Catastro: del acuerdo de paz al bolsillo del ciudadano

Por: Alexandra Martínez, Rosiris Castillo y José Antolinez

El Catastro Multipropósito, concebido como una herramienta estructural para ordenar la tierra y cerrar brechas históricas en Colombia, terminó convertido en el epicentro de una de las mayores tensiones políticas del momento. Lo que nació en el papel como parte del Acuerdo de La Habana —negociado entre 2012 y 2016 y firmado oficialmente en noviembre de 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos con la entonces guerrilla de las FARC-EP— hoy se traduce en protestas, advertencias presidenciales y un choque directo entre la Nación y los territorios.

En las últimas horas, el país vivió una escalada crítica que obligó a instalar mesas de concertación hasta altas horas de la noche. El paro nacional impulsado por el impacto del impuesto predial fue levantado tras un acuerdo entre comunidades, autoridades locales y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en el que el Gobierno Nacional asumió compromisos para revisar avalúos y avanzar en ajustes técnicos. Sin embargo, el trasfondo del conflicto sigue intacto.

El origen del Catastro Multipropósito no está en una decisión reciente. Su base se encuentra en el punto uno del Acuerdo de Paz de 2016, que estableció la necesidad de una Reforma Rural Integral para formalizar la propiedad, ordenar el territorio y reducir la desigualdad en el campo.

Bajo ese marco, el catastro dejó de ser un simple inventario fiscal para convertirse en un sistema integral con tres pilares: información física (ubicación y características del predio), jurídica (propiedad y tenencia) y económica (valor actualizado del inmueble). La apuesta era clara: sin datos reales sobre la tierra, no hay política pública efectiva.

Pero esa transformación, necesaria en lo técnico, ha tenido un impacto directo en la vida cotidiana. La actualización de avalúos —en muchos casos congelados por décadas— disparó el valor de los predios y, con ello, el impuesto predial.

En varios territorios del país, los incrementos han sido abruptos. Ciudadanos denuncian cobros que duplican, triplican e incluso superan en miles por ciento lo que pagaban anteriormente. El resultado: protestas, bloqueos y una creciente desconfianza frente al proceso.

La disputa: Nación vs. territorios

En el centro del debate está el presidente Gustavo Petro, quien ha defendido la política catastral como parte de los compromisos del acuerdo de paz y bajo el argumento de una mayor equidad fiscal. Sin embargo, su postura ha abierto una grieta institucional que enfrenta al Gobierno Nacional con las autoridades locales.

El mandatario sostiene que, en el marco de la Ley 1955 de 2019, la Ley 2294 de 2023 y la Resolución 2057 de 2025, la Nación únicamente define el avalúo catastral, mientras que alcaldes y concejos municipales determinan las tarifas del impuesto predial. En la práctica, esta interpretación ha sido cuestionada por trasladar la carga política a los territorios, pese a que el incremento en la base gravable es impulsado desde el nivel central a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

La tensión escaló tras advertencias directas del jefe de Estado, quien señaló que los mandatarios locales que no promuevan ajustes podrían enfrentar investigaciones e incluso ser removidos. Estas declaraciones han sido leídas como una presión sobre la autonomía territorial.

El contraste resulta inevitable. En 2013, cuando era alcalde de Bogotá, Gustavo Petro acudió al sistema interamericano tras su destitución, defendiendo que solo un juez penal podía apartar del cargo a un funcionario elegido por voto popular. Hoy, en medio de la crisis del predial, sus advertencias sobre posibles sanciones a alcaldes reabren el debate sobre los límites del poder presidencial.

El impacto ya se siente en los territorios. En varias regiones, ciudadanos —incluidos pequeños propietarios— han denunciado incrementos desproporcionados en el impuesto predial, derivados de la actualización catastral. En algunos casos, los aumentos han alcanzado cifras de hasta el 4.000% y 9.000%, generando protestas y exigencias de derogatoria de la Resolución 2057 de 2025.

En Santander, uno de los focos de la crisis, las movilizaciones obligaron a una mesa de concertación entre comunidades, autoridades locales y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Tras horas de negociación, se logró un acuerdo que permitió levantar el paro, con el compromiso de revisar los avalúos en los territorios más afectados. El ministro Armando Benedetti señaló que el objetivo es ajustar los valores catastrales y mantener el diálogo con las comunidades.

El resultado es un escenario de alta tensión institucional, donde la autonomía territorial, la política fiscal y el impacto social del predial se cruzan en una disputa que sigue escalando y que, por ahora, deja más preguntas que respuestas.

El caso del Magdalena: la realidad en terreno

En regiones como el Magdalena, el catastro dejó de ser una discusión técnica. Se convirtió en una realidad tangible.

Durante la administración de Virna Johnson se dieron los primeros pasos hacia la modernización del sistema. Hoy, bajo el gobierno de Carlos Pinedo Cuello, la actualización se ejecuta en campo y se refleja en los recibos que llegan a los hogares.

Sectores como Gaira, Pozos Colorados, La Paz y Ciudad Equidad ya sienten el impacto. El Distrito, habilitado como gestor catastral, ha intervenido miles de predios, revelando una realidad marcada por la informalidad: linderos imprecisos, construcciones no registradas y propiedades sin respaldo jurídico.

El secretario de Hacienda, Gonzalo Gutiérrez, ha reconocido que el proceso generó más de 11.000 reclamaciones, aunque asegura que el rezago se ha reducido a unos pocos cientos. Aun así, persisten inconformidades por avalúos, metrajes y cobros.

En el campo, el panorama es más complejo. Mientras el catastro abre la puerta a la formalización y al acceso a crédito, también expone a campesinos a una carga tributaria que no siempre pueden asumir.

Más recaudo, más preguntas a nivel nacional

El modelo también tiene un impacto directo en las finanzas públicas. El aumento en el avalúo amplía la base del impuesto predial, fortaleciendo los ingresos municipales y su capacidad de inversión.

Pero ese mayor recaudo llega en medio de cuestionamientos. Informes de la Contraloría han advertido fallas en la planeación y ejecución de recursos en vigencias recientes, lo que pone en duda la capacidad de transformar esos ingresos en soluciones concretas para la ciudadanía.

La pregunta es inevitable: ¿más dinero garantiza mejor gestión?

Un conflicto abierto

El levantamiento del paro no cierra la crisis. Apenas la contiene.

El Catastro Multipropósito sigue siendo una herramienta clave para el país. Permite formalizar la tierra, reducir conflictos y planificar el desarrollo. Pero su implementación ha evidenciado una desconexión entre la lógica técnica y la realidad social.

En el fondo, el conflicto revela algo más profundo: una disputa por el poder, la responsabilidad y el control del territorio.

Mientras el Gobierno Nacional defiende el catastro como un instrumento de justicia social y cumplimiento de la paz, los territorios enfrentan la presión ciudadana, el desgaste político y ahora, además, un pulso directo con la Presidencia.

El ciudadano en el medio

En medio de la disputa, hay un actor que no tiene margen de maniobra: el ciudadano.

El catastro promete ordenar la tierra, pero también está reordenando la relación entre el Estado y la gente. Y mientras el país discute responsabilidades, cifras y competencias, el impacto ya es real: el recibo llegó, el valor subió y la incertidumbre crece.

La pregunta ya no es qué es el catastro. La pregunta es quién asume el costo político y social de aplicarlo.

Pregunta capciosa: ¿Si el nuevo catastro se ajusta en un 100%, 200%, 300% o 1000% esto genera ganancia ocasional?