintegros o responsabilidades individuales, y si los hallazgos disciplinarios se traducen en investigaciones formales contra los funcionarios responsables.
