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Santa Marta y el ciclo de una violencia incontrolable
En cuatro años, las cifras acumuladas superan las 770 víctimas, lo que confirma que la violencia no responde a un fenómeno coyuntural, sino a una dinámica sostenida en el tiempo. La ciudad continúa sometida al accionar de estructuras armadas ilegales.
Por: Arnol Sarmiento
La violencia en Santa Marta dejó de ser coyuntural para convertirse en una constante devastadora. En una ciudad de poco más de 566 mil habitantes, donde cada año se registran entre 180 y 200 homicidios, la muerte se ha instalado como una estadística recurrente y alarmante. Las cifras no solo evidencian una crisis de seguridad sostenida, sino el fracaso estructural de las políticas implementadas para contenerla.
De acuerdo con datos de la Plataforma de Derechos Humanos PDHAL, con base en registros de Medicina Legal, durante los últimos 24 meses —bajo la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello— han sido asesinadas 386 personas en Santa Marta: 206 en 2024 y 180 en 2025. Aunque existe una leve reducción, esta resulta marginal frente a la magnitud del problema. La violencia sigue intacta y la percepción de inseguridad continúa siendo crítica.
El panorama tampoco fue distinto en el periodo anterior. Entre 2022 y 2023, durante la administración de la exalcaldesa Virna Johnson, se registraron 403 homicidios. Es decir, la criminalidad incluso fue superior, lo que confirma que la actual crisis no es un fenómeno reciente ni atribuible a un solo gobierno, sino una problemática estructural que se arrastra desde hace varios años.
La situación se agrava cuando se analiza la violencia contra las mujeres. En los últimos dos años fueron asesinadas 23 mujeres en la ciudad —13 en 2024 y 10 en 2025—, mientras que entre 2022 y 2023 la cifra ascendió a 27 víctimas. La persistencia de estos crímenes demuestra que las estrategias de prevención y protección han sido insuficientes, dejando en evidencia una deuda histórica con la seguridad y la vida de las mujeres samarias.
Si se compara la tasa de homicidios con el número de habitantes, Santa Marta registra 34,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior al promedio nacional, que ronda los 25 por cada 100.000. Aunque está por debajo de municipios vecinos como Zona Bananera (122,3), Ciénaga (76,1) y Fundación (66,7), el indicador sigue siendo alarmante para una capital departamental que depende en gran medida del turismo y la inversión.
Las cifras consolidan una realidad cruda: la violencia en Santa Marta no disminuye de manera sustancial, solo fluctúa. La presencia y disputa de actores armados ilegales, sumada a debilidades en la articulación institucional y en las políticas de seguridad, han permitido que la ciudad permanezca bajo un esquema de control territorial informal donde el miedo sigue marcando el ritmo de la cotidianidad.
El balance de los últimos cuatro años no deja espacio para triunfalismos. Más de 770 personas asesinadas en dos administraciones confirman que la ciudad atraviesa una crisis profunda que requiere algo más que anuncios y operativos aislados. Mientras no exista una intervención integral y coordinada entre el Gobierno nacional, el Distrito y las autoridades judiciales, Santa Marta seguirá atrapada en un ciclo de violencia que, lejos de romperse, parece haberse normalizado.
